Los números del programa de reparación histórica

Cuántos lo cobran y en qué estado está el plan

Por el plan de reparación histórica de la ley 27.260, algo más de 1,35 millones de jubilados y pensionados de la Anses recibieron una mejora en sus haberes. En ese total y según los datos del organismo, están contados quienes tienen ahora dado de baja el aumento (hay más de 204.000 casos). Esas bajas afectan a personas que fueron incluidas en un mecanismo de pago anticipado (no se les pidió hacer trámites previos) y que, al no haber expresado su aceptación al 31 de agosto pasado, con el cobro de los haberes de octubre se les dejó de liquidar (salvo excepciones) el monto del plan. El plus puede ser repuesto –si se decidió avalar el plan y no ir a juicio–, pero antes se debe cumplir con los trámites de aceptación y firma del acuerdo y se debe conseguir la homologación judicial prevista por ley. Hay 60.000 jubilados que están haciendo esas gestiones.

A poco de cumplirse tres años del plan, la Anses informó que hubo 1.474.284 propuestas de pago hechas y que 1.064.485 fueron aceptadas.

Este último número incluye trámites aún sin terminar (hay quienes aceptaron y todavía no cobran). Tras expresar su aval, el jubilado debe firmar un acuerdo con la Anses, que es enviado al Poder Judicial para su homologación. Hasta diciembre, los jueces recibieron 745.559 expedientes, según datos de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que revelan que solo 41.315 casos son de personas que tenían un juicio, al que renunciaron.

Mientras que hacia fines de 2018 se habían homologado algo más de 633.000 acuerdos, muchos trámites están ahora demorados, porque desde el Poder Judicial se devolvieron a la Anses más de 44.000 expedientes por errores formales, como la falta de datos. Otras decenas de miles de acuerdos esperan para ser remitidos a sede judicial. Según fuentes del organismo previsional, se están atendiendo las objeciones y reenviando los casos.

Alejo Maxit, secretario general de la Anses, explicó que el pago de las obligaciones que genera el plan de reparación histórica se está afrontando, de acuerdo con lo dispuesto por ley, con fondos provenientes del impuesto especial que pagaron quienes adhirieron al blanqueo fiscal. Este año el organismo recibió, para este fin, cerca de $100.000 millones. “Eso alcanza para 2019 y para principios de 2020, por lo que no será necesario recurrir al Fondo de Garantía de Sustentabilidad”, apuntó el funcionario. La ley prevé que, una vez agotados los recursos del blanqueo como fuente de financiamiento, se recurra al fondo previsional, que está integrado en su mayor parte con los saldos que tenían en sus cuentas los afiliados al sistema de capitalización, eliminado en 2008. En primer lugar, según lo establecido normativamente, se prevé recurrir a las utilidades logradas por las inversiones del fondo, y luego, a lo producido por la venta de activos.

La reparación histórica es un plan por el cual el Estado reconoce que, en los últimos años, se les pagó a muchos jubilados menos de lo que correspondía (según lo ya expresado por la Corte Suprema). A partir de ese reconocimiento se hizo un recálculo de haberes, usando índices de actualización diferentes a los que se dispone utilizar cuando se gana un juicio. Los principales fallos del tribunal supremo cuyos criterios fueron atendidos por el plan son:

*Badaro: se declaró que entre 2002 y 2006 los haberes debieron haber subido no menos que la evolución que tuvo un índice salarial (88%).

*Elliff: se ordenó actualizar el valor de los 120 últimos salarios de quien se jubila; el promedio de esos datos integra la fórmula del haber inicial.