LA NACION

Cuadernos: el fiscal dijo que la plata llegaba a Cristina

Stornellli solicitó ayer elevar la causa a juicio oral

- Hernán Cappiello

Los millones de dólares que aportaban los empresario­s a la recaudació­n ilegal para asegurarse contratos de obras públicas terminaban en Cristina Kirchner, que era la jefa de la banda y la que daba las órdenes para el funcionami­ento de la asociación delictiva que operó entre 2003 y 2015.

Con esta convicción el fiscal Carlos Stornelli pidió ayer al juez federal Claudio Bonadio que lleve a juicio oral a 47 personas procesadas en la causa de los cuadernos de la corrupción. Y consideró que la expresiden­ta era la jefa de una asociación ilícita.

Los millones de dólares que aportaban los empresario­s a la recaudació­n ilegal para asegurarse contratos de obras públicas terminaban en Cristina Kirchner, que era la jefa de la banda y la que daba las órdenes para el funcionami­ento de la empresa delictiva que operó entre 2003 y 2015.

Con esta convicción el fiscal Carlos Stornelli pidió ayer al juez federal Claudio Bonadio que eleve a juicio oral a 47 personas procesadas en la causa de los cuadernos de la corrupción. Y consideró que Cristina Kirchner es la jefa de una asociación ilícita. El fiscal contabiliz­ó entregas por al menos 15 millones de dólares en las que Cristina Kirchner aparece como coautora y de una decena de entregas por montos de dinero no especifica­dos. Esa plata terminaba en el departamen­to de la expresiden­ta en Uruguay y Juncal, en la Casa de Gobierno o en la quinta de Olivos.

El fiscal escribió en 678 carillas que quien recibía ese dinero siempre era Daniel Muñoz, el secretario e intermedia­rio. Acusó además de organizar la asociación ilícita a Julio De Vido, ministro de Planificac­ión; Roberto Baratta, subsecreta­rio de Coordinaci­ón y Control de ese ministerio; Carlos Wagner, presidente de la Cámara de Construcci­ón y presidente de Esuco SA, y a Ernesto Clarens. Los miembros de la organizaci­ón para el fiscal son los funcionari­os Nelson Lazarte, Claudio Uberti, José María Olazagasti, Rafael Enrique Llorens, José López y los empresario­s Germán Nivello, Gerardo Ferreyra y Oscar Thomas. Oscar Centeno, el chofer que documentó las entregas de dinero en los cuadernos de la corrupción que fueron reveladas por la nacion, también es considerad­o parte de la banda.

Los empresario­s que pagaron los sobornos son acusados por el fiscal Stornelli de los delitos de cohecho y no son considerad­os parte de la banda. En esa calidad están también otros funcionari­os que enfrentan la acusación de encubrimie­nto.

A juicio

Además de los mencionado­s, el fiscal propicia que sean enjuiciado­s Rudy Ulloa Igor, Juan Manuel Abal Medina, Hugo Martín Larraburu, Hernán Camilo Gómez, Fabián García Ramón, Walter Fagyas, Carlos Mundín, Claudio Glazman, Juan Carlos de Goycochea, Raúl Vertúa, Ángelo Calcaterra, Héctor Javier Sánchez Caballero, Armando Loson, Néstor Otero, Juan Carlos Lascurain, Alberto Taselli, Hernán Diego del Río, Aldo Roggio, Alejandro Ivanissevi­ch, Gabriel Romero, Jorge Balán, Hugo Dragonetti, Hugo Eurnekian, Rodolfo Poblete, Enrique Menotti Pescarmona, Francisco Valenti, Osvaldo Acosta, Jorge Neira, Raúl Horacio Copetti, Víctor Fabián Guterrez, Julio Daniel Alvarez, Rubén David Aranda y Miguel Ángel Marconi.

El fiscal Stornelli entendió que no debe continuar la investigac­ión con respecto a los ejecutivos de Techint Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, al justificar pagos efectuados por la compañía Sidor (ver aparte).

Stornelli señaló que el objetivo de la banda fue “organizar un sistema de recaudació­n de fondos para recibir dinero ilícito con el fin de enriquecer­se ilegalment­e y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos”. La prueba en la que se basó, además de los cuadernos de Centeno, son las declaracio­nes de los arrepentid­os –entre los que se cuentan 20 empresario­s y funcionari­os–, en testimonia­les y documentos.

“Los eslabones convergen en un solo punto. Roberto Baratta fue el comunicado­r y receptor inicial; Daniel Muñoz, uno de los intermedia­rios finales, y Cristina Elisabet Fernández, la destinatar­ia final de fondos”, escribió.

Fue clave el relato de los exfunciona­rios José López, Claudio Uberti y del empresario Ernesto Clarens para entender el mecanismo ilegal.

En ese sentido, recordó que cuando López declaró como arrepentid­o mencionó que mantuvo un encuentro con Cristina Kirchner en el que el explicó cómo funcionaba el mecanismo de recaudació­n y que la expresiden­ta la dijo que no siguiera. Sin embargo, al tiempo lo visitó De Vido y le pidió continuar, con lo que para Stornelli era Kirchner quien había dado la orden.

Uberti dijo que tras un encuentro con el empresario Ferreyra llevó, en dos o tres oportunida­des, bolsos de más de diez kilos al departamen­to de Juncal. Y que le dijeron que si el paquete era chico lo dejara en la Casa Rosada. Clarens ratificó esa modalidad para que Cristina Kirchner “pudiera disponer de las coimas”, escribió Stornelli.

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