Pablo Antolín. “Es regresiva la idea de fijar en un promedio la edad jubilatoria”

El especialista de la OCDE propone usar parámetros según el nivel socioeconómico o solo fijar años de aportes necesarios para el retiro

Si bien de eso no se habla en tiempos de campaña electoral, cuando los candidatos suelen evitar cualquier referencia a posibles costos futuros a enfrentar, se sabe que la Argentina necesitará acometer reformas que tiendan a asegurar el equilibrio fiscal y reduzcan su dependencia del financiamiento externo. Una de ellas está vinculada con la sustentabilidad del sistema previsional, tema que debió comenzar a ser analizado desde este año por una comisión que la ley denominada de “reparación histórica” obligaba al Gobierno a convocar. En paralelo, se avanzó con la actualización de los montos deducibles del impuesto a las ganancias a quienes contraten seguros de retiro y de vida. Mientras tanto, se sabe que el equipo económico está elaborando un proyecto de reforma para presentarle al presidente Mauricio Macri y encarar su tratamiento después de las elecciones.

En este marco, la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión trajo al país al economista español Pablo Antolín, jefe de la Unidad de Pensiones y director de Asuntos Financieros de la OCDE, quien apoyó los pasos que la Argentina comenzó a dar para complementar su sistema de reparto con otro de capitalización, pero que debería ser de adhesión voluntaria para no cometer los errores del pasado. Además, rechazó la idea de subir la edad jubilatoria de acuerdo con la expectativa de vida, debido a que ese parámetro “es distinto para distintos niveles socioeconómicos”. Y afirmó: “La idea de ligar la edad de jubilación a la expectativa media de vida se demuestra regresiva”.

–La Argentina tiene bajo desarrollo en seguros y en sistemas de jubilación complementarios. ¿Cree que le sería útil avanzar en la materia?

–En la OCDE evaluamos una reforma previsional en concordancia con lo que definimos como mejores prácticas internacionales, y definimos como tales aquellas que apunten a diversificar las fuentes para financiar el pago de las prestaciones.

–Eso se traduce como...

–Que hay que complementar el sistema de reparto con uno de capitalización. Insisto, que lo complemente. Esto quiere decir que no sea obligatorio, si no de aportes voluntarios. –Aquí el sistema de AFJP dejó un sabor amargo. Más allá de su estatización, cuando funcionó tuvo costos altos y en algunos casos hasta abusivos.

–No me sorprende, porque el sistema de capitalización privada por el que optaron no solo era obligatorio, sino que se financiaba con las contribuciones que, hasta entonces, iban al sistema de reparto. Las experiencias de este tipo mostraron que cuando se trasladan contribuciones del sistema de reparto al de capitalización no se soluciona nada. Por el contrario, crea problemas. Porque la clave de un sistema de reparto es que las jubilaciones de hoy se pagan con las contribuciones de hoy. Por lo tanto, si se llevan las contribuciones al sistema de capitalización queda desfinanciado el sistema de reparto, que debe hacer frente a sus obligaciones con déficit o con deuda.

–¿Entonces?

–Que en este caso ese riesgo no existe porque el sistema de capitalización que auspiciamos solo es complementario: no se paga con contribuciones al sistema de reparto ni lo sustituye, por lo que no crea déficit público. Y no tiene aportes obligatorios, sino optativos.

–¿Con eso alcanza?

–No. También hay que definir reglas que ayuden a evitar abusos y apunten a establecer mecanismos para que los fondos de pensiones, que ofrecen un servicio, no cobren por él más de su valor real. Hay mecanismos para alinear lo que cobran con el costo real del servicio que brindan.

–¿Cuáles son las recomendaciones básicas en ese sentido?

–La primera es vedar la posibilidad de que se desvíen aportes del sistema de reparto a los de capitalización complementario. Eso anula malas prácticas que fueron muy comunes. Luego, hay que exigirles a las compañías información transparente sobre sus costos, de manera sencilla y homogénea, y se pueden establecer topes de costo para la estrategia de inversión por defecto o propiciar la creación de fondos públicos (funcionan bien en Suecia, Dinamarca o Canadá) que fijen valores testigo para el mercado. Claro que tienen que jugar con iguales reglas que los fondos privados y estar fuera del control político.

–¿Y las vinculadas con la macroeconomía?

–La viabilidad de cualquier sistema jubilatorio o de pensiones depende, en definitiva, de que funcione bien el mercado de trabajo. Por eso, si yo estoy en el diseño de un nuevo sistema previsional, lo que debo buscar es que el sistema que diseñe no agrave los problemas que ya vienen del mercado de trabajo.

–¿Hay una edad ideal para comenzar a pensar en un sistema complementario de jubilación?

–No. Pero cuanto antes empieces a ahorrar o a aportar para la jubilación será mejor, sencillamente porque menos tendrás que ahorrar anualmente para alcanzar el mismo monto de haber. –Habitualmente, cuando se habla de reforma previsional y financiamiento del sistema suele aparecer la receta de subir la edad jubilatoria.

–Es lo usual, casi una rémora vinculada con la idea de que si aumenta la expectativa de vida, también debe aumentar la edad para acceder a la jubilación. Pero esa bandera, que alguna vez también se sostuvo desde la OCDE, está en revisión.

–¿Qué tipo de revisión?

–En los últimos cinco o seis años hemos hecho estudios que ponen en tela de juicio esa idea, porque demuestran que la esperanza de vida es distinta para distintos niveles socioeconómicos. Una persona de nivel educativo bajo o de bajos ingresos suele tener una expectativa de vida menor que una de altos estudios y renta elevada y, además, suele haber ingresado al mercado de trabajo y haber comenzado a aportar al sistema más temprano. Si subo la edad de manera general, estas desigualdades que ya existen suelen incrementarse, por lo que la idea de ligar la edad de jubilación a la expectativa media de vida se demuestra regresiva.

–¿Entonces?

–Por el momento no hay soluciones fáciles. Una podría usar tablas de mortalidad para distintos grupos sociales, o liberar la edad de jubilación, o solo fijar los años de aportes necesarios para reconocer derecho a una pensión.