Nueva polémica en Francia
Contra la voluntad de sus padres, la Corte había autorizado la suspensión de la alimentación y la hidratación; presentaron una denuncia penal contra el hospital de Reims
Murió Vincent Lambert, símbolo del debate sobre la muerte digna.
PARÍS.– El francés Vincent Lambert, que había quedado tetrapléjico tras un accidente de tránsito y estaba en estado vegetativo desde hacía 11 años, falleció ayer en un hospital de Reims en medio de una disputa que fracturó a su familia y desencadenó una auténtica polémica nacional por las implicaciones éticas y religiosas del caso.
A lo largo de desgarradores procesos judiciales, acusaciones, debates médicos e incluso manifestaciones públicas, el caso Lambert se había transformado en símbolo de dos concepciones sobre el final de la vida: sus padres –fervientes practicantes católicos– se batieron hasta el último minuto para mantener el tratamiento que le impedía morir, mientras que su esposa y tutora legal, contraria al ensañamiento terapéutico, reclamaba una “muerte digna”.
En 2011, los médicos descartaron toda posibilidad de mejora. Tres años después, los especialistas lo declararon en “estado vegetativo” y estimaron que la situación era “irreversible”. La ausencia de testamento sobre su voluntad atizó las llamas del debate judicial y el odio entre las dos ramas de la familia.
El desenlace se produjo después de un pronunciamiento de la más alta instancia jurídica francesa, que autorizó al equipo médico del hospital de Reims a retirarle la alimentación e hidratación artificiales. Ese proceso fue activado el 2 de julio y el lunes pasado los padres de Lambert, Viviane y Pierre, anunciaron que no iban a presentar nuevos recursos.
El joven fue acompañado en sus últimas horas de vida por su sobrino François, que describió esos instantes como un auténtico calvario: “Entre 12 y 15 veces lo escuché sofocarse y debatirse para respirar. Pude ver también cómo sufría. ¡Fue horrible!”, afirmó cuando salió a las puertas del hospital para comunicar que su tío Vincent había muerto a las 8.24 de la mañana de ayer.
El abandono de la asistencia terapéutica generó una tormenta emocional en Francia, que tolera la llamada “muerte asistida” –a través de la ley Claeys-Leonetti de 2016 sobre el “final de la vida”–, pero penaliza la práctica de la eutanasia.
“Una agonía de nueve días es insoportable, tanto para el paciente como para la familia”, comentó Valérie Depadt, jurista especializada en ética médica.
Para algunos sectores, este episodio debe ayudar a reactivar el debate sobre la cuestión.
Pero, aunque nadie lo dice explícitamente, los sectores políticos no parecen demasiado dispuestos a reabrir ese debate y mucho menos a introducir la posibilidad de la eutanasia en la panoplia de las terapias paliativas para casos desesperados.
El caso Lambert mostró que el tema puede ser también pretexto para especular con las sensibilidades religiosas de la opinión pública. En este caso, en plena campaña para las elecciones europeas, la líder de extrema derecha, Marine Le Pen, y el candidato del partido conservador Los Republicanos, François-Xavier Bellamy, se alinearon con la posición de los padres, que reclamaban respetar el derecho a la vida de su hijo.
La Iglesia Católica, hostil a toda abreviación del ciclo natural de la vida, consideraba oficialmente que el paciente se encontraba en estado de “conciencia alterada”. El día que empezó a aplicarse el protocolo para retirarle la asistencia terapéutica, el papa Francisco –sin mencionar a Lambert– reiteró la necesidad de “proteger siempre la vida, don de Dios, desde el principio hasta el final natural” y apeló a “no ceder a la cultura del residuo”.
El desenlace ocurrido ayer, sin embargo, no puso punto final al caso. El abogado Jean Paillot, representante de los padres, anunció que la familia hará lo necesario para que “los responsables de la muerte de Vincent Lambert rindan cuentas”. Concretamente, la familia presentó una denuncia ante la Fiscalía de Reims contra el doctor Vincent Sánchez y su equipo de cuidados paliativos por “homicidio voluntario” perpetrado en forma colectiva.
El fiscal decidió entonces abrir una investigación para determinar las causas de la muerte. Ese procedimiento incluirá una autopsia y análisis toxicológicos para verificar qué productos se utilizaron en el proceso final de acompañamiento y comprobar si los médicos actuaron conforme a la ley.