Jimena Hernández. Abusada y muerta en el natatorio de su colegio
El 12 de julio de 1988, el cuerpo de la chica, de 11 años, apareció en el fondo de una pileta, en Caballito. El primer juez del caso pensó que se había ahogado, quizás al tener un síncope. Pero otro peritaje reveló que la habían asfixiado y su malla tenía
Hace exactamente 31 años, el cuerpo sin vida de Jimena Hernández fue hallado en el fondo de la pileta del natatorio del colegio de la Santa Unión de los Sagrados Corazones, de Caballito. Aquel 12 de julio de 1988 hubo allí una competencia intercolegial, y la versión oficial de la institución –y también de la Justicia, en un principio– fue que la niña, que tenía 11 años y era alumna del establecimiento, se había ahogado en el transcurso del torneo.
Pero Norma y Jorge, sus padres, nunca creyeron esa versión. Entre familiares y participantes de la competencia había en el lugar unas 50 personas. Difícil que nadie la hubiera visto ahogarse. Además, ella era una excelente nadadora. Con el tiempo, y gracias al coraje en la búsqueda de justicia de la pareja, se supo la horrorosa verdad: Jimena había sido abusada, asesinada y arrojada ya sin vida a la piscina.
El caso pasó por cuatro jueces y se cerró con la paradoja de que el único detenido, acusado de calumnias e injurias, fue el padre de Jimena. Del culpable del crimen, ni noticias. Por falta de pruebas, los sospechosos que hubo ni siquiera fueron procesados. Van 31 años de impunidad.
La competencia en el natatorio comenzó antes de las 16. Una hora después, Norma Monfardini fue a buscar a su hija al colegio, católico y solo para niñas, situado en Seguí al 900. No aparecía. Nadie, ni sus compañeras de 6º grado ni sus docentes, sabía dónde estaba.
A las 18, Norma llamó por teléfono a Jorge Hernández a su oficina. Los padres de la niña estaban separados, pero la desesperación los unió con esa llamada. “Vení urgente porque a Jimena no la encuentran”, le dijo. En medio de esa comunicación, un chico descubrió un cuerpo en el fondo de la piscina. La noticia llegó rápido al lugar donde Norma estaba al teléfono. “¡La encontraron muerta!”, le gritó a su exmarido, que quedó devastado al otro lado de la línea.
Desde el principio los padres de Jimena sospecharon lo peor. Pero los primeros movimientos de la Justicia parecían acompañar el planteo férreo de las autoridades del colegio: que la niña había muerto de forma accidental.
El juez Luis Cevasco –hoy, a cargo de la Fiscalía General de la Ciudad– fue el primero en tomar el caso. En su informe sobre la causa de la muerte el magistrado indicaba que el fallecimiento se produjo por edema agudo de pulmón provocado por “asfixia por sumersión”. Inicialmente, descartaba “la acción violenta de terceros” en el hecho. La niña se había ahogado en la pileta.
En esos primeros días circuló en algunos medios la versión de que la chica, a sus 11 años, había tenido relaciones sexuales previas. “Ella ni sabía lo que era el sexo”, señaló a Lucas Hernández, la nacion hermano de Jimena, que entonces tenía 5 años. Hoy, con 36, es abogado y conoce pormenorizadamente el caso.
Sus padres también denunciaban “un pacto de silencio” en el colegio para ocultar la verdad. En respuesta, el Santa Unión, que luego pasaría a llamarse Monseñor Dillon, emitió un comunicado en el que negaba “terminantemente tener conocimiento de algún delito ocurrido en el colegio, así como haber ocultado hechos o encubierto a persona alguna”.
“Era otra época. Yo era chico, pero me acuerdo que a mi mamá los
vecinos le decían que estaba loca, que en un colegio de curas no podían violar o matar gente, y se ponían a llorar. Le decían: ‘No le hagas esto a la iglesia’”, señala Lucas.
El segundo juez de la causa, Omar Facciuto, ordenó un nuevo peritaje del cadáver, realizado cinco meses después por médicos de la Cátedra de Medicina Legal de la UBA. Determinaron que la niña había muerto por asfixia por sofocación. Los pulmones de Jimena no tenían plancton, lo que determinaba que no había ingresado agua en ellos, por lo que era imposible que se hubiera ahogado por sumersión, como se instaló con la primera autopsia: la habían asesinado.
La conclusión fue que el asesino había cubierto con una mano la boca y la nariz de la menor hasta causarle la muerte por asfixia. Luego, y quizá con la colaboración de alguien, arrojó el cuerpo sin vida en la pileta.
En diciembre de 1988 se realizó una reconstrucción en el lugar del
hecho, con el foco puesto en definir cómo alguien pudo haber matado a la menor y arrojarla al agua durante un torneo con al menos 50 personas presentes.
El natatorio del Santa Unión estaba cubierto con una carpa inflable, con forma de iglú. La hipótesis que abrazó el fiscal de Cámara Norberto Quantín –ya fallecido– fue que el cadáver había sido deslizado por debajo de la lona, cerca de uno de los bordes de la pileta, opuesto a la puerta giratoria que daba el único acceso a la piscina.
Las marcas del abuso
Ya no cabían dudas de que a Jimena la habían asesinado. La causa salió de la Justicia Correccional y recayó en el juez de instrucción Héctor Grieben. Era diciembre de 1988 y aún faltaba un detalle para sumar horror al caso.
Entre las pruebas estaba la malla que la niña había usado el día de su trágico deceso. Pese a que la manera en que se preservó la prenda distaba mucho de ser la adecuada, los peritos encontraron en ella una mancha que, tras los análisis de rigor, resultó ser de líquido seminal. Esto significaba que antes de asesinarla a Jimena la habían atacado sexualmente.
La malla fue enviada al instituto Life Code Corporation, de los Estados Unidos, para que se pudiera hacer un análisis de ADN, pero las técnicas disponibles hace tres décadas y el tiempo transcurrido desde el día del crimen sin la correcta preservación de la muestra impidieron obtener un perfil genético que apuntara al posible culpable.
La madre de Jimena sostuvo siempre la teoría del ataque sexual como la causa de la muerte de su hija. Repetía a los medios que a su hija “la secuestraron, la violaron, la torturaron y la mataron”.
En cambio, el papá de la víctima tenía otra versión: “Para mí, el móvil del asesinato no es el de un abuso sexual. Jimena descubrió algo ‘pesado’ en la escuela. Los motivos no los sé, pero supongo que ella puede haber encontrado drogas u otra cosa, y que por ahí pasa el móvil del asesinato”, dijo en una entrevista con la revista La Semana.
Su hijo, Lucas, está más cerca de la teoría de su madre. “Los peritajes dicen que Jimena tenía el ano dilatado, y mi papá (y los peritos) dice que eso fue por una reacción ante el miedo que sintió. Yo creo que no; creo que eso se debió a que realmente fue abusada”, señaló.
En septiembre de 1990, Grieben dictó el sobreseimiento provisional de la causa. Pero la Sala VI de la Cámara del Crimen ordenó reabrirla. El expediente recayó en manos de Mauricio Zamudio, el cuarto juez del caso.
La causa llegó a tener una decena de imputados, que nunca fueron procesados. Para los padres de Jimena, el principal sospechoso era el profesor de natación del colegio, Oscar Bianchi. Sostenían que había trabajado en una pileta de Parque Patricios donde otra niña había aparecido muerta. Las sospechas se acrecentaron cuando Bianchi dijo no conocer a Jimena, cuando, según sus padres, la había tenido como alumna en el natatorio del club Atlanta.
Bianchi dio una entrevista en la revista Gente, en junio de 1989, en la que señaló: “A las tres, a lo sumo a las tres y cinco me había ido” del colegio aquel 12 de julio. Afirmó que se había enterado de lo que había pasado al día siguiente, cuando encontró en la puerta del colegio un cartel de duelo.
El resto de los sospechosos fueron los profesores Hernán Fusco, Gerardo Paradela, Miriam Squaglia, Mario Álvarez y el ex rector del colegio Jorge Sobrino. A pesar del centenar de testigos que desfilaron por el caso, tanto Grieben como Zamudio cerraron la causa con la desvinculación de los imputados.
Solo uno de los protagonistas del caso fue condenado: Jorge Hernández, el padre de Jimena, que perdió un juicio por calumnias e injurias que le había iniciado Carlos Wiater, exabogado de la madre de su hija; lo sentenciaron a dos años de prisión.
En octubre de 2007, Norma Monfardini pidió a la Corte Suprema que el crimen de su hija fuera considerado “de lesa humanidad”. No lo logró, y el caso se cerró definitivamente.