Vidal le hizo frente al titular de la Corte bonaerense
De Lázzari había hablado de causas armadas; la gobernadora pidió que las denunciara
La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, enfrentó al presidente de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, Eduardo De Lázzari, que había asegurado que existían en los tribunales federales “causas armadas” y un “panorama deplorable”. Vidal le pidió que denunciara sus dichos ante los tribunales y el procurador bonaerense, Julio Conte Grand, abrió una investigación para corroborar los supuestos delitos.
Ayer, De Lázzari relativizó sus afirmaciones y buscó acotarlas a causas bonaerenses.
LA PLATA.– La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, enfrentó al presidente de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, Eduardo De Lázzari, que había asegurado que existían en los tribunales federales “causas armadas” y un “panorama deplorable”, y le pidió que denuncie sus dichos ante la Justicia.
Las afirmaciones del juez habían sido aprovechadas en plena campaña por el kirchnerismo y reproducidas en las redes sociales por Cristina Kirchner.
La gobernadora reaccionó e instó al magistrado a denunciar en sede judicial los delitos de los supuestos armados de causas y persecuciones: “Está obligado”. “Tiene que ser consecuente en la acción judicial”, desafió la jefa de Estado.
De Lázzari finalmente moderó su discurso y sugirió que la Justicia ya tomó cartas en los casos en los que supuestamente hubo delitos o irregularidades.
La saga de reproches públicos comenzó con un discurso de Eduardo De Lázzari ante la Red de Jueces Penales bonaerenses.
Ante decenas de funcionarios judiciales, el presidente de la Corte bonaerense mencionó “un dato de la realidad que se podría denominar el abuso del proceso judicial penal”. Aseguró que este dato comenzó en el orden federal, “pero ahora también muestra sus síntomas en el ámbito de la provincia de Buenos Aires”. Y sin titubear habló de “causas armadas artificialmente”, “espías”, “arrepentidos”, “traficantes de escuchas telefónicas” y “complicidades” de algunos magistrados y fiscales que llevan “a un panorama deplorable”.
Vidal reaccionó y le recordó que “cuando uno es responsable de un poder”, si “hay un delito está obligado a denunciarlo”. “Si no soy cómplice”, retrucó.
Y fue más allá: “Si el presidente de la Corte cree que hay delito, causas armadas o persecución, lo tiene que denunciar. Está obligado a denunciarlo. Él lo sabe mejor que nadie”, dijo.
Horas después del desafío de Vidal, la Presidencia de la Corte difundió un comunicado donde detalló tres causas en las que supuestamente hubo manipulación de causas. En todas aseguró que la Justicia ya intervino para esclarecer si hubo delitos. Así bajó el tono y habló de “situaciones conflictivas en la provincia”.
De Lázzari, quien fue funcionario de la gobernación de Eduardo Duhalde, dijo que “ante expresiones que ligeramente califican su actitud” se refería al caso “del fiscal de Mercedes imputado de brindar ilegalmente información a un procesado, lo que ha motivado su suspensión por la Suprema Corte y juzgamiento en sede penal”.
La alusión pareció dirigida al caso del fiscal Juan Ignacio Bidone, acusado de suministrar información confidencial a Marcelo D’Alessio. Este fiscal ya está suspendido por una resolución de la Corte mientras se tramita su enjuiciamiento. De igual modo se refirió a la existencia de denuncias efectuadas “por un magistrado del departamento judicial de Lomas de Zamora” y “al caso de un agente fiscal al que se le atribuye el armado de una causa con testigos falsos con la colaboración de abogado cuyos juzgamiento están en el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados”. De este modo, De Lázzari buscó demostrar que las investigaciones por supuestos delitos de armados de causas ya tomaron curso institucional.
Ya era tarde para evitar consecuencias. El procurador general de la provincia, Gerardo Conte Grand, abrió una investigación administrativa y otra penal para corroborar si existieron los supuestos delitos. Poco después, otro integrante de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, el juez Héctor Negri, tomó públicamente distancia de las aseveraciones de su colega.
A través de un comunicado, dijo que las afirmaciones de De Lázzari eran “a título individual”, y que la Suprema Corte no tiene “entre sus atribuciones emitir juicio sobre la actividad de otros tribunales de jurisdicción federal ni de ninguna otra jurisdicción que le sea ajena, ni tratar de influir de algún modo en sus respectivas decisiones”.
A la vez, Negri afirmó que “las situaciones de extraordinaria gravedad que el señor presidente afirma conocer” requieren “una inmediata respuesta para su corrección y eventual punición”.