El otro drama del femicidio

Reclaman poder cobrar la ayuda para hijos de las víctimas.

En la víspera de la Navidad de 2017, Giovanna Chalco recibió una llamada que le cambiaría su vida para siempre. “Señora, su hija tuvo un accidente: se quemó”, dijo una voz desconocida del otro lado del teléfono. “En el hospital, me enteré de que su marido y padre de mis tres nietos la había prendido fuego. Ahí me quise morir”, recuerda Giovanna, que tiene 45 años.

El 10 de enero, Mónica falleció. Tenía 24 años. El femicida fue condenado a cadena perpetua. Giovanna y su marido, Freddy Garnica (52) –que además son padres de cuatro hijos, de 23, 20, 12 y 7 años–, quedaron a cargo de los hijos de Mónica: Joaquín (9), Alma (5) e Itiel (4). “Fue muy difícil, porque mi marido había perdido su trabajo”, dice Giovanna, que vive con su familia en un asentamiento en Florencio Varela. “Ni bien salió la ley Brisa comenzamos a hacer los trámites. Pero nos pedían la guarda y conseguirla fue una lucha. Además, había un problema con las partidas de nacimiento”, cuenta la mujer, que hoy espera poder cobrar el dinero para sus nietos.

Aprobada por el Congreso de la Nación en julio de 2018 y reglamentada en octubre del mismo año, la ley Brisa (27.452) brinda el derecho a una reparación económica, equivalente a una jubilación mínima, a hijos e hijas de víctimas de femicidio, cuyos padres o parejas de sus madres estén procesados o condenados por el mismo.

A un año de que se convirtiera en ley, varias familias señalan que se enfrentan a una serie de desafíos para acceder al beneficio. Las trabas van desde la dificultad para cumplir con algunos de los requisitos administrativos hasta el desconocimiento por parte de las Unidades de Atención Integral (UDAI), de la Anses, sobre qué documentación recibir y cómo aplicar la norma. Este organismo junto a la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia (Sennaf) y el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), lideran la implementación de la ley.

Nicole Neiman, directora nacional de Protección Integral de Articulación y Acciones Directas del INAM, asegura que están trabajando en capacitaciones para los operadores de la Anses, para “no generar revictimizaciones y humanizar el proceso”, y que su prioridad es brindar un “acompañamiento personalizado e integral” a quienes no logran cumplir con la documentación requerida, para que puedan hacerlo lo antes posible.

Aunque no hay cifras oficiales, en La Casa del Encuentro estiman que son más de 2300 los niños, niñas y adolescentes que quedaron sin madre en la última década. Según datos del INAM, hasta el momento ya recibieron la reparación 30 chicos y chicas, y se estima que a fines de julio lo hagan 30 más. Por otro lado, desde el 6 de febrero, cuando la Anses habilitó los turnos, se iniciaron 494 expedientes.

Un apoyo clave

Muchas familias no solo se enfrentan, de un día para el otro, con el femicidio de sus hijas, nietas, hermanas, sino que tienen un abanico de derechos vulnerados: no tienen los DNI o partidas de nacimiento de los chicos y chicas que quedaron a su cargo; viven de changas o trabajos informales; les cuesta horrores trasladarse hasta las oficinas donde deben realizar las gestiones, y pagarle a un abogado para poder tramitar la guarda de los niños (lo que se solicita al momento de iniciar el trámite) les resulta imposible.

“Espero que salga rápido porque mis nietos lo necesitan. Hoy mi marido hace changuitas de albañil cuando le sale algo, pero no tenemos

trabajo fijo. Nosotros luchamos y damos todo lo que podemos, pero no alcanza”, cuenta Giovanna.

Con respecto su caso, Neiman dice: “Van a cobrar en agosto. Desde el INAM hicimos todo el acompañamiento: no solo desde el área de litigio estratégico, sino también para que el mayor de los chicos pudiera sacar el DNI”.

Los integrantes del colectivo Familiares Atravesados por el Femicidio, advierten que recibieron muchos reclamos de quienes no pueden concluir con los trámites por “la cantidad de documentación” solicitada.

Marcela Morera, referente del grupo, dice: “Somos 60 familiares de 55 víctimas de todo el país. Dentro de nuestro grupo hay 73 huérfanos que deberían poder acceder a la reparación. Hoy cobran solo 9: cinco lo hicieron el 28 diciembre por trámite directo del INAM. Por otro lado, 26 iniciaron el trámite y 37 no pudieron hacerlo aún”.

El otorgamiento de la reparación requiere de un proceso de 90 días hábiles desde la presentación del trámite completo. María Fernanda Reyes, directora general de Proyectos de Niñez, Adolescencia y Juventud de la Anses, sostiene: “Cualquier implementación de un nuevo beneficio lleva su tiempo. Sin embargo, en este caso, no lo tomamos como una prestación más, sino como una particular, porque son familias en situación de vulnerabilidad muy grande”.

Por otro lado, agrega: “Estamos con capacitaciones online y formación a las UDAI. Además, generamos un espacio en el área central de la Anses para poder resolver cualquier inconveniente que surja junto al INAM y la Sennaf”.

Hugo Capacio, miembro de Atravesados por el Femicidio, explica que la ley Brisa no solo prevé la reparación económica, sino también atención a la salud física y psicológica de los chicos y chicas. Por eso es tan importante.

“Sobre todo en el interior, cada UDAI pide algo diferente, no son claros y en muchos casos no saben de qué trata la ley. Otra de las trabas tiene que ver con la exigencia del certificado de la guarda: muchas familias no tienen los recursos para tener abogados e iniciar el trámite. Están con otras urgencias y son muy vulnerables”, detalla.

Para poder tramitar la reparación, las familias deben reunir la documentación correspondiente y luego sacar el turno en la Anses. “Hay muchos problemas cuando se acercan a las UDAI, y por falta de experiencia o sensibilidad de quienes atienden les dicen cosas que terminan enlenteciendo los procesos. Por eso es importante que llamen antes al 144 y se puedan informar acerca de qué necesitan”, explica Neiman.

Ada Rico, presidenta de La Casa del Encuentro, asociación civil que motorizó la sanción de la ley, coincide en que el principal desafío es acompañar a las familias para que logren obtener toda la documentación requerida. “La ley establece que deben tener la guarda y está bien que así sea, porque se busca garantizar que la reparación llegue efectivamente a los chicos y chicas”, sostiene.

Otras de las trabas, según Neiman, está en “lo lentos que son los procesos judiciales”. “En muchos casos el hombre termina prófugo y no hay una imputación. Y la ley dice que para poder cobrar, tiene que estar procesado o condenado”, explica.

Carlos Vidosa (54) es de Mayu Sumaj, un pueblo cordobés cercano a Villa Carlos Paz. Se quedó con su nieta, ahora de 10 años, a cargo. Su hija, Ingrid Vidosa, fue asesinada por su pareja en 2015, cuando tenía 25. En 2017, el hombre fue encontrado culpable.

Cuando el 22 febrero Carlos se presentó en la Anses de Villa Carlos Paz para gestionar la reparación de su nieta, le dijeron que el beneficio no le correspondía. Primero, no querían recibir los papeles, decían desconocer la ley. Incluso llegaron a decirle que el caso de su hija no era femicidio o que como su nieta no era hija del asesino, no le correspondía.

Cansado de la revictimización constante a la que él y su exmujer eran sometidos cada vez que iban al lugar, logró visibilizar su odisea mediante un video difundido por WhatsApp y en los medios locales. “Hace una semana me llamaron desde el INAM y me dijeron que vaya a la Anses para presentar los papeles. Me recibieron de una forma completamente diferente. Me dijeron que en un mes podremos cobrar”, cuenta Carlos.

Esther Robledo es otra de las que esperan. Su hija, Florencia Albornoz, tenía 22 años cuando, el 17 de enero de 2010, fue asesinada por su marido, un policía de Quilmes. Era mamá de Valentín (hijo de una pareja anterior), que en ese momento tenía 6, y de Lara, de tres. Esther, su abuela, fue la responsable de criarlos.

“Cuando pasó el femicidio, para toda la familia fue como si explotase una bomba. Ya nunca más fuimos las personas que éramos. Las fiestas ya no son fiestas. El dolor que sentimos es como una mochila enorme que llevamos en la espalda: tenemos que seguir caminando por los chicos. Sonreímos por ellos”, dice Esther.

El 28 de diciembre, la llamaron del INAM para decirle que podía ir a cobrar la reparación económica para Lara. “Pensé que era una broma por el Día de los Inocentes. Todos los días me levantaba y lo primero que hacía era escribir en el Facebook: ‘Ley Brisa ya, el Estado está ausente para los huérfanos’”, recuerda Esther. “Mi nieto todavía sigue sin cobrar, porque como es de otro papá tuve que hacer todos los trámites de la tutela primero”.

En la oficina de género de Quilmes la ayudaron a hacer la gestión: “Cuando estuvo, mandaron los papeles directamente al INAM y a la Sennaf. Ahora estoy esperando”.

Esther cuenta: “Siempre trabajé en servicio doméstico y tuve que dejarlo para cuidar a los chicos. Necesito para ellos este dinero como respirar. Son dos adolescentes que hoy están en la secundaria: precisan libros, tener un buen alimento, zapatillas. ¿Te parece que con una jubilación mínima les puedo comprar eso? La estamos pasando muy mal”.