Los jueces federales, entre dos temores: las reformas de Macri y la “venganza” kirchnerista
Pese a la incertidumbre electoral, no se paralizaron las causas; se esperan fallos antes de las PASO
Incertidumbre. Así impacta la campaña en los pasillos de Comodoro Py, donde los jueces federales, funcionarios de alta sensibilidad política, miran con un ojo los expedientes y con el otro, el escenario electoral.
En este mar de dudas tienen una sola certeza: gane quien gane la elección presidencial habrá consecuencias sobre la Justicia. Los dichos de Alberto Fernández sobre algunos magistrados que deberán explicar sus sentencias, en los que aludió a los jueces Julián Ercolini, Claudio Bonadio, Martín Irurzun, Gustavo Hornos y Carlos Gemignani, fueron tomados como una velada amenaza. Pero estos jueces, de alto perfil, con decisiones que provocaron estruendo político y motivaron los juicios orales en marcha, ya están jugados. Ya no van a dar marcha atrás.
Los jueces de menor perfil, en cambio, siguen prefiriendo que mejor nadie se acuerde de ellos.
Causó alarma también entre los jueces la definición del exministro de la Corte Raúl Zaffaroni sobre la politización judicial o los deseos del intelectual kirchnerista Mempo Giardinelli de prescindir del Poder Judicial. Después de estas declaraciones, uno de los magistrados de primera instancia reconoció a la nacion: “Si entramos en un esquema de jueces militantes, me voy del país”.
Saben que su destino no es independiente de los resultados que arrojen las elecciones: si gana el binomio Fernández-Fernández, una nube negra se proyecta –imaginan algunos de los magistrados consultados– sobre aquellos que avanzaron contra exfuncionarios.
Si gana Mauricio Macri, sospechan, también habrá cambios en el Poder Judicial. El Gobierno no quiere jueces fuertes que se planten como un factor de poder capaz de condicionar sus decisiones, sobre todo cuando tienen a tiro de procesamiento a funcionarios y empresarios en causas sensibles para Pro.
En un eventual segundo mandato de Macri, y con Miguel Pichetto como vicepresidente, reconocen los jueces que un paquete de medidas –en carpeta y nunca ejecutadas– podría licuar su poder. Son los mismos jueces que señalan que desde el Gobierno les transmiten cierto descontento por su desempeño.
Causas sensibles
Más allá de estos temores y precauciones, hoy no se percibe el “modo elecciones” que adoptaba Comodoro Py antes de cada comicio. Las causas judiciales más resonantes y de contenido político que están en instrucción siguen avanzando, excepto que rocen algún interés económico. Por ejemplo, el caso del Correo, donde Ariel Lijo rechazó pedidos de nulidad y decidió seguir investigando, apunta al corazón de la familia presidencial.
Los procesamientos se suceden en el juzgado de Bonadio en causas conexas con el caso de los cuadernos, y Ercolini sigue avanzando contra Ernesto Clarens, quien fuera el arquitecto financiero de néstor Kirchner y ahora está a punto de ser procesado por lavado de dinero.
Los casos ligados a odebrecht avanzan hacia el juicio, excepto el soterramiento del tren Sarmiento donde se demora la puesta en marcha del acuerdo con Brasil para que lleguen los datos de las coimas. El fiscal Franco Picardi trabaja en eso.
Pero la contienda electoral está atravesada principalmente por dos causas: la de los cuadernos de las coimas, a cargo de Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, y el caso D’Alessio, en manos del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, donde se los investiga a ambos y busca comprobar la existencia de una red de espionaje ilegal. Los procesados kirchneristas de Bonadio y Stornelli se trasformaron en víctimas que querellan en Dolores.
Bonadio y Stornelli mantienen un enfrentamiento con Ramos Padilla, que los tiene a ambos imputados, y al fiscal en estado de rebeldía. Bonadio desafió a Ramos Padilla a que lo citara a declarar si considera que hay elementos para indagarlo.
Los querellantes en Dolores aspiran a que esa causa desarme las acusaciones de corrupción contra Cristina Kirchner y sus funcionarios. Creen poder demostrar allí que las pruebas que aportaron los arrepentidos (funcionarios y empresarios) se lograron a fuerza de extorsiones.
Por su parte, el Gobierno aspira probar que el caso de Dolores es un armado político que busca la impunidad de los kirchneristas. Desde el oficialismo respaldaron a los magistrados de Retiro y pidieron el juicio político de Ramos Padilla.
Hasta el papa Francisco opinó de este enfrentamiento, cuando condenó el lawfare, la guerra judicial, que dijo es usada para minar “procesos políticos emergentes”. Cristina retuiteó estas palabras. El mensaje vaticano impactó muy mal en algunos camaristas.
La Corte, por su lado, ya decidió bajar el tono de sus diferencias internas y desensillar hasta que aclare el escenario político. De todos modos, dictará antes de la feria una sentencia de impacto económico sobre ajustes de haberes.
Fallos en la previa de las PASO
En tanto, muchas decisiones de los jueces de primera instancia, con fuerte efecto político, deberán ser confirmadas o revocadas en fallos que se avecinan antes de las PASo de agosto. Un síntoma de que, a diferencia de otros años electorales, esta vez los jueces no frenaron.
Antes de la feria judicial, la Sala IV de la Cámara de Casación decidirá si confirma la condena a 5 años y medio de cárcel contra Amado Boudou por quedarse con el 70% de las acciones de Ciccone, que fabrica el papel moneda. Boudou está preso y todo hace pensar que seguirá así.
Asimismo, 92 intendentes bonaerenses sabrán si quedan o no procesados por el manejo presuntamente irregular de $600 millones destinados al tratamiento de residuos.
También se espera que la Cámara Federal resuelva la situación del primo de Macri, Ángelo Calcaterra, en la causa por sobornos de odebrecht para el soterramiento del Sarmiento, donde el juez Marcelo Martínez De Giorgi le dictó la falta de mérito.
otro caso de pronta resolución es oil Combustibles, que apunta a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa junto al extitular de la AFIP Ricardo Echegaray. En ese expediente –cuya primera etapa está en juicio– la Cámara Federal debe resolver si quedan procesados los exfuncionarios de la AFIP.
La causa Ciccone II también tendrá una definición importante: la Cámara debe resolver si el banquero Jorge Brito queda procesado como partícipe en las maniobras delictivas que le permitieron a Boudou quedarse con la imprenta.
Antes que un parate, en Comodoro Py se percibe un efecto “bola de nieve”: los juicios orales en marcha no paran. Los tribunales orales hoy son la vidriera de la Justicia Federal, mal que les pese a estos jueces, de bajo perfil. Sucede que el propio Código Procesal establece que los juicios orales, una vez iniciados, no puedan detenerse más de diez días hábiles.
En los tribunales orales ya fue condenado este año el exfuncionario José López y están siendo juzgados Cristina Kirchner, Julio De Vido, López (nuevamente), Roberto Baratta y Lázaro Báez por el direccionamiento de la obra pública santacruceña. En un juicio paralelo, Báez está siendo juzgado por lavado. También comenzó el juicio contra Cristóbal López por no pagar impuestos a los combustibles por $8000 millones.
A fin de año podría comenzar el juicio por los casos Hotesur y Los Sauces, que tratan las presuntas maniobras de lavado de dinero que habrían permitido que retorne a las arcas de la familia Kirchner dinero de los empresarios López y Báez.
En etapa de elevación a juicio oral quedó la primera parte del caso de los cuadernos de las coimas, donde Cristina está acusada de comandar una banda que recaudaba dinero de empresarios, muchos de ellos cercanos al Gobierno. El combustible político aceleró la instrucción de este caso, amenazado desde Dolores.