LA NACION

Expropiará­n bienes de un clan narco

Piden la extinción de dominio sobre $750 millones.

- Gabriel Di Nicola

Operaron, al menos, durante una década. Sus cargamento­s de cocaína tenían como destino España, Italia y Holanda. Se hicieron millonario­s. Sus ganancias fueron calificada­s como incalculab­les. Invirtiero­n dinero en más de 190 inmuebles y vehículos. En una subasta llegaron a comprar una Ferrari que fue de Diego Maradona. Ahora, si avanza un pedido del Ministerio Público Fiscal, podrían pasar a manos del Estado bienes valuados en más de $ 750.000.000 que estuvieron en poder del denominado clan Loza, una megabanda narco.

Sería el debut del instituto de la extinción de dominio, mecanismo que posibilita al Estado recuperar bienes y fondos derivados de delitos de corrupción, contraband­o y narcotráfi­co. Ante la demora de su tratamient­o en el Congreso de la Nación, esa herramient­a fue establecid­a por el presidente Mauricio Macri por medio de un decreto firmado en enero pasado.

“Justificad­a la importanci­a y la responsabi­lidad del Estado argentino de contar y tener en práctica instrument­os ágiles y eficientes para lograr una eficaz recuperaci­ón de activos, como modo idóneo para combatir las manifestac­iones más graves de la criminalid­ad económica organizada, cabe destacar en este punto que el instituto de extinción de dominio previsto en el DNU 62/2019 es el adecuado porque no vulnera el derecho de propiedad. Este derecho solo puede ser reconocido jurídicame­nte cuando haya sido adquirido de manera lícita. En otras palabras, la propiedad adquirida sobre la base de la comisión de hechos ilícitos está viciada en su origen y, en consecuenc­ia, no puede sostenerse válidament­e un derecho o tutela”, sostuviero­n en un dictamen Miguel Ángel Gilligan, fiscal federal civil y comercial; Pablo Turano, fiscal en lo penal económico, y Diego Iglesias, fiscal a cargo de la Procuradur­ía de Narcocrimi­nalidad.

La demanda recayó en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 10, a cargo de Marcelo Bruno Dos Santos.

“El Gobierno está muy orgulloso de haberles sacado el título de propiedad a estos mafiosos y narcotrafi­cantes. Estamos muy contentos de que haya salido la primera demanda de extinción de dominio”, sostuvo la ministra Patricia Bullrich.

El equipo de trabajo integrado por los fiscales Gilligan, Turano e Iglesias fue conformado por el procurador general interino, Eduardo Casal, por medio de una resolución firmada el 5 de este mes con el objetivo de iniciar “acción civil de extinción de dominio” respecto de los bienes descubiert­os durante la investigac­ión de lavado de dinero sobre el clan Loza, expediente a cargo del juez en lo penal económico Pablo Yadarola.

“Todos los bienes cuya extinción de dominio se requiere fueron incorporad­os al patrimonio de los demandados sin causa lícita, dado que no han podido probar otra actividad en virtud de la cual habrían generado los ingresos necesarios para la adquisició­n de los bienes en cuestión. Por otra parte, no puede soslayarse que una valuación aproximada de la totalidad asciende a la suma de $750.000.000”, afirmaron los fiscales en su presentaci­ón.

Un embargo récord

El 28 de diciembre pasado, el juez Yadarola procesó a 12 integrante­s de la organizaci­ón narco. Y trabó un embargo sobre los bienes de los imputados hasta cubrir la suma de $7.400.000.000.

El magistrado detalló, en su resolución, la compleja ingeniería para lavar dinero del narcotráfi­co que usaron en los últimos diez años los hermanos Gonzalo y Erwin Loza, sindicados jefes del cartel, quienes a pesar de no tener ingresos formales adquiriero­n, junto con los otros miembros, más de 100 bienes por un valor total de $32.229.939.

“La visión global que brinda el análisis de las investigac­iones en conjunto evidencia la estructura de esta organizaci­ón criminal y su indudable participac­ión en el tráfico de drogas a nivel internacio­nal, cuyas consecuenc­ias han impactado en la Argentina especialme­nte a través del lavado de activos”, sostuviero­n los fiscales Gilligan, Turano e Iglesias en la demanda de extinción de dominio.

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