De Vido, en la antesala de otro juicio oral
El fiscal Carlos Stornelli pidió elevar la causa por defraudación en la mina de Río Turbio
La causa en la que se investigan los delitos cometidos en torno a la mina de carbón de Río Turbio quedó más cerca de un juicio oral. El fiscal Carlos Stornelli pidió la elevación del expediente que fue el que llevó originalmente a Julio De Vido y a Roberto Baratta a la cárcel por primera vez.
El escrito es un compilado de delitos cometidos a 2770 kilómetros de Comodoro Py, al calor de una mina que es el corazón de la llamada cuenca carbonífera, una zona compuesta por tres localidades: Río Turbio, Julia Dufour y Veintiocho de Noviembre. Allí, alrededor de 25.000 habitantes viven en función de la extracción, o no, del mineral. Una escenografía lejana e impiadosa para los delitos del fin del mundo. Stornelli pidió que De Vido, el entonces interventor del yacimiento Atanacio Pérez Osuna y el decano de la UTN regional Santa Cruz, Juan Martín Goicoechea, respondan por el delito de “administración fraudulenta”. Baratta y 12 funcionarios de la facultad o de YCRT fueron acusados de ser partícipes necesarios de aquella maniobra.
La historia de la estafa en Río Turbio empezó el 14 de enero de 2008. Ese día se firmó un convenio de cooperación y asistencia entre el yacimiento y la facultad. Allí, la primera particularidad: la UTN no tiene ingeniería en minas. Con el paraguas de aquel acuerdo empezó la operatoria. YCRT le encargaba a la UTN cualquier cosa que se necesitaba, desde contratar un servicio hasta comprar un bien. Por esa intermediación, la facultad cobraba 10% . La facultad, a su vez, creó la Fundación Facultad Regional Santa Cruz, que tenía otro pago de 10%. De lo que el proveedor presupuestaba la fundación le cobraba a la facultad un 10%. Y sobre ese total la facultad le cobraba al yacimiento otro 10%. Por la intervención de ambas había que sumar 21%. A eso, claro está, se debía adicionar el sobreprecio. “Entre 2009 y 2015, se celebraron, invocando los convenios marco, 453 convenios específicos y 90 adendas por 4424 millones de pesos. De ese total se facturaron y pagaron con fondos del Tesoro unos 915 millones de pesos, según la Sigen. Los dueños del negocio se llevaron, como mínimo, $176 millones repartidos así: 91,9 se pagaron a la facultad y 84, a la fundación. Además, reclamaron 88,3 millones de deuda por “gastos administrativos”.
Stornelli pidió que ese andamiaje de funcionarios vaya a juicio. Si el juez hace lugar, la Argentina podrá ver los millones oscuros que se escondían detrás de los mineros de carbón.