Trabajadores de las apps
Tras una cautelar de la Justicia en marzo, Rappi depositó anteayer una multa que se le había impuesto por no “reincorporar” a tres trabajadores agremiados; aún no los “desbloqueó”
Recrudece la polémica por su sindicalización.
El Gobierno organizó ayer, con funcionarios de muy elevado nivel, integrantes de equipos técnicos “de todos los actores del mundo laboral” y miembros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) una jornada sobre las renovadas formas del trabajo, entre las que se cuentan las de las nuevas aplicaciones tecnológicas.
“Los resultados serán utilizados como insumo para que los integrantes de la Subcomisión de Normativa, de la Comisión de Diálogo Social, continúen trabajando sobre la temática en los próximos meses, con el objetivo de avanzar en consensos que den respuesta a los desafíos que se plantean”, se informó. No hubo más detalles.
Sin embargo, la calle avanza con más velocidad que la reflexión de los funcionarios sobre las nuevas tecnologías y su impacto laboral.
La app Rappi decidió anteayer depositar una multa que le había impuesto la Justicia Laboral porteña en marzo pasado por haber “bloqueado” o “despedido” a tres “trabajadores” que forman parte de la comisión directiva de la Asociación de Personal de Plataformas (APP), un sindicato todavía no inscripto ni reconocido por la Secretaría de Trabajo, pero, desde esa cautelar, sí por la Justicia. La firma colombiana pagó una multa de $58.000 a cada uno de los “colaboradores”, pero decidió no “desbloquear” ni “reincorporar” a los tres integrantes de la comisión a la aplicación Soy Rappi.
Ayer, la nacion se comunicó con la empresa, que confirmó que había realizado el pago, aunque no detalló los montos. La compañía no quiso responder sobre la decisión de no desbloquear a los integrantes de la comisión directiva y allí solo precisaron que esas personas habían violado “términos y condiciones de la aplicación”. La empresa de Sebastián Mejía está invirtiendo US$7 millones en la Argentina.
“Se efectivizó el pago de la multa ayer [por anteayer]. Rappi pagó, pero desconoció la sentencia que pedía reincorporar a los trabajadores. Básicamente, esto significa que la empresa decidió no ir contra su modelo de negocios”, afirmó a la nacion José Tribuzio, uno de los abogados del sindicato. El letrado afirmó que si la empresa sigue incumpliendo le pedirán a la jueza que emitió la sentencia en marzo, Stella Maris Vulcano, que la multa se incremente hasta que la firma cumpla con el desbloqueo.
“La plataforma prefiere pagar una sanción económica antes que cumplir el fallo, que implicaría que los despedidos vuelvan a estar en servicio para la plataforma. No quiere aceptar la sindicalización”, agregó Juan Manuel Ottaviano, otro abogado del nuevo gremio.
La decisión judicial tomada el 19 de marzo pasado ordenó a Rappi que “cese, en forma urgente, con la conducta antisindical desplegada y proceda inmediatamente a desbloquear el acceso a su aplicación informática y móvil (Soy Rappi), mediante las respectivas identidades digitales de los actores, a fin de que continúen prestando servicios en la misma forma y modo que lo hicieron hasta el 9/11/18”. En ese sentido, la cautelar estableció: “La manda judicial impuesta deberá hacerse efectiva dentro del plazo de 24 horas y bajo apercibimiento de aplicar una multa de $3000 por cada día de demora” por cada empleado.
A fines de noviembre del año pasado, la comisión directiva de la Asociación de Personal de Plataformas (APP) había mantenido una reunión con representantes de Rappi en la Argentina y al salir de ese encuentro la empresa les bloqueó el acceso a la app.
Pese a que el sindicato tiene un planteo en la Justicia sobre la naturaleza del vínculo laboral con estas empresas (donde también están Glovo y PedidosYa, entre otras), apenas enterados de la decisión de Rappi, los abogados del gremio pidieron una cautelar, que fue resuelta por la jueza. La cuestión de fondo no tiene aún respuesta. Sin embargo, el pedido de “reincorporación” es para los abogados del sindicato –según interpretan– un reconocimiento de la posibilidad de sindicalización de los trabajadores.
Los letrados recordaron que la decisión judicial tiene un antecedente administrativo. En abril pasado, la AFIP le reclamó a Uber (en conflicto con la ciudad de Buenos Aires, pero que funciona normalmente en Mendoza) $358 millones en impuestos y cargas sociales.
La situación se suma a la que protagonizó días atrás el jefe de los camioneros, Hugo Moyano, que impugnó en la Secretaría de Trabajo el acuerdo que firmaron Mercado Libre y la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga por el encuadre sindical de 80 operarios de un centro en La Matanza, y también a los cuestionamientos de La Bancaria sobre el encuadramiento de los trabajadores de Mercado Pago.