Consensos poco probables por dos visiones contrapuestas de país
La divergencia entre las prioridades en la agenda del oficialismo y del Frente de Todos hace difícil un acuerdo que permita su aprobación en el Congreso
Si bien en la política argentina todo escenario es provisorio y la realidad está abierta a cualquier posibilidad, no está de más hacer un ejercicio en torno a las opciones que hoy se presentan como las más probables de ganar las elecciones de este año (las que tienen a Mauricio Macri y a Cristina Kirchner como candidatos a presidente y vicepresidente, respectivamente) y tratar de detectar aquellos consensos que parecerían ser difíciles de lograr, más allá de que los cambios que cada uno se proponga puedan intentarse sin consensos, con el “aura” y los impulsos que dan los triunfos.
En caso de ganar el Frente de Todos –el de CFK–, si de acuerdo con sus voceros oficiosos pretendiera hacer las reformas necesarias para ejercer un control hegemónico –nueva Constitución, eliminación del Poder Judicial según su formato actual…–, no contaría con el consenso de un sector sustancial del país, conformado por Pro, el radicalismo y buena parte de los votantes de Consenso Federal –la fórmula LavagnaUrtubey–, que se mantendrían fuertemente opositores a esas reformas. Esos cambios tan fundamentales si se quisieran lograr en el marco de las leyes vigentes requerirían el acuerdo de dos terceras partes de ambas cámaras del Congreso. Aun en el caso de que se intenten implementar según un nuevo sistema plebiscitario instaurado por decreto, que permita saltearse las restricciones que impone un régimen republicano, tendrían el rechazo fáctico de la mitad del país.
En el caso de que triunfe la otra opción –Juntos por el Cambio–, para encarar las proclamadas reformas laboral, previsional y fiscal, no contaría probablemente con el consenso del kirchnerismo, de la izquierda y de buena parte del peronismo cercano al sindicalismo. O sea, la otra mitad del país muy posiblemente estaría en contra.
Aun suponiendo que, independientemente de quién gane, el mundo decida el año próximo refinanciar a la Argentina la totalidad de sus vencimientos de capital e intereses –algo que todavía esta por verse teniéndose en cuenta que el país no está en default gracias al “parche” que significó el colosal préstamo del FMI–, quien se encuentre gobernando entonces deberá enfrentar una importante restricción de recursos para cumplir con los compromisos asumidos por el Estado argentino (en Nación, provincias y municipios) ante los 24 millones de personas que reciben una retribución salarial o un beneficio del sector público.
En ese contexto, habría que agregar el condimento del cuadro tarifario de los servicios públicos. Al atraso que acumulaban las tarifas a abril de este año cuando se decidió postergar los aumentos previstos para el resto de 2019 (por entendibles razones políticas: su efecto en la inflación y el humor social) habría que adosarle el atraso a generarse en los meses restantes de este año, con lo cual, a inicios de 2020 deberían efectuarse aumentos en torno al 70 u 80% para alcanzar los ansiados valores que cubran los costos y den margen para las inversiones pendientes y necesarias, y sobre todo, que eximan de subsidios a las arcas públicas.
Las dos opciones políticas en análisis ya insinuaron cuál será su estrategia para enfrentar estas restricciones. La opción nacional y popular ya remarcó en la voz de su líder espiritual –CFK– durante la presentación de su libro en Santiago del Estero el rumbo a emprender: “Los dólares que faltan no se los vamos a pedir a los cartoneros ni a los camioneros de Moyano”. Esa declaración estaría insinuando una masacre impositiva contra los grandes patrimonios del país, que socavaría los cimientos del sistema capitalista en la Argentina. ¿Darían su acuerdo a esta vía las fuerzas del republicanismo? A la inversa, el gobierno encabezado por Pro sostiene que “hay que seguir por este camino”, lo que implica que el equilibrio se debería lograr a costa de los consumidores –aumento de tarifas–, de las empresas –con más impuestos, aunque moderadamente– y con ajustes presupuestarios que restrinjan la masa distributiva de los fondos del Estado. ¿Tendría en este caso el beneplácito de la corriente nacional y popular?
Para colmo, los dos sectores en pugna cargan con la amenaza judicial sobre sus dirigencias en la circunstancia de perder la contienda. El campo nacional y popular, de que sigan adelante las causas sustentadas en un cúmulo de evidencias y testigos en torno al complejo corruptivo más abominable que se haya engendrado desde el centro del poder en la Argentina. En el caso del otro sector político, de los riesgos que implicaría un nuevo sistema judicial que contemple el sentir popular y la sed de venganza de aquellos del otro bando que alegaron persecución por los referidos casos de corrupción. ¿Sería una amnistía judicial la prenda para destrabar el funcionamiento del país? ¿Qué consecuencias morales le generaría a la Argentina tolerar semejante aberración ética? ¿Cómo sería la vida en el país con semejante estigma?
Más allá de que en la elección se vota por personas, y sobre todo por la percepción que se tiene de ellas, en el plano del debate discursivo, el republicanismo (que implica el Estado de Derecho, la división de poderes y las libertades individuales) lleva las de perder. Para las mentes no entrenadas en lo político –o sea, la gran mayoría– es un concepto abstracto que precisa ser explicado en su significado. Tiene incluso una cierta connotación como algo culturalmente ajeno (hasta algunos podrán aducir que es un sistema que nos fue impuesto en el marco de un modelo de dominación). En cambio, lo nacional y popular representa “lo nuestro” y no necesita ser explicado a nadie.
Tal vez lo más triste y decepcionante del momento actual es que vamos camino al proceso electoral con la convicción que tiene un sector muy importante de la sociedad que, en lugar de estar espantada con los desquicios que nos dejó el populismo, cree que las penurias presentes son consecuencia de una política económica equivocada, perversa, pergeñada supuestamente para favorecer a unas pocas empresas amigas del poder y para perjudicar a los 45 millones de argentinos de a pie, cuando en realidad lo que se esta intentando implementar –quizá tardíamente y con errores– es un correctivo a los desastres que dejaron en el país tantas décadas de despilfarro, corrupción y descontrol (sobre todo los últimos 12 años de burdo populismo kirchnerista). Probablemente el mayor reproche que se le pueda hacer a este gobierno es haber desperdiciado estos cuatro años habiendo hecho tan poco en el plano pedagógico para explicarle a la sociedad cuáles son las verdaderas causas de los padecimientos de hoy, y que esa misión haya quedado en manos de unos pocos francotiradores aislados –como es el caso de este escribiente– cuyo alcance se limita generalmente al círculo de los que piensan igual. Desde el poder se puede hablar y llegar a toda la sociedad.
Por todo lo apuntado, la tan mentada grieta no se trata de un fenómeno gestado en enconos personales, agravios o insultos (eso sería apenas el condimento). Se trata de una grieta fundada en dos visiones absolutamente contrapuestas de cómo debería ser la Argentina.
Si se mantiene el pronóstico de hoy, las opciones que competirán en octubre se juegan la vida en esa contienda. Y el país y los argentinos también, ante dos formas bien distintas de cómo enfrentar la realidad y nuestro destino.
Empresario y licenciado en Ciencia Política