Escandalosas indemnizaciones
Se impone realizar una profunda auditoría para identificar los casos fraudulentos beneficiados por las denominadas “leyes reparatorias”
El 5 de octubre de 1975, un comando fuertemente armado de Montoneros atacó el Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa: asesinó a diez conscriptos, un agente de policía, un suboficial y un oficial del Ejército Argentino, e hirió a muchos otros. Trece fueron los guerrilleros que cayeron muertos en ese combate con amplísima difusión en los medios y calificado como “victoria del ejército montonero” en las publicaciones de la organización subversiva.
Una reciente denuncia penal formulada por Jovina Luna, hermana del soldado Hermindo Luna, uno de los caídos heroicamente en la defensa del cuartel, y Rogelio Mazacotte, conscripto herido en el enfrentamiento, revela escandalosos casos de indemnizaciones fraudulentas pagadas con el dinero de todos los argentinos. Basada en sólidas publicaciones periodísticas, la denuncia demuestra que los familiares de por lo menos nueve de los 13 terroristas abatidos por los defensores del cuartel han recibido cuantiosas indemnizaciones a través de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia durante anteriores administraciones.
Los terroristas fueron incluidos en la ley “reparatoria” 24.411, indemnizatoria de hechos de “desaparición forzada o fallecidos por el accionar del terrorismo de Estado”. Numerosas constancias documentales –entre las que se encuentran actuaciones judiciales, muestras fotográficas y una gran cantidad de publicaciones incluso de la propia organización terrorista– demuestran que ninguno de los casos indemnizados responde a esas categorías. Aun así, fueron registrados como tales y tramitados los expedientes en aquella Secretaría de Estado. Sus familiares cobraron indemnizaciones que, a valores actualizados por caso, arrojan un promedio de más de siete millones de pesos, siendo que para algunos la cifra llega a los nueve millones y medio de pesos. Paradójicamente, no solo recibieron buena paga por su acción criminal,
sino que además sus nombres están inscriptos entre aquellos homenajeados en el Parque de la Memoria de la ciudad de Buenos Aires.
Desgraciadamente, no son estos los únicos casos de indemnizaciones fraudulentas pagadas al amparo de leyes que dan pie a una gran cantidad de injusticias, además de generar un vergonzoso dispendio del erario. La detallada investigación realizada por el periodista José D’Angelo en su obra Mentirás tus muertos. Falsedades y millones detrás del mito de los 30.000 desaparecidos analiza varios casos más, tanto de guerrilleros abatidos en enfrentamientos con el Ejército o la policía como de desaparecidos que no son tales; de asesinatos cometidos por el ERP o Montoneros en ejecuciones de sus propios miembros, acusados de “traición, deserción” y otros “delitos” de la “justicia revolucionaria” para “disciplinar” a sus integrantes, todos ellos, no obstante, indemnizados por el Estado argentino como víctimas de la represión ilegal. En algunos casos, como el autor ha documentado profusamente, los mismos sujetos que aparecen como asesinados murieron en realidad 30 años después de muerte natural o en otras circunstancias, todo lo cual constituye una tergiversación de los hechos claramente dirigidos a defraudar las arcas del Estado en sumas millonarias. Los ciudadanos aún desconocemos las cifras exactas que se abonaron.
La numerosa cantidad de falaces casos detectados indica que la maniobra no ha sido producto de la acción individual de los causahabientes beneficiados con las indemnizaciones. Se trata de una estructura organizada para la falsificación y gestión de trámites de casos ante el Estado en beneficio de muchos con la necesaria connivencia de funcionarios públicos. La aprobación de los pagos, sabiendo que no correspondían o sin debidamente verificar si se encuadraban o no dentro de las causales señaladas por la ley, revela sospechosas complicidades entre los beneficiados y quienes actuaban desde el poder.
Tanto o más bochornosas e injustificables aun resultan las sumas pagadas en función de otras dos leyes “reparatorias”, la 24.043 y 26.564 y sus extensiones administrativas y judiciales, que indemnizan a los “detenidos” víctimas de la acción represiva del Estado: ellas incluyeron a todos aquellos que fueron juzgados y condenados por el Poder Judicial de la Nación. De este modo, con el dinero de todos los argentinos fueron indemnizados los terroristas del ERP que atacaron la Guarnición Militar de Azul en enero de 1974 y dieron muerte al coronel Camilo Arturo Gay y su esposa; los mismos que secuestraron y asesinaron diez meses después en cautiverio al teniente coronel Jorge Roberto Ibarzábal; los autores del copamiento de la Fábrica Militar de Villa María en agosto de ese año, que dieron muerte al cabo de la policía de Córdoba Marcelino Cuello y secuestraron al mayor Argentino del Valle Larrabure. Luego de 372 días alojado en una “cárcel del pueblo”, apareció su cadáver con 47 kilos menos y signos de golpes y estrangulamiento. También fueron indemnizados los terroristas autores de la masacre del entonces capitán Viola y su hija, asesinados en Tucumán cuando estacionaba su auto en el que también viajaban su esposa, María Cristina Picón, embarazada de 5 meses, y María Fernanda, de 5 años, quien sufrió graves heridas en la cabeza. Cómo entender que estos y muchos otros terroristas, habiendo sido incluso juzgados y condenados por su violento proceder, fueran indemnizados por estas leyes y sus extensiones.
Se impone, pues, ordenar una profunda auditoría para identificar los casos pagados por los recientes gobiernos que no correspondían ser indemnizados y que el Congreso Nacional deje sin efecto de inmediato las vergonzosas “leyes reparatorias” que han generado tan penosos como aberrantes resultados para evitar que situaciones como las descriptas puedan volver a repetirse.