Deudores alimentarios

Aun deudor alimentario inscripto en el registro de morosos se le negó la renovación de su licencia para conducir, tal como lo prevé la normativa vigente, después de que se le hubiera otorgado una prórroga de un año sin aplicar la sanción, para que cumpliera su obligación. Como no lo hizo, le fue rechazado un amparo judicial en el que pedía una excepción a la norma.

No se trata de discutir la efectividad de la previsión legal, tendiente a lograr el cumplimiento forzado de una obligación vinculada con los legítimos derechos de niños y adolescentes. El nuevo Código Civil y Comercial permite a los jueces imponer al incumplidor medidas “razonables”

para asegurar el cumplimiento de una sentencia. Entre otras sanciones que puede sufrir un deudor alimentario figuran la prohibición de salir del país, obtener habilitaciones o concesiones de organismos públicos, ser designado funcionario público jerárquico y realizar determinadas operaciones bancarias, como la obtención de créditos o tarjetas.

El caso que nos ocupa tiene la particularidad de privar a un chofer del documento habilitante para ejercer su trabajo. Sin esa licencia, no puede generar los recursos para su subsistencia ni atender su obligación alimentaria, por lo cual la resolución terminaría teniendo un resultado final perjudicial al interés del menor, que es a quien se quiere proteger. Recuerda una época judicial pretérita en que se privaba al deudor alimentario del derecho a ver a sus hijos hasta que no pagara su deuda con ellos, hasta que, con razón, se advirtió que se estaba perjudicando a los propios niños, que necesitaban de la presencia del padre en sus vidas.

Estamos, en definitiva, ante una decisión judicial más que dudosa, de estricta legalidad, pero tal vez no la mejor en el caso concreto, en cuanto a la preservación del interés de los menores. Abogados, jueces y auxiliares de la Justicia deberán extremar los recaudos para lograr el cumplimiento de ciertas obligaciones sin generar perjuicios mayores.