petroleras. Radiografía de las empresas estatales latinoamericanas
Los vaivenes políticos, los problemas de gestión y la inminente transición energética
Amenudo se señala que el petróleo puede dar a un país tanto riqueza como pesares. En Venezuela, sede de las reservas petroleras probadas más grandes del mundo –de acuerdo con algunas visiones–, últimamente ha sido más de lo último. Petróleos de Venezuela (Pdvsa) vio la producción llegar a su pico en 1998, cuando Hugo Chávez fue elegido presidente. En los años que siguieron, el tribuno de izquierda y su sucesor autoritario, Nicolás Maduro, purgaron el staff profesional de Pdvsa, aplicaron mano dura a sus socios internacionales y saquearon sus cofres. Una investigación estadounidense por coimas en la empresa ha levantado hasta ahora cargos contra más de 20 personas. Su actual jefe es un brigadier general sin experiencia petrolera. Desde enero, cuando Estados Unidos anunció duras sanciones contra Pdvsa, la producción ha caído a los niveles más bajos por ciudadano desde la década de 1920. Pdvsa es una caricatura del mal manejo. Pero un estudio sobre los gigantes energéticos estatales en América Latina, que representan alrededor de un 10% del producto petrolero global y un 20% de las reservas probadas, muestra que la disfunción no se limita a Venezuela. Cinco años después de que se hundiera el precio del petróleo, el producto sigue deprimido en gran parte de la región, en momentos en que la industria, en conjunto, enfrenta una conmoción sin precedentes. El boom del shale ayudó a Estados Unidos a producir 1,3 millones de barriles de petróleo al día el año pasado, alrededor de un sexto de la producción global. Las preocupaciones por las emisiones de carbono y el auge de los autos eléctricos significan que la inquietud porque se alcance el pico de la oferta ha sido reemplazada por el temor por el pico de la demanda.
Esta incertidumbre ha dado nueva urgencia a la vieja cuestión de cómo maximizar el valor de las reservas de crudo. En vez de enfrentar esto, los campeones nacionales de la energía de América Latina –o más bien sus mandamases políticos– están retomando debates del ayer. ¿Someter las firmas a presiones políticas o mantenerlas independientes? ¿Invitar a los inversores extranjeros o rechazarlos? ¿Maximizar eficiencia o crear empleo? ¿Subsidiar la nafta o permitir que los precios se muevan con el mercado? Sus respuestas en su mayoría han sido desalentadoras.
Los estados controlan alrededor del 90% de las reservas de petróleo y gas del mundo. Lo hacen de distintas maneras, como lo ilustra América Latina. En Guyana, el petroestado más joven de la región, la producción está por dar un salto luego de un descubrimiento en 2015 por ExxonMobil, pero el país aún no ha creado su propia compañía petrolera. En contraste, Pemex fue fundada como un monopolio estatal en México en 1938. Otros países tienen tanto compañías estatales como extranjeras,
a menudo en asociaciones incómodas. El gigante estatal brasileño, Petrobras, comenzó a cotizar en las bolsas de Estados Unidos en el año 2000. Sus contrapartes argentina y colombiana también tienen accionistas privados minoritarios. En Ecuador, el estado controla más del 80% de la producción de petróleo. Perupetro, firma que es al mismo tiempo el regulador en Perú, supervisa la exploración y la producción de compañías privadas. Habiendo abierto su sector petrolero en la década de 1990, Venezuela en 2006 declaró que Pdvsa tomaría control mayoritario de yacimientos manejados por firmas extranjeras. BP y Chevron se contaron entre las que acordaron; ExxonMobil y ConocoPhillips hicieron las valijas.
Pese a sus diferentes formas corporativas, la mayoría de los gigantes petroleros de América Latina comparten tres problemas. El primero es el mal manejo del dinero en los buenos tiempos. Eso incluyó volcar demasiado dinero a los cofres del gobierno y demasiado poco a la inversión para el crecimiento futuro. En 2013, cuando el precio del petróleo superó los US$100 por barril, Pemex transfirió alrededor de la mitad de sus ingresos al gobierno mexicano. Pese al alza de los precios del crudo, Petrobras vio caer el valor de sus acciones al acumular deuda e invertir en demasiados proyectos marginales. Cuando se hundieron los precios del petróleo, las compañías petroleras latinoamericanas acumularon deuda a largo plazo de más de US$400.000 millones, o un 8,5% del PBI sumado de sus países, de acuerdo a datos del Natural Resource Governance Institute. Petrobras acumuló casi la mitad de ese total. Hay señales de que la corrupción se está eliminando en Brasil y en otras partes. Varios altos ejecutivos de Petrobras y cantidades de políticos brasileños han sido enjuiciados por el petrolão. El 5 de julio autoridades mexicanas dijeron que habían emitido una orden de arresto contra Emilio Lozoya, que dirigió Pemex de 2012 a 2016 (y que huyó del país). Mientras Lenín Moreno, el presidente de Ecuador, busca solucionar los problemas de Petroecuador, fiscales estadounidenses siguen presentando cargos por supuesto cohecho en la compañía durante el período de su predecesor, Rafael Correa.
Sin embargo, las compañías siguen susceptibles a los caprichos políticos, el tercer desafío compartido y el más difícil de resolver. El año pasado, Petrobras acordó pagar a accionistas minoritarios US$2950 millones en un acuerdo por un juicio colectivo en Estados Unidos. Pedro Parente, que llegó al cargo de CEO en 2016, redujo costos, comenzó a vender activos rentables, reformó la política de precios y se lanzó a aumentar la producción de recursos enterrados bajo miles de metros debajo del suelo marino. Aún así, Petrobras sigue vulnerable a las ondulaciones políticas.
La situación en México se ve peor. Con el petróleo atado a la política, la estrategia ha sufrido vaivenes de una presidencia a la siguiente. El año pasado, el yacimiento produjo 80.000 barriles al día, comparado con dos millones en 2014. Además, Pemex ha tomado dinero prestado para pagar sus impuestos, acumulando créditos garantizados por el gobierno. Esto se ha convertido en un vehículo de deuda pública, dejando a México vulnerable a su fortuna en descenso. Pemex ahora es conducida por un aliado político del presidente Andrés Manuel López Obrador, sin experiencia en el petróleo o el gas. López Obrador, ansioso por reducir la dependencia de las importaciones de combustible estadounidense, planea construir una refinería en el estado de Tabasco por US$8000 millones (o más), lo que puede agravar los problemas.
Las otras campeonas petroleras estatales de América Latina son muy pequeñas, comparadas con Petrobras y Pemex. Pero sus experiencias son de todos modos instructivas. En la Argentina la industria petrolera se ha visto marcada por la decisión en 2012 de la entonces presidenta Cristina Kirchner de renacionalizar el 51% de YPF, privatizada diecinueve años antes. Su sucesor, Mauricio Macri, ha hecho más fácil a las firmas extranjeras invertir en el país.
Compitiendo con rivales en el extranjero y formando ocasionales asociaciones con ellos, YPF por fin está comenzando a explotar los ricos depósitos de shale en la formación de Vaca Muerta, en el norte de la Patagonia. Pero en términos de dólar el precio de las acciones de la compañía sigue 80% por debajo de su pico de 2005.
Las personas preocupadas por el cambio climático podrían argumentar que las ineficientes firmas estatales de la región harían bien en devolver dinero a los accionistas e invertir el resto en energía más limpia. Rivales en otras partes del mundo están dando pasos tentativos en esa dirección. Statoil, el titán noruego, se ha reinventado como Equinor; su cartera incluye tanto proyectos petroleros como eólicos. Incluso el coloso petrolero Saudi Aramco está apostando a los petroquímicos y la refinería, la demanda por los cuales debiera mantenerse robusta, incluso si un precio global por el carbono algún día deprimiera la demanda del crudo. Los petroleros latinoamericanos están demasiado consumidos por los viejos desafíos como para enfrentarse a estos nuevos.•