Enérgica condena a toda forma de violencia
Definen al terrorismo como una amenaza a los derechos humanos
En un encuentro realizado ayer en el Palacio San Martín, los países del continente americano condenaron al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, y advirtieron que constituye “una amenaza para la paz y la seguridad” de la comunidad internacional, así como para “los derechos humanos, la estabilidad democrática, el desarrollo económico y social, y los ciudadanos”.
Los países, entre los cuales se encuentran la Argentina, Brasil y Estados Unidos, deploraron en una declaración conjunta los efectos de los ataques terroristas “en el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las víctimas”.
Y expresaron, también, su preocupación “por las actividades que redes de Hezbollah continúan realizando en algunas áreas del hemisferio occidental”.
Las coincidencias se expresaron en la declaración final de la II Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo, celebrada ayer en Buenos Aires, como continuidad de la reunión anterior, realizada en diciembre, en Washington.
Participaron el canciller Jorge Faurie y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, entre otros representantes de los gobiernos de la región. El pronunciamiento fue suscripto por la Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay y Perú. Asistieron, además, México, Uruguay y el Comité Interamericano Contra el Terrorismo (Cicte), como observadores.
Instrumentos
Los países destacaron la importancia de poner en práctica las resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como la ratificación de los instrumentos internacionales contra el terrorismo, en especial la Convención Interamericana contra el Terrorismo.
Reafirmaron el convencimiento de que “los esfuerzos de los Estados en la lucha contra el terrorismo y su financiamiento deben realizarse en el marco del Estado de Derecho y la legislación nacional, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, de conformidad con el derecho internacional vigente”.
Advirtieron que “las organizaciones terroristas EI y Al-qaeda, y sus organizaciones afiliadas, constituyen una amenaza a la seguridad colectiva, a la seguridad de los ciudadanos dentro y fuera de sus territorios”. Y reconocieron como una amenaza a la estabilidad de la región “la acción del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el cual perpetra actos de inaceptable violencia y obtiene financiamiento de origen ilícito.
Tras resaltar los avances en la cooperación bilateral, regional e internacional, observaron que “las redes terroristas y de crimen organizado que constituyen amenazas ponen en peligro el hemisferio, y los países deben mantener una robusta cooperación contra esas redes como también contra sus facilitadores y aquellos que las apoyan”.
Se comprometieron, en ese sentido, a tomar medidas para prevenir que grupos terroristas se beneficien de la delincuencia organizada nacional y transnacional. Condenaron el uso del secuestro como medio del terrorismo y señalaron la necesidad de incrementar la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo y su financiación.
Los países se comprometieron a “negar cobijo o estatus de refugiado o asilo, de conformidad con sus legislaciones nacionales, a los terroristas y financistas del terrorismo, y expresaron su preocupación acerca del riesgo de que grupos terroristas puedan ampararse en situaciones de debilidad institucional, como Venezuela, para potenciar sus actividades delictivas en la región”. Y condenaron expresamente el atentado a la AMIA, por el cual “se encuentra bajo investigación judicial la participación de Hezbollah”.