Cómo seguirá el plan de reparación histórica
Cuántas personas ingresaron al programa y qué dudas quedan al cumplirse el plazo
El plan de reparación histórica que abarca a un grupo de jubilados cumple mañana tres años. Así, llega el punto final para su vigencia (al menos, en términos generales), con un saldo de 1.353.000 pasivos que cobran su haber mejorado –de ellos, son solo 54.824 los que renunciaron a un juicio que tenían en trámite–y varias dudas todavía sin resolverse. De hecho, hay quienes están incluidos en el programa, según se les informó, pero todavía no recibieron una oferta concreta de ajuste de sus ingresos.
La ley 27.260, de 2016, declaró el “estado de emergencia en materia de litigiosidad previsional” por tres años. Y ese estado de emergencia habilitó la vigencia del plan de reparación. De todas formas y según fuentes de la Anses, no se cerrará totalmente la posibilidad de que los jubilados que no lo hicieron hasta ahora acepten la propuesta de recomposición del haber y de pago de un retroactivo (esto último, en el caso de quienes renuncien a un juicio en trámite). De hecho, una resolución del organismo previsional, que según lo previsto se publicará mañana en el Boletín Oficial, habilitará un nuevo mecanismo, con un tratamiento personalizado de los casos en los que haya disconformidad con el recálculo del ingreso implícito en la propuesta. Así, entonces, se dejará la puerta abierta para que se pueda dar el aval a la oferta, aunque la forma y los tiempos dependerán de reglamentaciones de la Anses.
“Los beneficiarios que no rechazaron la propuesta podrán continuar con el trámite de reparación”, dijeron a desde el organismo. Agregaron la nacion que quienes ya expresaron su rechazo no podrán volver atrás con su decisión (algo que sí se permitió hasta ahora, con cambios de opinión que fueron la reacción a correcciones de cifras por parte de la Anses).
Las demoras en decidir si aceptar o no el plan tienen que ver, en muchos casos, con el hecho de estar a la espera de una sentencia judicial (dar el aval implica renunciar al litigio).
Para quienes hayan aceptado pero no tienen todo el trámite finalizado, la gestión seguirá su curso.
En tanto, entre las situaciones todavía no resueltas están las de los jubilados que no recibieron una propuesta concreta, las de viudas o viudos de quienes fallecieron sin haber realizado el trámite (son situaciones referidas al monto de las pensiones actuales), y las de personas que dieron su aceptación y firmaron el acuerdo pero que, por alguna cuestión tecnológica, tienen gestiones que no avanzaron, según enumeró la abogada Andrea Falcone.
Respuestas caso por caso
Desde el Gobierno afirman que, más allá de determinarse la finalización del programa, se seguirá tratando de dar respuestas a todos esos casos. “Hay personas a las que no se les pudo ofrecer una propuesta, porque no contábamos con los datos en forma completa”, señalan. Y advierten que ello exige reconstruir las historias previsionales “obligando a otros tiempos de gestión”.
Según datos oficiales, el plan generó mejoras en los haberes que, en promedio, son de 38%. Al día 15 de este mes fueron homologados judicialmente 727.112 acuerdos entre jubilados y el Estado, con lo cual esa es la cantidad de trámites finalizados. El total de ofertas aceptadas es de 1.161.800. Y la diferencia entre el número de pasivos que cobran un aumento (1.353.000) y esta última cifra responde a que en algunos casos se pagó sin exigir gestiones (ocurrió con los mayores de 90 años y con quienes sufren enfermedades terminales).
Otras cifras indican que 540.000 pasivos dejaron de percibir el haber mínimo para pasar a cobrar una cifra mayor, y que 77.000 expresaron su rechazo a la propuesta para así seguir con su litigio o bien para iniciar uno que, según esperan, les otorgue un ingreso más alto que el ofrecido por la reparación. Este plan adopta el criterio de la Corte Suprema, respecto de que las prestaciones fueron mal calculadas y mal actualizadas (sobre todo entre 2002 y 2006), pero no utiliza el mismo índice que la Justicia para recalcular los haberes. De allí que haya diferencias en los números.
Según la estadística más reciente de la Cámara Federal de la Seguridad Social, en los juzgados de primera instancia y en las salas de apelación había, a marzo de este año, 218.242 juicios en trámite referidos a reajustes. Muchos son por temas que no fueron contemplados en la reparación.
“El plan mejoró el ingreso de muchos beneficiarios que por distintos motivos, como por ejemplo la falta de acceso a la Justicia, no iban a iniciar nunca una demanda”, evalúa el abogado previsional Adrián Tróccoli. Y agrega: “no sirvió para reducir la litigiosidad; hoy se inician menos juicios que antes, pero eso responde a que la ley de movilidad de 2009 mejoró el cálculo del haber inicial y la actualización posterior de los ingresos”. Eso determinó que haya menos razones para ir a la Justicia.
La reparación histórica implica un reconocimiento de que el Estado les pagó, a muchos jubilados y durante años, menos de lo que correspondía. Ello, en función de lo dispuesto por la Corte Suprema en cuatro sentencias; las de mayor impacto son dos.
Una es la correspondiente a la causa de Adolfo Badaro, en la que se declaró que entre 2002 y 2006 los haberes debieron haber subido no menos que la evolución que tuvo un índice salarial (esa variable había subido 88,57%, mientras que muchos jubilados habían recibido apenas un 11% y solo hacia el final del período). El otro fallo es de 2009: en la causa promovida por Alberto Elliff se ordenó actualizar el valor histórico de los 120 últimos salarios percibidos por quien se jubila. El promedio de esas cifras es parte de la fórmula del haber inicial, y no ajustarlas provocó que, por años, las jubilaciones fueran mal calculadas.