Conectividad, infraestructura y gobiernos: alineando objetivos
Nadie tiene dudas de que el despliegue de redes de telecomunicaciones de banda ancha (fija o móvil) es una necesidad de las sociedades modernas. Como sucede muchas veces, los medios adoptados para hacer realidad estos objetivos no son siempre consistentes con los fines declamados y normalmente compartidos.
Uno de los cuellos de botella que tiene el despliegue de redes de banda ancha está en el elevado costo que tiene la obra civil para la infraestructura de soporte, algo que es producto de normativas, generalmente locales, inadecuadas. Se suele enfocar el problema en las antenas de la telefonía móvil, pero el problema existe también para el tendido de fibra óptica (instalación de ductos o postes).
El creciente volumen de tráfico requiere no solamente de más antenas, sino de más fibra. El 5G aumentará dicha necesidad. Por tanto, las medidas destinadas a aumentar la eficiencia del uso de las infraestructuras existentes y reducir los costos y obstáculos en la realización de nuevas obras civiles, representan una contribución sustancial para un despliegue rápido, económico y amplio de las redes de comunicaciones de alta velocidad.
La Corte Suprema de Justicia acaba de dar una buena señal, al acotar el poder de policía local a la no interferencia de un servicio federal como el de comunicaciones (el fallo es el de la causa Telefónica Móviles SA c/ Municipalidad de Güemes). Pero es necesario avanzar en alternativas que no solo no dificulten el despliegue, sino que lo faciliten.
Es allí donde el modelo de compartición de infraestructura pasiva juega un rol trascendente para promover el uso de capacidad ociosa en infraestructura existente (del propio sector TIC o de otras industrias relacionadas), así como también el despliegue coordinado a través de la asociación entre operadores (coinversión). La compartición de infraestructura pasiva es una política simétrica que busca incentivar el uso racional de espacios comunes y el desarrollo ordenado de infraestructura en un sentido transversal (TIC y otros servicios públicos).
Por ello, esta modalidad regulatoria suele estar emparentada con la planificación urbanística más que con la promoción de la competencia, aunque tenga efectos sobre esta última variable.
Una opción que muestra buenos resultados en Europa es la política de co-inversión, que incentiva a que las compañías sean las que acuerden el despliegue común de infraestructura de comunicaciones.
Varias medidas que ha impulsado el Gobierno buscan facilitar el despliegue. Entre ellas, el programa de antenas amigables del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que ya visitó más de 600 localidades explicando los efectos inocuos de las radiaciones cuando las antenas operan dentro de las potencias autorizadas, la actualización de ordenanzas municipales, el decreto 798/16 y, más recientemente, también el proyecto de la ley de despliegue de infraestructura y competitividad TIC –que tuvo sanción del Senado–, la propuesta de reglamentación de compartición de infraestructura pasiva, ya incluida en el decreto 764/00, y la ley Argentina Digital 27078.