Una de cada cuatro normas fue aprobada por un DNU
Un informe de la Universidad Austral revela que desde 1983 se promulgaron 1139 decretos y se sancionaron 4461 leyes
Una de cada cuatro normas con rango legislativo dictadas desde el regreso de la democracia fue emitida por decreto de necesidad y urgencia, y si bien el dictado de esas normas cayó de manera rotunda desde que se reglamentó por ley su control por parte del Poder Legislativo, apenas 46 de 275 decretos emitidos desde 2006 obtuvieron la aprobación de ambas cámaras del Congreso.
Así surge de un trabajo realizado por un equipo de profesores de la Universidad Austral, que recopiló los 1139 DNU emitidos desde diciembre de 1983. Desde esa fecha y hasta el 31 de diciembre del año pasado, el Congreso sancionó 4461 leyes. Esto da una proporción de 74,5% a 25,5% sobre el total de normas dictadas en el período analizado.
El informe también demuestra la carencia de control legislativo sobre los decretos de necesidad y urgencia que existe desde que se sancionó la ley 26.122, que estableció el régimen de control del Congreso de esas herramientas a través de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.
La norma fue sancionada en 2006. Desde entonces, los diferentes gobiernos emitieron 275 decretos de necesidad y urgencia. De ese total, solo 46 fueron aprobados en ambas cámaras y apenas cuatro fueron rechazados por una de ellas.
En otras palabras, ninguno de los DNU fue rechazado por el Congreso y mantienen o mantuvieron su vigencia hasta que fueron reemplazados por otro decreto u otra ley. Esto es el resultado, entre otros factores, de la impronta que le dio Cristina Kirchner a la reglamentación del trámite legislativo.
En su anterior período como senadora nacional, cuando ya era primera dama y a contramano de lo que había sostenido hasta ese momento, la expresidenta impulsó una ley que estableció la sanción ficta de los DNU, al establecer que mantendrían su vigencia y sus efectos jurídicos hasta tanto sean rechazados por ambas cámaras legislativas.
Conveniencia
La norma establece plazos para que la comisión bicameral se aboque al tratamiento de un decreto y, una vez vencido el mismo, “las cámaras deben darle inmediato y expreso tratamiento”, Pero al no disponer de sanciones o penalidades por este incumplimiento, ha permitido la laxitud de los legisladores, basada en la pura conveniencia política, a la hora de hacer uso de la facultad que le dan la ley y la propia Constitución nacional para controlar la facultad, solo en casos de urgencia, que tiene el Poder Ejecutivo para legislar.
De hecho, el informe destaca que, salvo en contadas ocasiones –sobre todo durante el período inmediato posterior a la crisis de 2001–, los decretos cumplieron con la necesidad y urgencia requerida.
Esta mora ha sido motivo de repetidas quejas por parte de bloques minoritarios, pero sus reclamos siempre cayeron en saco roto ante la conveniencia de los oficialismos en mantener vigente las decisiones emitidas por el Poder Ejecutivo al que respondían. Hace dos años, la senadora Lucila Crexell (MPNNeuquén) presentó un proyecto de resolución para exigir el tratamiento en el recinto de los dictámenes de la comisión bicameral. Su pedido nunca fue discutido.
Según el informe elaborado por la Universidad Austral, se ha llegado a extremos en que la resolución de una de las cámaras se produjo cuatro años después de que el Poder Ejecutivo dictara la medida.
Además, el tiempo promedio transcurrido entre la firma del dictamen por parte de la comisión y la validez por parte del Congreso es de nueve meses.