Ejemplificadora condena
No hace mucho, desde estas columnas nos ocupábamos del rol que le cabe al Estado ante un acto de intimidación pública, como una amenaza de bomba, a raíz de una seguidilla de llamadas telefónicas que obligan a evacuar lugares de alta concentración de personas.
En estos días, trascendió la condena que recibió un joven por haber llamado al 911 mintiendo respecto de que en una escuela de la localidad bonaerense de Ciudad Jardín había una bomba, en agosto de 2017. En esa fecha el joven tenía 16 años. El municipio de Tres de Febrero, cansado de repetidos episodios similares, lejos de considerar que fueran bromas juveniles, se presentó ante la Justicia como particular damnificado.
El fallo del juez Ramón Bogado Tula, del Juzgado de Responsabilidad Nº 2 de San Martín, al basarse en el artículo 211 del Código Penal referido al delito de intimidación pública, dictaminó la responsabilidad de quien hoy ya es mayor de edad. Dispuso así su obligación de completar un tratamiento tutelar durante un año. Además de asistir a la escuela, debe concurrir a un centro comunitario departamental y a talleres en una dependencia de explosivos, llevar adelante un tratamiento psicológico y presentarse quincenalmente en la sede judicial. Con la intención de que pueda comprender cabalmente las implicancias de su accionar, el juez determinó también que el joven conozca los protocolos que se activan ante denuncias de amenazas de bomba en el 911 y los perjuicios de que ocasionan.
De la causa civil surgirá el monto económico
aplicable al resarcimiento que corresponda al denunciante por los recursos estatales que hubo que asignar a la contención y atención de los efectos generados por el desaprensivo accionar del joven. Resta aún que el juez fije la pena, que puede ir de dos a seis años de prisión.
También en estos días trascendieron los dichos del conductor Samuel Gelblung, quien, desde la pantalla televisiva, realizó lo que debiera considerarse una vergonzosa confesión. Relató las dos situaciones en las que realizó sendos llamados para advertir de la colocación de bombas, en ambas con el solo objetivo de sacar algún rédito personal, laboral en un caso y amoroso por el otro. Entre risas nerviosas de los presentes, Gelblung afirmó que no se arrepentía de haberlo hecho y cuestionó: “¿Vos nunca usaste un recurso de esos? Era rutina parar un avión”. Desde las redes sociales, recibió duras críticas. Peligrosa apología del delito.
Una catarata de más de mil expedientes, solo en la provincia de Buenos Aires, habla de que no se trata de una situación que pueda tomarse a la ligera. Una vez más, insistimos sobre la importancia de sancionar también a los padres, ya que son ellos corresponsables del accionar de los menores. Las instituciones educativas no han de estar ausentes a la hora de prevenir este tipo de episodios. Deben denunciar estos actos intimidatorios y sancionar a quienes corresponda. Para concientizar, deberán también organizar charlas para estudiantes y padres, que contemplen invitar a los distintos actores que participan de estos operativos a fin de que puedan tomar real dimensión de los efectos de sus actos.