Suspendieron la actividad de las apps de delivery
El juez Roberto Gallardo ordenó, además, el bloqueo del pago con tarjetas de crédito y controles policiales para decomisar la mercadería
En un nuevo round de la batalla judicial contra las empresas de delivery, el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2, Roberto Gallardo, ordenó ayer suspender la actividad de Rappi, Glovo y Pedidosya en la ciudad de Buenos Aires con efecto inmediato.
También les pidió a las empresas de tarjetas de crédito el bloqueo de las operaciones y le solicitó a la Policía de la Ciudad que efectúe controles para identificar a los conductores de las bicicletas y motos dependientes de estas empresas y decomise la mercadería.
La resolución tiene efecto inmediato, pero desde las empresas de reparto no pudieron informar cuál será el alcance de la misma sobre el funcionamiento de sus plataformas. Fuentes judiciales fueron tajantes al aclarar que todas las partes ya fueron notificadas y quien no cumpla con lo ordenado “será denunciado penalmente por desobediencia”.
Hasta anoche Rappi, Glovo y Pedidosya no habían comunicado cuáles serían los pasos a seguir, y desde una empresa líder de tarjetas de crédito aseguraron que no habían recibido ninguna notificación.
Repartidores de las tres cadenas se vieron anoche en los barrios donde concentran mayor actividad, como Palermo y Belgrano. En tanto, fuentes de la Secretaría de Transporte y Tránsito de la Ciudad adelantaron que apelarán el fallo al considerar que es una medida que atenta contra la libertad de trabajo. En abril el mismo magistrado había ordenado que los repartidores de estas firmas no podían volver a las calles hasta no estar inscriptas en el Registro Único de Transporte en Motovehículos y/o Ciclorrodados, y que las empresas garanticen que todos los trabajadores “circulen con casco”, que “la caja portaobjeto esté anclada a la moto o a la bicicleta y no en la espalda” del conductor, que posean “seguro de vida y accidentes” y “libreta sanitaria” y que los rodados “cuenten con adecuada señalización luminosa”.
Para ejecutar el fallo, ayer se habilitó la feria judicial, dándole lugar a un reclamo de la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (Asimm), según informó el sitio ijudicial.gob.ar. La resolución de Gallardo tiene como objetivo ejecutar lo resuelto el pasado 10 de julio por la Cámara de Apelaciones del mismo fuero, que les daba un plazo de diez días a las empresas y cinco al Ejecutivo porteño para regularizar la actividad o, al menos, prohibir que los motociclistas y ciclistas que transportan pedidos circulen sin casco e indumentaria adecuada.
En la ciudad hay unos 5000 trabajadores que se desempeñan en firmas de mensajería y delivery. Otros 7000, se estima, prestan servicios de manera independiente.
La resolución tiene como objetivo “regularizar las prestaciones de las empresas, impedir que continúen produciéndose accidentes evitables; prevenir y evitar situaciones que conlleven daños a la salud por la eventual manipulación indebida de alimentos; y prevenir y evitar la distorsión de los sistemas de distribución”, según la información oficial.
Gallardo pidió, además, que Rappi, Glovo y Pedidosya entreguen a la Justicia, en los próximos dos días, una lista completa de su personal, la constancia de haberle entregado por su cuenta y cargo los elementos de seguridad vial exigidos por la ley (casco, indumentaria para visualización nocturna, fijación de caja en rodado), la acreditación de que cada repartidor posee libreta sanitaria vigente, y las constancias de regularidad laboral y de cobertura de seguros y ART.
El juez recordó que estos pedidos habían sido solicitados hace meses y aún no se efectuaron. Hasta tanto no se cumplan estas condiciones legales Gallardo ordenó la suspensión de la actividad de las tres empresas. Y les solicitó a Visa, Mastercard, Tarjeta Naranja y American Express bloquear las operaciones en sus plataformas.
Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad informaron que no habían recibido la notificación para ordenar controles, pero voceros aseguraron que el pedido deberá ser acatado si es una orden del juez. La resolución indica que todo envío transportado por Rappi, Glovo o Pedidosya que no respete los requisitos legales y judiciales “será decomisado por efectivos de la Policía de la Ciudad y remitido al área de análisis bromatológico del gobierno de la ciudad o al laboratorio de análisis químicos de la Policía”.
“Una vez efectivizado el decomiso –agrega– los efectivos policiales deberán permitir que el conductor continúe circulando con su vehículo, salvo que se verificasen otras infracciones a las normas de tránsito”. Las empresas, en tanto, serán sancionadas con $10.000 por cada infracción detectada.