Política sin propuestas.

La campaña electoral ha transcurrido hasta ahora alrededor de generalizaciones vacías de contenido y sin soluciones concretas a problemas conocidos

La campaña electoral ha transcurrido hasta ahora alrededor de generalizaciones vacías de contenido y sin soluciones concretas.

La campaña previa a las PASO, que tendrán lugar dentro de ocho días, ha transcurrido alrededor de grandes enunciados que poco o nada dicen sobre la forma en que habrán de concretarse. Esta conclusión queda a la vista cuando se transcriben algunas definiciones de los dos principales precandidatos presidenciales, que surgen de una serie de preguntas que, a pedido de este diario, se publicaron el domingo último.

“Para facilitar el empleo formal, necesitamos una legislación moderna”; “Debe empezar una conversación con toda la sociedad sobre la sustentabilidad de nuestro sistema previsional”; “El objetivo, a medida que se estabiliza la situación macroeconómica, es seguir bajando los impuestos”, dijo Mauricio Macri.

“Queremos recuperar el poder adquisitivo de las jubilaciones”; “No necesitamos una reforma laboral. Antes de quitar derechos a los que trabajan, debemos recomponer el salario real”; “Vamos a alinear el sistema tributario con el fin de poner la economía en marcha”, dijo Alberto Fernández.

Las plataformas partidarias publicadas este año reiteran la vieja fórmula de numerosas promesas y nulas precisiones. Que ello se mantenga sin cambios no es responsabilidad exclusiva de los candidatos. También es obligación de los medios y de la ciudadanía en su conjunto reclamarles que, además del qué es lo que quieren hacer, nos expliquen el cómo, el porqué y, de ser posible, el cuándo.

Las plataformas de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos, por citar las de las dos fuerzas con mayores probabilidades de imponerse electoralmente, según las encuestas que se conocen hasta el momento, son muy generosas en definiciones como defensa de la democracia, construcción de cimientos económicos, crecimiento sostenido, competitividad, equilibrio fiscal, combate a la inestabilidad monetaria y aliento al crecimiento. También, en augurar un cambio sustancial en políticas impositivas y un aumento de las exportaciones. Pero son todas generalidades. Falta establecer prioridades, recorridos y medidas tendientes a lograr esos objetivos y plazos.

En otros tiempos, los partidos difundían sus plataformas programáticas informando a la ciudadanía su propuesta concreta de gobierno. Se suponía que, en caso de alcanzar el poder, la fuerza triunfante se comprometía a llevar a cabo dichos postulados, elevando los correspondientes proyectos de ley o tomando las medidas requeridas.

Esas plataformas permitían a los ciudadanos un doble control: el de la comparación de la oferta diferenciada de los partidos y el que permitía al votante evaluar el tratamiento que recibiría el tema de su interés, permitiéndole optar entre las distintas propuestas. Un segundo control, más cercano al seguimiento que hoy hacen algunas ONG, se refería a fiscalizar el grado de cumplimiento de aquellas promesas electorales una vez instalado el partido en el poder, comparando su acción u omisión respecto de la plataforma o de las promesas de campaña.

Hoy las cosas han cambiado mucho. Los partidos parecieran haber perdido buena parte del contacto real con el ciudadano, mas allá de lealtades históricas o simpatías hacia determinadas personas o hacia un ideario cada vez más difuso.

Es particularmente grave que ni los candidatos, ni las alianzas electorales, ni los partidos propiamente dichos expliciten claramente cuáles son

sus propuestas de gobierno para el período para el cual pretenden ser elegidos. Peor aún es que hagan esto deliberadamente con el fin de navegar entre dos aguas o ser lo más ambiguos posible para no perder votos. Cualquier método parece válido cuando el objetivo es evitar el debate profundo. No se habla de las necesarias reformas estructurales que el país requiere, al tiempo que las dos fuerzas mayoritarias han reflotado en los últimos días el burocratismo, al prometer volver a transformar algunas secretarías de Estado en ministerios, cuando el aumento del peso del Estado no ha sido ni es la solución a nada, sino parte del problema.

Resulta tan lamentable como peligroso que algunos candidatos jueguen a favor de desestabilizar la situación económica. La frase de Alberto Fernández respecto de que para aumentar un 20% las jubilaciones durante un eventual gobierno suyo dejará de pagar los intereses de las Leliq –luego aclaró que apuntará a bajar considerablemente las actuales tasas– y que hoy el dólar está atrasado, pisado por las actuales autoridades, recuerda las expresiones de dirigentes peronistas en el exterior pidiendo, en 1989, que no le prestaran más dinero al gobierno de Alfonsín. El resultado es harto conocido: hiperinflación más pobreza y entrega adelantada del poder al menemismo.

Tal vez haya que buscar en esos exabruptos las verdaderas intenciones de algunos sectores. Por ejemplo, la necesidad de eliminar el Poder Judicial (Mempo Giardinelli), la de reformar la Constitución nacional para que la Justicia se “subordine” al poder popular (Raúl Zaffaroni y Francisco Durañona) o la de ejercer un estricto control de los capitales (Axel Kicillof).

En el camino, en tanto, van quedando intentos interesantes como el de acordar un decálogo de asuntos trascendentes para la Nación, las famosas “cuestiones de Estado”, cuyo peso las vuelve impostergables y que deberían sumar un acuerdo multipartidario. La propuesta en ese sentido del actual gobierno al resto de las fuerzas políticas, conocida como “los diez puntos”, solo tuvo un incipiente esbozo que se fue diluyendo de a poco, al punto que hoy pocos recordamos esa valiosa iniciativa –a la que le faltó una referencia a la cuestión educativa– que procuraba permitir el tránsito hacia un futuro con consensos elementales.

Se ha diluido, si no ha desaparecido, el tan necesario como decisivo debate de ideas y propuestas. La intención de captar el mayor espectro de votantes posible no debería conducir a ocultar o disfrazar las verdaderas ideas que impulsan uno u otro postulante. La publicación de las plataformas partidarias debería constituir una exigencia de cumplimiento ineludible planteada por ley.

Nuestra Nación atraviesa horas decisivas de cara a esta instancia electoral. Se suele decir que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Precisamente, los argentinos hemos de preguntarnos cuáles son los méritos que ponderamos en los candidatos, tan proclives a endulzar con el olvido episodios recientes, como a extrapolar una carismática simpatía de la pantalla a una boleta.

La Argentina necesita estadistas que puedan diseñar propuestas y aunar voluntades para plasmarlas en la realidad. Las plataformas electorales o, en su defecto, un detallado plan, dan precisamente contenido al futuro de cualquier gestión. A la hora de elegir, el pueblo debe “saber de qué se trata”. Nuestro futuro como Nación está en juego.