La silenciosa transformación hacia una mayor transparencia
El Estado ejerce sus funciones a través de actuaciones administrativas, en el marco de las cuales dicta actos internos y externos. Desde una habilitación, una contratación o un pago, todo se tramita en los famosos expedientes administrativos. Estos expedientes contienen el procedimiento de formación de los actos de los funcionarios públicos. Una de las grandes conquistas del derecho en este tema ha sido el reconocimiento a los ciudadanos de poder conocer su contenido. Fue una lucha continua y difícil, pues los gobiernos siempre caían en la tentación del secretismo, sobre todo teniendo en cuenta que una mayor transparencia permitiría un mayor control, que a muchos incomodaba o dejaba expuestos.
En efecto, un procedimiento administrativo transparente es una garantía de legitimidad de la actividad del Estado, no solo por el control que pueden ejercer los ciudadanos, sino también por el autocontrol que debe hacer el propio Estado a través de sus funcionarios y de los organismos de control interno, como la Sindicatura General de la Nación o la Oficina Anticorrupción, y externos, en el caso de la auditoría que ejercen el Congreso de la Nación o el defensor del pueblo. La falta de transparencia en el Estado es el escenario perfecto para que haya corrupción, ineficiencia y arbitrariedad en grandes dosis, y atenta contra la misma idea de República (del latín res publica: cosa pública) que nuestra Constitución adopta como forma de gobierno para el país.
La ley de acceso a la información pública sancionada en 2016 ha sido un hito fundamental en el avance hacia una mayor transparencia. Entre los principios consagrados con acierto en dicha ley están el de máxima divulgación, máximo acceso, máxima premura y gratuidad.
En esa línea, en la Argentina se está produciendo una transformación silenciosa que pocos conocen y difunden, que ciertamente importa en los hechos un cambio de paradigma crucial en materia de transparencia y modernización del Estado. Me estoy refiriendo a la decisión política, y su concreción, de ir hacia un gobierno abierto e inteligente a partir del uso intensivo de la tecnología de la información y las telecomunicaciones en las actividades del Estado.
Esta transformación, que era una deuda llamativamente postergada en nuestro país, tuvo su inicio en la ciudad de Buenos Aires en 2007, y el éxito allí obtenido sirvió de base para su implementación a toda la administración pública nacional a partir de 2016 por el gobierno recién asumido. Si bien dicho cambio se encuentra en pleno proceso, ya es una realidad en la mayoría de las dependencias públicas, e incluso se ha comenzado a aplicar en varias provincias y municipios.
Hoy en día un gobierno abierto debe desarrollarse a través de lo que la ciencia de la administración denomina e-government o gobierno digital. Sin embargo, no debe confundirse el concepto de gobierno abierto con el de gobierno electrónico. El gobierno abierto es más amplio, en la medida en que se trata de un modelo de administración que genera transparencia, participación y control, permite simplificar los trámites que deben realizar los ciudadanos (por ejemplo, no exigiendo la presentación de documentación que ya se encuentra en poder del Estado) y facilita la centralización de la información para la toma de decisiones inteligentes de buen gobierno.
Los primeros pasos fueron dándose en materia de contrataciones del Estado, exigiéndose la publicación de datos, dictámenes y actos en internet (open data), e incluso permitiendo luego la interacción digital entre los oferentes y los organismos públicos, y el reconocimiento de la firma digital. A partir de allí, y gracias al esfuerzo eficiente de muchos funcionarios, esta transformación ha ido expandiéndose por toda la actividad administrativa. Para ello fue necesario migrar del expediente en papel al expediente electrónico (se creó el sistema GDE: Gestión Documental Electrónica), una tarea titánica si se tiene en cuenta la dimensión de la administración pública nacional, que fue realizada con éxito. Ello permitió que el expediente administrativo pasara a ser de libre acceso dentro de la administración, y las relaciones y actuaciones internas entre funcionarios puedan tramitarse electrónicamente. Asimismo, ciertos expedientes, como los de algunas contrataciones públicas, son ahora accesibles para los ciudadanos también. Pero el avance más importante que está desarrollándose por estos días consiste en permitir mediante una plataforma llamada TAD (trámites a distancia) la posibilidad de la plena interacción vía internet de los ciudadanos con los organismos públicos en la mayoría de los trámites o procedimientos administrativos. El TAD permite que el ciudadano pueda ver el expediente y hacer sus presentaciones de manera virtual.
Siempre en materia de transparencia del Estado quedan cosas por hacer, pero debemos reconocer que mucho se ha hecho en estos últimos años en nuestro país, desde cero, desde el expediente en papel cosido a mano. Estamos por la buena senda: hemos salido finalmente del oscurantismo, y de a poco se está logrando, a su vez, combatir la burocracia. Debemos ser conscientes de que la transparencia es uno de los caminos para combatir los males y las tentaciones del poder, que generan pobreza en la Argentina. Tanto los ciudadanos como las ONG, y el propio Estado, podrán controlar ahora con mayor facilidad y eficacia la gestión pública.