Las cajas provinciales le cuestan a la Nación casi $20.000 millones anuales
Trece provincias mantienen sus sistemas previsionales y reciben fondos de la Anses para cubrir el rojo; Santa Cruz tiene un déficit entre ingresos y egresos del 80%
CÓRDOBA.– Mientras a nivel nacional sigue demorándose la definición de una reforma previsional necesaria para poder bajar de manera estructural el déficit fiscal y “aconsejada” por el Fondo Monetario Internacional (FMI), 13 provincias siguen manteniendo sus cajas de jubilaciones y recibiendo fondos de la Anses para cubrir el rojo. La exigencia de “armonizar” esos sistemas con el nacional quedó en la nada después de que se acordó que el financiamiento a transferir es el equivalente a que todos se jubilaran en las condiciones de la Anses. En 2018, en total se transfirieron
$19.529 millones, y hasta julio en total se enviaron $11.511 millones, según datos oficiales.
Para recibir esos recursos, las provincias deben cumplir con el envío de información que se inició a fines de 2016 y que es auditada por la Anses. Al día de hoy, las jurisdicciones que completaron el envío de todos los datos son Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Santa Fe, Formosa y Corrientes. La fórmula de cobertura del déficit por parte de la Nación cambió con esta administración; antes (más allá de que muchas veces no se cumpliera), el compromiso era cubrir el
100% del rojo. Especialistas consultados por la nacion admiten que si hubiera una reforma nacional, los gobiernos provinciales –aunque son autónomos en sus decisiones– estarían más presionados para sanear aunque sea en parte su déficit. El economista Oscar Cetrángolo reconoce que el tema es muy complejo desde su origen, en 1999, cuando la Nación exigió una “armonización” para poner plata.
“Hoy, la situación es inversa a la de aquel entonces; lo más razonable es que exista un solo sistema consolidado, pero es cierto que hay decisiones autónomas. No hay que perder de vista que la Nación viene impulsando la reducción de contribuciones patronales y del impuesto al cheque, con lo que si no hay una reforma integral el sistema de jubilaciones volará por los aires o bien tendrá que recurrir nuevamente a fondos coparticipables”, agrega el especialista.
En promedio, los regímenes provinciales representan el 15% del gasto total provincial; en Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe esa proporción es más alta: 20%. En Tierra del Fuego y Santa Cruz, el aumento es fuerte: pasaron del 7% y el 12% del gasto en 2006 al 17% y el 26% en 2016, según se desprende del trabajo de Cetrángolo.
Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego son las que mantienen los sistemas previsionales bajo su órbita; en los últimos años, algunas instrumentaron reformas, aunque es muy heterogénea la magnitud de los cambios.
A fines de 2017, Tierra del Fuego –cuyo déficit previsional anual es de $600 millones– reformó el régimen para “garantizar la sustentabilidad” y “reconstituir la ecuación previsional” para “tratar de evitar la transferencia de la caja provincial a la Anses”.
Formosa, con un rojo previsional que supera los $1000 millones, hizo modificaciones a su régimen a mediados de 2016: el haber jubilatorio máximo es del 52,5% del sueldo en actividad (se paga el 82% de ese tope a las jubilaciones especiales y ordinarias); la edad cambió progresivamente desde el año pasado, hombres, 62, y mujeres, 59 años; en 2020, 63 y 60; en 2022, 64 y 60 años, y en 2024, 65 y 60 años, respectivamente. Los años de aportes son 25.
Cuando la exigencia de “armonización” todavía existía, las provincias más avanzadas eran Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, pero también son las que tienen los mayores déficits: $10.500 millones, $8000 millones y $6000 millones, respectivamente.
Un reporte reciente de Cetrángolo destaca que la tasa conjunta de aportes y contribuciones para el promedio de cajas provinciales es del 30,6%, por encima del SIPA, que ronda 23%. Buenos Aires tiene la menor tasa sobre la nómina salarial: 26% general y 28% docente, y Córdoba, la más alta: 38%.
“La foto actual es fruto de importantes cambios en los últimos años para atender problemas de solvencia, sobre todo en aquellos regímenes más jóvenes, cuyas alícuotas eran muy inferiores al resto”, describe. Los casos más salientes son Santa Cruz y Tierra del Fuego, que pasaron del 23,5% y 20,5% al 30%, respectivamente, desde comienzos del 2000 a la actualidad.
En las condiciones de acceso necesarias para recibir la prestación, hay sensibles diferencias entre regímenes y con el SIPA; cerca de la mitad de los provinciales no transferidos cuentan con requisitos menos estrictos que el nacional.
En términos de edad de retiro, Buenos Aires, Chaco, Tierra del Fuego, Chubut, Entre Ríos, Neuquén y, especialmente, Santa Cruz (54 años para el hombre y 50 para la mujer) están por debajo del resto y del SIPA (65 y 60 años). Hay mayor uniformidad en los años de contribución requeridos; solo La Pampa y Buenos Aires son más laxos que el resto y que la Nación.
La Caja de Santa Cruz tiene un déficit entre ingresos y egresos por seguridad social equivalente a más del 80% de las entradas, mientras que para el resto los desequilibrios rondan el 40% de sus ingresos respectivos. En Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, el indicador no supera el 15%. Tierra del Fuego, Misiones y Chubut son las únicas en equilibrio.
Según Cetrángolo, el resultado agregado de todas las cajas registra una evolución relativamente estable y algo inferior al 0,2% del producto bruto interno entre 2008 y 2011, para alcanzar el 0,26% del PBI entre 2012 y 2016, lo que muestra cierto deterioro.