Casanello citó a Báez y a Fariña por la compra de una estancia
Investiga una operación por US$14 millones realizada en Uruguay
El juez federal Sebastián Casanello ordenó una tanda de indagatorias en la causa conocida como “la ruta del dinero”, en la que se investigan las maniobras de lavado del empresario Lázaro Báez, que se encuentra detenido desde 2016.
En este tramo del expediente se citó a declarar a quienes habrían gestionado la compra irregular de la estancia El Entrevero, en 2011, en Uruguay, por US$14 millones, con dinero de la corrupción.
Esa operación se habría dado, según reconstruyó el juez, a través de la sociedad Traline SA, a cargo de Daniel Pérez Gadín. Asimismo, se le pidió a Uruguay el embargo preventivo del campo, con fines de decomiso.
Además de la información que le proporcionó de la Unidad de Información Financiera (UIF), que es querellante en este expediente, Casanello recibió material de la Justicia uruguaya. Un fiscal del país vecino ya estaba detrás de esta maniobra y le había pedido a la Justicia argentina la detención y la extradición de Pérez Gadín.
Como ese pedido fue rechazado en los tribunales de Lomas de Zamora, donde también se investiga a Pérez Gadín, se le brindó a Casanello la información financiera que recopiló la Justicia uruguaya para que siguiera adelante con la investigación sobre el hecho.
En esta causa fueron citados Lázaro Báez y su hijo Martín Báez; Leonardo Fariña; Maximiliano Acosta; Goff Dávila; Daniel Pérez Gadín; Santiago Carradori; Antonio de Marco, y Osvaldo Guthux, para que presten declaración indagatoria durante septiembre.
Báez y Fariña ya se encuentran en la etapa del juicio oral por el primer tramo de esta causa, en la que se investiga el delito de lavado por 60 millones de dólares.
En esa parte del expediente, Casanello analizó, entre 2013 y 2017, las maniobras a través de las cuales Lázaro Báez montó, junto a una veintena de acusados –entre los cuales se encuentran sus cuatro hijos–, una estructura jurídica, bancaria y societaria para canalizar el dinero de origen espurio al exterior, para luego reintroducirlo en el mercado local a través de operaciones financieras.
Por maniobras similares que Casanello investigó en esta causa –a raíz de la compra de un campo en Mendoza– había sido procesado Roberto Erusalimsky. La Cámara Federal, sin embargo, revocó su procesamiento. Fariña ya declaró como arrepentido en este expediente en 2016. Allí confesó que había llevado adelante maniobras para blanquear dinero de origen ilícito de Lázaro Báez proveniente de la construcción. Con sus dichos comprometió a Báez y a los Kirchner.
Casanello siguió adelante con la investigación y este año elevó a juicio a los financistas de Provalor y a los representantes del banco suizo Lombard Odieu, responsables de las maniobras para expatriar parte de los fondos. La situación de Báez no se reduce solamente a este expediente. Si bien se encuentra detenido desde 2016 por una orden de Casanello, también se encuentra involucrado en la causa Vialidad junto a la expresidenta Cristina Kirchner por el direccionamiento de obras públicas viales en Santa Cruz para su empresa. También está implicado en las causas Los Sauces y Hotesur.
Este año, en medio de las repercusiones que tuvo el caso D’Alessio, a cargo del juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, los abogados de Báez dijeron que a Fariña se lo indujo a declarar en contra de Báez y de los Kirchner. El grupo de abogados que defendió a Lázaro Báez en los últimos años en varios de los frentes judiciales fue señalado por haber elaborado estrategias delictivas en su defensa. Una de ellas fue la recusación contra Casanello en 2016, cuando Santiago Viola, abogado de uno de los hijos de Báez, dijo que el juez había visitado la quinta de Olivos para dialogar con la entonces presidenta Cristina Kirchner sobre ese expediente. Esa maniobra también se investiga en los tribunales de Comodoro Py.