Lula quedó en el centro de una nueva pulseada judicial
La Corte anuló el traslado del expresidente de la sede policial de Curitiba a una cárcel de San Pablo
RÍO DE JANEIRO (De nuestro corresponsal).– Preso desde hace casi un año y medio, el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva quedó ayer en medio de una nueva disputa judicial luego de que una jueza federal ordenó por la mañana su traslado de la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba a una cárcel común en el estado de San Pablo, pero al final de la tarde la decisión fue anulada por la Corte Suprema.
Por 10 votos a favor y uno en contra, los jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) decidieron mantener al máximo líder del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) alojado en su celda especial de la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, donde desde el 7 de abril del año pasado cumple una pena de ocho años y 10 meses por corrupción y lavado de dinero en el marco de la operación Lava Jato.
La mayoría de los magistrados del STF aceptó el pedido de la defensa de Lula para que no haya ninguna alteración hasta que la propia Corte no juzgue un recurso de habeas corpus presentado por sus abogados para concederle la libertad en razón de las sospechas de parcialidad del exjuez Sergio Moro, actual ministro de Justicia del gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro.
Fue Moro quien en julio de 2017 condenó a Lula en primera instancia a nueve años y seis meses de prisión por corrupción y lavado de dinero, por haber recibido de la constructora OAS un departamento tríplex en el balneario de Guarujá como soborno en especie a cambio de garantizar a la empresa contratos con Petrobras durante su gobierno (2003-2010).
En enero de 2018, la pena fue ampliada a 12 años y un mes de reclusión por el Tribunal Regional Federal de la 4ª región, en Porto Alegre, y luego de varias apelaciones de sus abogados, el popular expresidente quedó detenido en abril, cuando era el candidato favorito para las elecciones de octubre, que finalmente ganó Bolsonaro.
En abril de este año, tras una apelación de la defensa, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) mantuvo la condena pero redujo la pena a los actuales ocho años y 10 meses de prisión; en estas circunstancias, Lula podría solicitar a partir del próximo mes el pase a un régimen de reclusión semiabierto o incluso un arresto domiciliario.
Sin embargo, desde junio, el sitio The Intercept ha revelado diálogos mantenidos durante el proceso original entre Moro y los fiscales del Lava Jato que fueron considerados impropios ya que el exmagistrado habría orientado a la parte denunciante sobre las estrategias a seguir en la causa contra Lula.
“El asunto se revela de indiscutible urgencia”, resaltó el juez Edson Fachin, al proponer una medida cautelar contra cualquier modificación de la reclusión del exmandatario hasta que el STF no analice el pedido de habeas corpus de la defensa de Lula, probablemente la próxima semana.
La agitación había comenzado temprano por la mañana, cuando sorpresivamente la jueza federal Carolina Lebbos ordenó el traslado del expresidente a una unidad carcelaria del estado de San Pablo.
Argumentó que atendía el reclamo del superintendente de la Policía Federal, Luciano Flores, quien señaló que la detención de Lula en Curitiba alteraba demasiado la rutina en las instalaciones policiales y de toda la zona donde se encuentra la Superintendencia, ya que en sus inmediaciones se instaló un campamento de simpatizantes –apodado “Lula Libre”– que ha sido escenario de constantes enfrentamientos con opositores y un estorbo a la vida de los vecinos.
Durante el día se informó que Lula debería ser enviado al presidio de Tremembé, en el interior del estado, unos 170 km al oeste de São Bernardo do Campo, donde el exmandatario tenía domicilio.