Juárez, el sindicalista que se decía empresario, pero se movía como un hombre de finanzas
Un informe judicial demostraría las multimillonarias inversiones del gremialista portuario
ROSARIO.– “Les vengo a hablar como un empresario, no como un sindicalista”, era una frase que repetía Herme Juárez cuando negociaba las tarifas en dólares que cobraba en las terminales portuarias del Gran Rosario la Cooperativa de Trabajadores de Puerto General San Martín, entidad que él manejó desde sus inicios, en 1969.
No era un eufemismo del secretario general del Sindicato Unidos Portuarios Argentina (SUPA), que sigue detenido y fue procesado por el juez federal de Campana Adrián González Charvay por supuesta “administración fraudulenta, coacción agravada y lavado de activos”.
Vino Caliente, como apodaban a Juárez, logró construir un imperio en San Lorenzo con las montañas de dinero que ingresaban a la cooperativa, que se nutría con unos 700 operarios del gremio del SUPA. Pero, más que un empresario, como decía ser, Juárez era un hombre de finanzas, según se desprende de la investigación judicial.
Esta investigación se inició con otra sospecha, la de narcotráfico, luego de que, a través de una denuncia anónima a la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), se advirtió que Juárez podría estar vinculado al tráfico de estupefacientes en el puerto de Zárate, donde estaría relacionado con un cartel mexicano para exportar drogas. Pero la investigación que hizo Prefectura naufragó sobre este punto. No encontraron indicios de vínculos con narcotraficantes. En el Ministerio de Seguridad, sin embargo, sospechan que Vino Caliente pudo influir en esa investigación con los nexos que tenía con Prefectura.
El juez federal de Campana, quien tras dictar el procesamiento se declaró incompetente y envió la causa a su colega de Rosario Carlos Vera Barros, sí encontró indicios de delitos por el manejo oscuro de los fondos de la cooperativa.
Según el expediente, en 2017 el patrimonio de la cooperativa, que se dedica a la estiba en los puertos de los barcos que cargan soja y productos derivados, ascendía a $2100 millones. De acuerdo con el informe que consta en la causa, tuvo un excedente de $439 millones. “La estructura del activo está compuesta por inversiones financieras que totalizaron $1156 millones en el ejercicio 2017 y se incrementaron aproximadamente en un 38% respecto de las del año anterior”, señala el documento.
Inversiones millonarias
Esos excedentes, según sospechan los investigadores, “eran principalmente fondos comunes de inversión, inversiones en plazo fijo y acciones en la sociedad Bunge Limited”, radicada en el Reino Unido.
A la par de estos registros contables, hay escuchas telefónicas en la causa que aportan más indicios sobre el manejo de los fondos de la cooperativa, que Juárez habría usado para su beneficio personal. Se montó una red de empresas a nombre de los hijos de Juárez y firmas que serían financieras para manejar y multiplicar los dividendos de la cooperativa.
El 31 de enero pasado, Juárez llamó a un agente financiero de un banco con el objetivo de replantear las inversiones. El broker “lo puso al corriente de las inversiones existentes bajo su titularidad, indicando que tiene casi US$2 millones en LETE (Letras del Tesoro de la Nación) que se vencerían el 28 de junio, junto con otros $16 millones en un fondo de inversión”.
“Pueden observarse los altos rendimientos que tiene la cooperativa, que opera en la práctica como una verdadera sociedad comercial, evidenciados en el importante patrimonio de quienes la dirigen”, señala el procesamiento dictado por el juez Charvay, que alcanzó a Juárez y su hijo Oscar (ambos seguirán detenidos); a Daniel Badía, hombre de confianza de Juárez; los hermanos Damián Bunello y Pablo Bunello, gerentes de la cooperativa; el agente marítimo Hernán López, y el abogado Ramón Jorge Jerez.
“Llama la atención el extraordinario patrimonio que posee la Cooperativa de Trabajos Portuarios, el cual se compone de bienes que no guardarían relación con el objeto y los servicios prestados por la misma, tales como aeronaves valuadas en $15 millones que habrían sido utilizadas por Juárez y su familia para viajar a Uruguay”, agrega el documento. Los viajes recurrentes a Punta del Este tenían que ver, según se desprende de la causa, con propiedades en el complejo inmobiliario Imperiale Luxury Condominiums.