Sin tensión y en un trámite veloz, Diputados aprobó la emergencia alimentaria
Para evitar desbordes en las calles, oficialismo y oposición avanzaron en una sesión breve y sin altercados, en la que el proyecto recibió el aval de 222 legisladores y una sola abstención
Tras un debate ordenado y sin sobresaltos, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad y giró al Senado el proyecto de ley que prorroga hasta 2022 la emergencia alimentaria, una iniciativa gestada por la oposición peronista que dispone ampliar hasta fin de año, en un 50% como mínimo, las partidas presupuestarias destinadas a las políticas nutricionales.
La sesión apenas insumió tres horas; el acuerdo entre el oficialismo y los bloques peronistas fue realizar una sesión expeditiva para evitar posibles desbordes en las calles, donde estaban congregados cientos de manifestantes de los movimientos sociales.
La votación en general arrojó 222 votos positivos. Solo se abstuvo la diputada Mónica Schlottahuer, de la Izquierda Socialista-FIT, por considerar que el proyecto es insuficiente para paliar el problema del hambre. Fue la única voz disidente: oficialismo y oposición apoyaron el proyecto sin introducir modificaciones de fondo, postal que se repetiría el miércoles próximo cuando el Senado busque convertirlo en ley.
La suba del 50% de las partidas destinadas a políticas alimentarias tendrá un costo fiscal de poco más de $10.000 millones de pesos, estimó la Oficina de Presupuesto del Congreso. Empero, este aumento no implicará una suba del gasto, aclararon en el oficialismo, sino que provendrá de una reasignación de partidas que realizará el jefe de Gabinete.
Así planteado, el proyecto no alteraría el equilibrio de las cuentas fiscales, un objetivo clave del Gobierno. Por esa razón, los legisladores oficialistas aceptaron dar el debate. El jefe del bloque del Frente para la Victoria-PJ, Agustín Rossi, agradeció el gesto del oficialismo y evitó –en una suerte de devolución de gentilezas– lanzar críticas incómodas contra la gestión de Mauricio Macri.
“Los problemas sociales no se resuelven con políticas sociales, sino con políticas económicas –enfatizó Rossi–. Estos son paliativos para superar la emergencia, pero estamos convencidos de que estos problemas se resuelven cuando la Argentina retome un rumbo de crecimiento económico”.
Previamente, el diputado Daniel Arroyo (Red por Argentina) insistió en que este proyecto procura “atender lo básico: que haya alimentos en los comedores”. “Estamos frente a una situación compleja y delicada”, advirtió.
Mario Negri, jefe del interbloque de diputados de Cambiemos, pronunció también un discurso conciliador, aunque sobre el final deslizó alguna crítica a los gobernadores. “Desde el Gobierno, aun con errores y con aciertos, atendimos la política social. Quizá no todo lo que hace falta, porque esto va muy al compás de los sinsabores que la economía va produciendo”, admitió el radical, quien exaltó los sucesivos aumentos presupuestarios de los programas sociales en el último año.
“Le pediremos a las provincias y a los municipios que saquen un poco de la caja que tienen guardada y que ayuden también ellos”, acicateó.
Otro punto del proyecto aprobado ayer dispone que, a partir del año próximo –es decir, tras la asunción del nuevo gobierno–, el jefe de Gabinete estará facultado a actualizar las partidas de acuerdo a la variación del rubro alimentos y bebidas del índice de precios al consumidor (IPC) y de la canasta básica alimentaria. Esta cláusula no es imperativa, sino facultativa.
Durante la discusión hubo intentos de introducir modificaciones, sin éxito. Por caso, los gobernadores peronistas, en la voz del diputado entrerriano Juan José Bahillo, reclamaron que el aumento en las partidas alimentarias sea coparticipado. “Queremos que este incremento llegue a las provincias”, enfatizó Bahillo al advertir que, en aquellos programas cofinanciados con la Nación, son las provincias las que actualmente invierten más recursos. El diputado Carlos Castagneto coincidió: “La ecuación se invirtió respecto de 2015”, enfatizó.
Por su parte, el diputado Pablo Kosiner (Argentina Federal) advirtió que este proyecto, aunque necesario, no soluciona los problemas de fondo.
En el mismo sentido, Marco Lavagna (Consenso Federal) advirtió que la pobreza se convirtió en un “problema estructural que hemos naturalizado” y que una solución sería cumplir con las leyes ya votadas.
Kosiner coincidió. “Necesitamos instrumentos que lleguen de manera institucionalizada, ordenada, directamente al que necesita el apoyo alimentario”, sostuvo.