Por una sentencia, Cataluña vuelve a estallar
El Tribunal Supremo castigó a 12 exfuncionarios y activistas con hasta 13 años de cárcel por su papel en la secesionista de 2017; reactivan el pedido de captura sobre Puigdemont
(De nuestra corresponsal).– En una decisión que provocó violentas protestas y despertó nuevamente la incertidumbre en torno del proceso secesionista de Cataluña, el Tribunal Supremo español anunció ayer condenas de hasta 13 años de cárcel a 12 exfuncionarios y activistas que desempeñaron un papel determinante en el fallido intento de independencia de 2017, liderado por Carles Puigdemont, exiliado en Bruselas. Más de un centenar de vuelos fueron cancelados cuando los manifestantes hicieron colapsar el aeropuerto de Barcelona.
MADRID.– La tensión independentista volvió a España. Hubo graves disturbios y cargas luego de que la Justicia condenara a penas de entre nueve y 13 años de prisión a líderes del llamado “procés” por el que hace dos años se intentó separar a Cataluña para convertirla en una república independiente.
Fue un día emocionalmente muy intenso. Hubo fuertes choques entre la policía autonómica y manifestantes que, con el mote de “tsunami democrático”, clamaron por la libertad de “los presos políticos”.
Pero, a diferencia de lo ocurrido hace dos años, esta vez la represión no fue protagonizada por la policía nacional, sino que, mayoritariamente, estuvo a cargo de los Mossos d’Esquadra, la policía regional catalana, que responde al gobierno independentista.
Los desbordes lograron llevarse el relato en imágenes de una jornada en la que el gobierno del socialista Pedro Sánchez quiso destacar “la normalidad institucional” y el “Estado de Derecho” que rige en el país. “Los dirigentes independentistas no fueron juzgados por sus ideas, sino por haber cometido actos contrarios a nuestra legislación”, dijo.
Sánchez también pareció descartar que, ahora que hay condena firme, vaya a indultar a los 12 dirigentes condenados. “Lo que queda es acatar y cumplir la sentencia en su totalidad”, subrayó.
La sentencia estuvo a cargo del Tribunal Supremo. Fue un fallo unánime y consecuencia de un largo proceso judicial abierto y televisado a todo el mundo. “Un proceso impecable”, destacaron líderes políticos.
Del otro lado, el presidente del gobierno independentista catalán, Joaquín Torra, lo catalogó como “una vergüenza para la democracia” e hizo un llamamiento popular para “resistirlo”. Durante varias horas el aeropuerto El Prat, de Barcelona, fue rodeado por manifestantes. Ocho mil pasajeros quedaron bloqueados y más de un centenar de vuelos fueron cancelados. Algo similar ocurrió con los servicios del tren de alta velocidad (AVE).
El fallo activó también la orden internacional para capturar al expresidente regional Carles Puigdemont, quien reside en Bélgica, donde se refugió apenas 48 horas después del fallido intento secesionista.
La mayor de las condenas recayó sobre el exvicepresidente de Cataluña y figura clave del independentismo, Oriol Junqueras. A él se le aplicaron 13 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación para cargos públicos. “Esto no es justicia, es venganza”, dijo Junqueras desde la cárcel. “Esto no me condena a mí, sino a toda la sociedad, pero quiero dejar en claro que nada me alejará de mis convicciones”, añadió.
Se trata de la primera condena de ese tipo que se conoce en la Unión Europea (UE) y el gobierno español se prepara para defender “el respeto al Estado de Derecho” ante sus pares de bloque (ver aparte).
Las penas son duras, pero mucho menos que los 25 años que pedía la fiscalía. La diferencia está en que los magistrados no consideraron probado el delito de “rebelión”, que es el que mayor castigo lleva. “Hubo episodios de violencia, pero insuficientes para configurar el delito de rebelión”, dice la sentencia que, en cambio, sí da por probados los de sedición y malversación.
Además de los 13 años de prisión para Junqueras, el Supremo impuso 12 para los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. Muy cerca de los 11 años y seis meses que se le aplicaron a la expresidenta del Parlamento regional Carme Forcadell. Con penas de 10 años y medio para los exconsejeros Josep Rull y Joaquín Forn; y con nueve para cada uno de los “Jordis”, tal como se conoce a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, extitulares de las plataformas independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Omnium Cultural.
Hubo condenas menores para otros tres exconsejeros. La coincidencia entre juristas es que la mayoría de los condenados podrían tener cerca el acceso a un régimen de semilibertad. Bastaría el cumplimiento de un cuarto de condena y acreditar buena conducta. El primero de los requisitos sumará los dos años que ya llevan de prisión.
Entre las paradojas figura que todos los condenados están alojados en cárceles catalanas, de las que el gobierno regional independentista tiene la llave. Pero, pese a que los define como “presos políticos”, hay enormes dudas de que se anime a dejarlos en libertad.