La disputa ingresó en una enigmática instancia política

LMADRID a sentencia tan esperada llegó. El veredicto “histórico”, como califican muchos, se conoció y, por lo menos en lo formal, cerró una etapa y abrió otra para el desafío institucional más grave que tuvo la democracia española en lo que va del siglo.

El período que se cierra es el judicial. Los recursos que previsiblemente presentarán las defensas –y previsiblemente una de las acusaciones particulares, en este caso, la que ejercieron abogados de la derecha radical– no impedirán que la sentencia ya sea firme.

De modo que cerrada la etapa de contienda en los tribunales la que toca abrirse es la política. El gobierno nacional, que tiene en ejercicio al socialista Pedro Sánchez, parece tener más o menos definida su línea de acción.

Por un lado, el argumento de que el proceso judicial fue “transparente y ajustado a derecho”. Por el otro, con la convocatoria a los partidos mayoritarios y la apertura de un proceso de “diálogo” para abordar el conflicto catalán.

La articulación de una estrategia política es todavía un enigma en el frente independentista.

La difusión del fallo unificó en el rechazo, en la rabia y en la descalificación el discurso de sectores que, puertas adentro, no coinciden en el camino futuro.

Pero, mientras dure el proceso de digestión del fallo y el ruido esté instalado como mensaje, es difícil saber hacia qué estrategia política se decantará.

También sobre cómo la articulará y, sobre todo, a través de quién: el presidente de la Generalitat, Joaquín Torra, despierta dudas en Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), la fuerza con más caudal de votos en el universo independentista, a la que pertenece el exvicepresidente Oriol Junqueras, el dirigente que recibió la mayor de las penas: 13 años.

Si optara por quedarse en el discurso del rechazo y la rabia, sin aportar otro elemento al proceso político, posiblemente se agotaría en eso, a la vez que alentaría a los elementos más radicales e incontrolables que anidan en su base.

Lo otro son pinceladas sobre una sentencia de 500 páginas. Un veredicto que fue una sorpresa para dos tipos de ciudadanos: los que esperaban venganza “contra los golpistas” y los que reclamaban una absolución.

Por caso, los seis magistrados entendieron que los líderes del llamado “procés” no incurrieron en un golpe de Estado.

Algo por lo que clamaban dirigentes de la derecha –radical y la moderada– que, de paso, pedían la “intervención” de Cataluña por parte del Estado español mediante la aplicación del ya famoso artículo 155 de su Constitución.

Los magistrados no vieron el golpe de Estado. Pero tampoco entendieron que lo ocurrido haya sido un episodio meramente “simbólico”, como pretendieron los acusados durante los meses de proceso judicial.

Sostuvieron que en los hechos de octubre de 2017 “hubo violencia”, pero no la suficiente para configurar el “delito de rebelión” –el más grave de todos– que pretendía la Fiscalía.

Recoge también la sentencia que no existe en el ordenamiento jurídico vigente en España “el derecho a la autodeterminación”, pero sí reconoce que hay cauces democráticos para proponer ideas de esa naturaleza.

Voto sí, delito no

Deja también en claro que “no se condena por propiciar el voto”, tampoco por una persecución ideológica, sino porque se incurrió en acciones tipificadas como delitos por el sistema jurídico vigente.

Es probable que muchos de los que reaccionaron al fallo no lo hayan leído –materialmente es difícil haber tenido tiempo– y que hayan seguido un guión trazado con anterioridad.

Pero eso no aporta para la etapa política que ahora se abre y que, pasado el ruido, exigirá cierta capacidad para trasladar el discurso al plano institucional.

Esta vez, el gobierno pareció mejor preparado para afrontar la batalla del relato, algo en lo que el mundo independentista ha sido tradicionalmente más hábil.

La Moncloa sorprendió con declaraciones en varios idiomas, incluido el ruso, en las que –apenas conocida la sentencia– explicaba que en España rigen el Estado de Derecho y la división de poderes y que a nadie se persigue por sus ideas, sino que, eventualmente, se juzgan sus conductas.

“Me perdonarán que hable unos minutos en inglés”, sorprendió el propio Sánchez, en su declaración institucional.

El esfuerzo parece haber dado frutos. La Unión Europea (UE) adelantó que no opinará sobre las condenas. “Es un asunto interno” de España, señaló.

Pero, en lo demás, el desafío independentista entra en su fase política con enorme dosis de incertidumbre.