El Estado, ante el desafío de formarse y responder con perspectiva de género
Con la ley Micaela se busca llegar a todas las provincias del país con capacitación para funcionarios de los tres poderes
Recién a partir de este año, la línea 137, de atención a víctimas de violencia familiar, funciona a nivel nacional: se puede llamar desde cualquier parte del país y es la forma más rápida y efectiva de solicitar asistencia en casos de violencia sexual. Depende del Ministerio de Justicia de la Nación y fue inaugurada en 2006, en el marco del programa “Las víctimas contra las violencias”, coordinado por Eva Giberti. Está a cargo de un equipo interdisciplinario de psicólogos, trabajadores sociales y abogados que asesoran a la víctima y su familia. Entre 2016 y 2019, las líneas telefónicas registraron 9649 denuncias de violencia sexual.
“Antes, una víctima de abuso pasaba por tres o cuatro revisiones. El médico legista la revisaba en la comisaría. En el hospital, la volvían a revisar. Y si el Juzgado consideraba que no servía, el médico forense hacía otra revisión. Desde este programa logramos que sea revisada una sola vez, en el hospital público, para no ser revictimizada”, explica Carina Rago, asesora del programa.
Si el delito ocurre en CABA, un equipo móvil se desplaza al lugar y acompaña a la mujer en todas las instancias. Los profesionales escriben un informe, que luego formará parte del proceso judicial que se abrirá y en el que también participarán como testigos. Si ocurre en cualquier otra parte del país, quien atienda la llamada contacta de forma inmediata a los organismos intervinientes de la jurisdicción correspondiente y asesora a la víctima o a su familia en todos los pasos a seguir.
Julia, de 18 años, es una de las tantas mujeres que denunciaron a la línea 137 un caso de abuso. “Me acerqué al consultorio médico para realizar una consulta ginecológica. Cuando entré, el médico que me atendió me saludó con un beso y me dijo que me pusiera cómoda, que no estuviera nerviosa, que no era nada y hasta que, si quería, la iba a pasar bien. Era mi primera consulta al ginecólogo, así que yo no sabía cómo eran las formas habituales de trato”, recuerda la joven.
Y continúa: “Me recosté en la camilla y él me revisó. Después puso su cara muy cerca de la mía. Respiraba fuerte. Me palpó los pechos de forma rara. Yo me puse muy tensa, no sabía qué hacer. Me tocó por fuera de la cola y después con los dedos. Después me preguntó si quería tener relaciones con él. En ese momento me largué a llorar, le pedí que me dejara. No sé si me caí o me tiré de la camilla, pero él me soltó. Cuando salí de ahí, me fui corriendo a lo de mi prima, no sabía adónde ir. Estaba desorientada, aturdida, como perdida. Tenía un brazo con moretones por la caída, me dolía mucho. Ella me contuvo e hicimos la denuncia”.
Protocolos de acción
Hospitales, escuelas y comisarías manejan un protocolo de atención a las víctimas de violencia sexual y están encaminados a trabajar en forma coordinada. Las comisarías de la ciudad de Buenos Aires cuentan con una Unidad de Género, y las de la provincia de Buenos Aires y otras ciudades del interior, con una Comisaría de la Mujer en cada distrito. Las provincias aplican sus propios programas y difieren unas de otras.
“Yo prefiero que, en vez de una Comisaría de la Mujer, cada comisaría de cada localidad del país tenga su Unidad de Género, con gente capacitada para actuar coordinadamente con los organismos. En esa situación de trauma y confusión, la gente recurre a la comisaría que conoce”, explica Liliana Rubino, superintendenta de género de la Policía de la Ciudad.
Natalia Gherardi, directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, que brinda orientación a las víctimas, opina que el marco legal argentino es muy bueno, pero que encuentra problemas en la distancia que hay entre la ley y la práctica. “La arbitrariedad con la que se aplica es muy grande y es diferente en cada región del país. La federalización no puede ser una excusa para desproteger a las mujeres”, sostiene.
Si bien el Estado nacional ratificó tratados internacionales y se rige por la ley 26.485, de protección integral, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, el sistema federal habilita a que cada jurisdicción tenga su propio sistema legal y judicial para abordar los delitos de violencia sexual. Por eso, la capacitación y la formación en perspectiva de género de todos los operadores que intervienen en casos de violencia sexual son fundamentales, porque son delitos ordinarios que dependen de la jurisdicción provincial.
La ley Micaela (N° 27.499), promulgada en enero de este año, establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para las personas que se desempeñen en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
“Se prevé llegar a capacitar a 30.000 agentes del Poder Ejecutivo Nacional, incluidos el Presidente y sus ministros, mediante cursos virtuales que se abren cada 15 días, desde inicios de 2019. En los otros poderes se están iniciando los cursos obligatorios”, explica Fabiana Tuñez, directora del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM).
Para poder medir el impacto hay una evaluación previa a la capacitación y otra al finalizarla. “Las opiniones que se recogen coinciden, en general, en una toma de conciencia acerca de ideas y prejuicios que estaban naturalizados y que esta formación deconstruye”, detalla Tuñez. Y agrega: “En el Poder Judicial es donde más nos cuesta, pero confiamos en que, poco a poco, lograremos este cambio cultural que llevará mucho tiempo aún”.
Hay plazos para el cumplimiento de la capacitación y la ley prevé sanciones para quienes no la realicen. En la página del INAM hay guías e información que también sirven para aplicar dentro de empresas y organizaciones privadas. Ya adhirieron a la ley 12 provincias y el resto está en proceso de adecuar su legislación.
Los especialistas subrayan que la perspectiva de género es un cambio cultural que demanda un compromiso nacional y que por eso su aplicación es indispensable.