Pedidos de DNI sin prejuicios
Toda medida que apunte a resguardar en la práctica la seguridad de los ciudadanos debe ser bienvenida en lugar de alentar falsas comparaciones
En los últimos días, causó cierta polémica una medida referida a la decisión de las autoridades nacionales de solicitar el Documento Nacional de Identidad (DNI) en las estaciones de trenes con el objetivo de detectar la presencia de personas con antecedentes judiciales.
Sin embargo, este requisito no debería llamar la atención cuando todos los ciudadanos en nuestra vida cotidiana debemos exhibirlo para cualquier tipo de trámite, como los que realizamos en bancos, cuando pagamos con tarjetas de débito o crédito, inscribimos a nuestros hijos en colegios o clubes, nos adherimos a determinados servicios e, incluso, cuando realizamos viajes en avión o en ómnibus de larga distancia.
El plan denominado Ofensores de Trenes habilita a las fuerzas de seguridad a rastrear a través del DNI a personas que tengan causas judiciales abiertas. Esa posibilidad de requerir identificación, por otra parte, se enmarca en la ley de seguridad interior.
La resolución recientemente dictada plantea un escenario similar a lo que ocurre en los accesos a los estadios de fútbol con el fin de prevenir delitos; de esta manera, se lograría identificar a aquellos que puedan tener una medida restrictiva de carácter judicial.
En el texto publicado se consigna que las fuerzas policiales deberán “extremar los recaudos y facultades de control que les son propias en zonas de ingreso, egreso, tránsito y/o permanencia de personas que usan el transporte público en trenes de pasajeros”.
Al respecto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señaló que esta acción se instrumenta a través de un software que los uniformados tienen en sus teléfonos y que el objetivo de esta medida es “generar una conducta distinta de comportamiento en el transporte público”.
Entre los fundamentos que sostienen este plan se encuentran los datos que demuestran que en los trenes se produce el mayor número de delitos de acoso, agresiones y lesiones.
De acuerdo con lo informado, en una primera etapa, se implementará en las estaciones Retiro y Federico Lacroze de la ciudad de Buenos Aires. Efectivos de Prefectura y Gendarmería también estarán autorizados a llevar a cabo este proceso.
De comprobarse la existencia de medidas de carácter judicial, los efectivos se comunicarán con “la autoridad judicial pertinente” y labrarán un acta “de lo que en consecuencia disponga esa autoridad”.
“En caso de presentarse más de una medida judicial de carácter restrictivo, deberá informarse a los magistrados sobre la existencia de procesos concomitantes y el alcance de las restricciones”.
Esto se puede relacionar con la situación confusa que se generó recientemente a instancias de la diputada nacional Victoria Donda, que pretendió evitar la detención de un joven por el solo hecho de que lo había abordado la policía en la vía pública. La diputada se constituyó como abogada del joven y encaró de mala manera a las fuerzas de seguridad que estaban cumpliendo con su deber. Tan absurda resultó la acción intempestiva de la legisladora que poco después se comprobó que la persona en cuestión tenía antecedentes por varios delitos e, incluso, un pedido de captura.
Algo similar ocurrió en la ciudad de Buenos Aires cuando el gobierno local puso en práctica el sistema de reconocimiento facial, lo cual permitió, en los primeros 60 días de aplicación de ese mecanismo, poner a disposición de la Justicia a más de 1000 sospechosos que tenían pedido de captura. Esas búsquedas activas se enfocaron entonces en los andenes de la red de subtes.
La ley de seguridad interior permite a las fuerzas policiales interceptar a un ciudadano en la vía pública con fines de identificación y existen, además, fallos judiciales que justifican esa intervención con fines de prevención y disuasión.
En un sistema democrático y con un Estado de Derecho en plena vigencia, toda medida que apunte a resguardar en la práctica la seguridad de los ciudadanos debe ser bienvenida y no agitar comparaciones, además de prejuiciosas y anacrónicas, con tristes hechos del pasado que nada tienen que ver con nuestra realidad cotidiana.