La agenda más urgente
Tras el anuncio de los últimos datos del Indec, el Gobierno dio a conocer que en el primer semestre de 2019, el 35,4% de la población vive bajo la línea de la pobreza y el 7,7%, bajo la de indigencia. Esto significa que, proyectado a nivel nacional, 14.400.000 personas viven en la pobreza en zonas urbanas de nuestro país. El número asciende a 15.800.000 si se contemplan también las áreas rurales, lo que denota la dura realidad que hoy enfrentamos y la necesidad de abordar esta problemática con urgencia.
Esta no es una cifra más. No se trata de un número relacionado con una divisa o un índice de confianza sobre nuestro país. Se trata de personas con nombres, rostros y espaldas cansadas de llevar la pesada carga de vivir en una situación en la cual sus derechos están siendo permanentemente vulnerados, cuyos ingresos no crecen al ritmo al que lo hacen los precios de los bienes y servicios, incluso de aquellos más básicos.
Aproximadamente 4.000.000 de estas personas habitan en los más de 4400 barrios populares de la Argentina, donde además de no alcanzar los ingresos para comer, tampoco existen los servicios básicos formales, ni la infraestructura necesaria para garantizar la salud, la educación y la recreación de estas familias. Donde alcanzar una solución habitacional adecuada es casi imposible, evidenciado esto por un déficit habitacional que supera, en el nivel nacional, los 3.500.000 viviendas.
Desde Techo conocemos de primera mano lo que viven las familias en estos barrios por nuestro trabajo día a día acompañando a quienes los habitan. En esas comunidades –donde el empleo informal es la norma, ya que si bien el 74% de las personas de más de 16 años trabajan, solo el 16% lo hacen de manera formal– las familias suelen tener costos mucho más altos por los bienes de consumo, y menor acceso a variedad de productos, al tiempo que el viaje entre su casa y su lugar de trabajo suele ser más largo y más costoso.
Estas cifras deberían ser más que suficientes para dimensionar lo que está sucediendo en nuestro país y activar las medidas necesarias para luchar contra esta catástrofe social. Sin dudas, acciones como la declaración de la emergencia alimentaria aportan a lo inmediato de la situación, pero no deberían ser las únicas, ya que no constituyen una solución para la realidad de estas familias.
Es de suma urgencia que desde el Estado se pongan en marcha políticas públicas orientadas a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de las personas que hoy se encuentran en situación de pobreza con estrategias a largo plazo que permitan atacar el problema de raíz. Las organizaciones que trabajamos en los territorios afirmamos que programas orientados a la integración sociourbana de los barrios populares, el acceso al suelo urbano a los sectores más vulnerables y superar la emergencia habitacional son el camino que debemos empezar a transitar.
Hoy el número de personas en situación de pobreza asciende a más de 14 millones y sabemos que en los resultados del último semestre de este año será aún mayor, en un contexto en el que la inflación no se ha detenido y la pérdida de poder adquisitivo de los sectores vulnerables es evidente. No podemos permitirnos que la cantidad de personas en situación de pobreza siga creciendo.