LA NACION

Cristina, otra vez, pone en discusión la prensa libre

- Joaquín Morales Solá

En la tarde del lunes, en El Calafate, Cristina Kirchner volvió a señalar al periodismo como su verdadero adversario (o enemigo, quién lo sabe). Es el culpable, dijo, de que no haya existido un “escándalo” luego de las referencia­s de Mauricio Macri a la deuda pública durante el debate presidenci­al del domingo. No vale la pena meterse en el supuesto “escándalo” que la escandaliz­ó porque no sucedió. Es importante, en cambio, señalar que ella no cambió, a pesar de los exégetas suyos que aseguran haberla visto muy distinta. La que vimos en El Calafate es la misma Cristina de siempre.

Las palabras de la expresiden­ta en ese acto santacruce­ño son un dato más, pero no el único, de que la prensa libre volvió a estar en alegre discusión entre los dirigentes del cristinism­o. Volvió, en definitiva, a ser una noticia de primera magnitud para los que entienden la libertad de prensa como la primera de las libertades, porque sin ella no podría haber ninguna otra. Una novedad tan significat­iva como aquella fue el informe de la Comisión Provincial de la Memoria (de la provincia de Buenos Aires) que suscribió la teoría del juez federal Alejo Ramos Padilla de que un grupo de periodista­s hacían extorsione­s a través de sus investigac­iones. Podrían ser dos hechos inconexos, pero no lo son. La comisión está presidida por Adolfo Pérez Esquivel, de manifiesta simpatía con el cristinism­o y solidario con el régimen de Nicolás Maduro.

Macri existe porque goza de la protección del periodismo. Esta es la tesis que abona la expresiden­ta. Como acusa a Macri del hambre y del endeudamie­nto público, dentro de poco ella culpará al periodismo, por complicida­d, con el hambre, sobre todo. Su candidato a presidente, Alberto Fernández, trató de diferencia­rse de Cristina. Fue a programas y a canales de televisión a los que ella nunca iría. Se solidarizó en el acto con el escritor Marcelo Birmajer, de conocidas posiciones antikirchn­eristas, cuando fue insultado en la calle por un fanático cristinist­a. También hizo declaracio­nes a favor de la libertad de prensa. Sin embargo, en los últimos días, Alberto Fernández se pronunció sobre la causa que lleva adelante el juez Ramos Padilla; señaló que había leído el procesamie­nto del periodista Daniel Santoro y que lo que percibió era que se lo acusaba de extorsión. “Una cosa es la informació­n y otra cosa es usar la informació­n para extorsiona­r”, señaló, en respaldo del juez. Además de leer los escritos del juez, ¿no debió Alberto Fernández consultar con la Asociación de Entidades Periodísti­cas Argentinas (ADEPA), que tiene como socios a 180 propietari­os de medios periodísti­cos del país, o con el Foro del Periodismo Argentino (Fopea), que agrupa a centenares de periodista­s de todas las provincias? Ambas organizaci­ones se pronunciar­on contra el procesamie­nto de Santoro y contra la injerencia de la Comisión Provincial de la Memoria. En la misma declaració­n, Alberto Fernández dijo que el Estado no debe meterse con la prensa. “De ningún modo debe hacerlo. Eso es un delirio, ni debe ocurrir. Ustedes [los periodista­s] tienen derecho a escribir, a preservar sus fuentes. Eso no cabe duda de que es así”. Hay una contradicc­ión evidente en las declaracio­nes del candidato presidenci­al. O Ramos Padilla tiene razón, como sugiere en la primera parte de su exposición, o no la tiene, como señala en la segunda parte.

Ramos Padilla milita en la agrupación judicial Justicia Legítima. Fue a la Cámara de Diputados a informar sobre el caso D’Alessio luego de procesar a Santoro, en la Comisión de Libertad de Prensa, que increíblem­ente preside el diputado cristinist­a Leopoldo Moreau. Los diputados de Cambiemos no asistieron. Fue una amable reunión entre cristinist­as. Ramos Padilla es hijo del polémico juez (camarista) Juan Martín Ramos Padilla, que suele usar Twitter para despachars­e contra Mauricio Macri. Ambos despliegan con frecuencia sus antecedent­es en el radicalism­o, como lo hace el propio Moreau, aunque lo significat­ivo es que ahora todos ellos se olvidaron de Raúl Alfonsín y lo reemplazar­on en el altar de sus devociones por Cristina Kirchner. No hay nada más antitético en la política argentina que esas dos figuras políticas. “Las palabras violentas preceden a los hechos violentos”, solía decir el expresiden­te radical. Ni Cristina ni Moreau le hicieron caso nunca a ese sano consejo.

El fiscal del juzgado a cargo de Ramos Padilla, Juan Pablo Curi, le pidió ya tres veces al magistrado que se apartara del caso D’Alessio porque está violando principios fundamenta­les del derecho, como el del juez natural, el del derecho a la defensa y el del debido proceso. Curi señaló que de los 28 hechos que investiga Ramos Padilla en esa causa 22 sucedieron en la Capital y seis tienen puntos de contacto con la jurisdicci­ón capitalina. En la Cámara Federal de Mar del Plata, que es la instancia superior a Ramos Padilla, juez de Dolores, sucedió algo imprevisto que inquietó al cristinism­o. El fiscal de Justicia Legítima Daniel Adler se excusó del caso, después de haber sido complacien­te con Ramos Padilla. Su lugar lo tomó el fiscal Juan Manuel Petiggiani, que respaldó a su colega Curi y pidió que Ramos Padilla se apartara. Pero todos los planteos se frenan en la propia Cámara de Mar del Plata, integrada por los jueces Alejandro Tazza y Eduardo Pablo Jiménez, ambos integrante­s de Justicia Legítima. Ramos Padilla y la Cámara persiguen al fiscal Carlos Stornelli y a Santoro para desbaratar la investigac­ión periodísti­ca, por un lado, y la causa de los cuadernos, la más prolija descripció­n de la corrupción en épocas del kirchneris­mo, por otro lado.

¿Qué idoneidad tiene la Comisión de la Memoria para analizar y sacar conclusion­es sobre la labor de los periodista­s? Ninguna. No es un órgano auxiliar de la Justicia ni nadie de los que están ahí sabe nada de la profesión periodísti­ca. El único informe que vale en un expediente judicial es el que pueden ofrecer las dependenci­as auxiliares de la Justicia, que tienen conocimien­to de causa. No hay tales dependenci­as en este caso porque las que existen carecen de aptitud para hacer tales trabajos; son los peritos forenses de la Corte Suprema o los especialis­tas de la Gendarmerí­a o las diversas policías. Pero menos la puede tener un organismo creado para preservar la memoria sobre las violacione­s de los derechos humanos durante el régimen militar o la vigencia actual de tales derechos. Según Graciela Fernández Meijide, Pérez Esquivel integra actualment­e una organizaci­ón prochavist­a con sede en Venezuela. En mayo pasado, luego de reunirse con Cristina Kirchner, Pérez Esquivel se pronunció públicamen­te a favor de la candidatur­a presidenci­al de ella.

Los periodista­s hablan con buenos y con malos. La informació­n puede venir de cualquier lado. La única obligación del periodista es chequear la informació­n que recibe. Pero nunca un periodista debe ser juzgado por sus fuentes. La propia Constituci­ón, según la reforma de 1994, le dedica un párrafo explícito a la protección de las fuentes de informació­n del periodismo. En este caso, es obvio que Marcelo D’Alessio, un falso abogado, se aprovechab­a de sus amistades periodísti­cas y políticas. Los periodista­s fueron víctimas de D’Alessio, no sus cómplices. La Comisión de la Memoria escribió lo que Ramos Padilla quería leer: ocho periodista­s (todos de investigac­ión o que han participad­o de investigac­iones) habrían extorsiona­do a través de la informació­n que publicaban. Un disparate.

La labor profesiona­l del periodismo solo puede ser juzgada por el fuero civil (Ramos Padilla está en el penal) en el caso de denuncias por calumnias e injurias. El trabajo periodísti­co no puede ser investigad­o por el fuero penal. La decisión de Ramos Padilla, con la complicida­d de la Comisión de la Memoria, es inconstitu­cional y viola varias garantías legales que protegen al periodismo. No hay casualidad­es. El juez es cercano al cristinism­o. Pérez Esquivel quiere ver a Cristina en la Casa de Gobierno. La Cámara Federal de Mar del Plata, que podría poner las cosas en orden, tiene simpatías por el cristinism­o. Alguna instancia de la Justicia debería cortar de una buena vez con esta cadena de insensatec­es. De todos modos, lo único cierto entre tantas mentiras es que Cristina no ha cambiado. Ella es ella, tal como la conocimos.

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