Lenguaje de los 70 para atacar a la prensa
Al judicializar la investigación de la prensa, Ramos Padilla erosiona uno de los pilares de la democracia
Operaciones de acción psicológica. Un viejo término que usaban los totalitarismos para atacar a sus enemigos vuelve a agitarse de la mano del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, y de la Comisión Provincial por la Memoria para sostener y justificar una acusación de espionaje contra el periodismo de investigación.
Ramos Padilla, integrante del movimiento Justicia Legítima, decidió cruzar una peligrosa frontera y avanzar con lo que hasta ahora era una amenaza solapada de sectores ultrakirchneristas a la prensa. Así como el represor Ramón Camps armó en los 70 un caso para justificar la destrucción del diario
La Opinión y la tortura de su creador, Jacobo Timerman, el juez de Dolores encontró en la Comisión Provincial por la Memoria el aval necesario para inventar un delito de inteligencia ilegal contra periodistas que investigan casos de corrupción durante el kirchnerismo. La maniobra no es otra cosa que un deliberado ataque a la libertad de prensa, que solo encuentra antecedentes en los tribunales populares de países sometidos por dictaduras.
El fiscal federal de Dolores, Juan Pablo Curi, cuestionó el informe del organismo presidido por el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel tanto como la vaguedad del término “operación de acción psicológica” que el juez pretendía convalidar con el análisis pedido a aquella comisión. En el informe al magistrado, a partir del análisis de la información secuestrada al falso abogado Marcelo D’alessio –imputado por presuntas maniobras de extorsión–, la comisión presidida por Pérez Esquivel involucra directamente al periodista Daniel Santoro, de Clarín, en operaciones de violación de la ley de inteligencia, colocándolo como un eslabón imprescindible en acciones de espionaje.
Dice el informe firmado por Pérez Esquivel que se “puede establecer con grado de certeza suficiente” que D’alessio transgredió la ley de inteligencia. “Específicamente se hace referencia a la intención de influir sobre la opinión pública a través de la diseminación de información en los medios de comunicación producto de actividades de inteligencia ilegal”, indica el controvertido trabajo, y agrega que los casos relevados “indican un particular interés en la difusión de presuntos casos de corrupción relacionados con las anteriores gestiones del gobierno nacional”. En otro tramo, destaca que Santoro “no solo habría recibido información por parte de D’alessio respecto de las personas blanco de vigilancia ilegal”, sino que es posible inferir que la información remitida por Santoro ingresaba en el ciclo de inteligencia desplegado ilegalmente por D’alessio”. Concluye que se puede determinar “que el periodista estaba advertido de la procedencia de la información así como de los mecanismos y/o procedimientos ilegales a través de los cuales esta era obtenida”.
La idea de la diseminación de información obtenida de manera ilegal en los medios, para lo cual es fundamental la connivencia de una serie de periodistas en la interpretación de Ramos Padilla y de la comisión –cuyos integrantes adhieren a la fórmula Alberto Fernández-cristina Kirchner–, se inscribe en la vieja teoría de la guerra de acción psicológica. Esta es considerada por los movimientos políticos y sociales de izquierda latinoamericana, como la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, en los que militan miembros de la Comisión, una herramienta central de los imperialismos para desestabilizar y voltear a gobiernos populares. Van de la mano de la law fare (guerra judicial), teoría que sostiene que se persigue judicialmente a líderes populares (como Dilma Rousseff, Rafael Correa, Lula, y la propia Cristina Kirchner) con la ayuda fundamental de la prensa a través de sus investigaciones de corrupción.
A partir de los cuestionamientos que recibió, la Comisión Provincial envió una carta a varios diputados para justificar su informe. Dicen que no promueven una Conadep del periodismo y rechazan “cualquier iniciativa que pretenda perseguir o emprender una suerte de caza de brujas contra el periodismo”. Agregan que no se investigaron notas periodísticas ni sus contenidos y que “tampoco se realizó control ideológico o se analizó una posible acción psicológica”.
Según Pérez Esquivel, tienen atribuciones para hacer el trabajo pedido por el juez “en una causa de servicio de inteligencia paralelo al estatal que pone en riesgo la democracia” y que solo mencionaron a periodistas cuando sus nombres aparecieron en los documentos. “No nos corresponde a nosotros culpabilizar a nadie porque no es nuestra función”, afirmó Pérez Esquivel a la nacion.
“Hay que terminar con esto de la Conadep del periodismo porque no es verdad. La gente me putea por la calle, cuando siempre hemos defendido la libertad de prensa y a los periodistas”, señaló Pérez Esquivel.
Al judicializar el trabajo de investigación de un periodista, sus vínculos con las fuentes y la publicación posterior, Ramos Padilla erosiona uno de los pilares fundamentales de la democracia que es la libertad de prensa. Y con su movida lo que pretende, como efecto indirecto, es abrir la puerta para invalidar y deslegitimar el trabajo del periodismo independiente sobre los casos de corrupción durante el kirchnerismo.