El Gobierno hizo copias del contenido de sus redes para resguardarlo
Guardará las publicaciones en el Archivo General de la Nación; quieren evitar su manipulación o destrucción
La “herencia digital” de Mauricio Macri quedará resguardada cuando los equipos de Alberto Fernández tomen el control de los despachos oficiales. En la Casa Rosada definieron que el Archivo General de la Nación será la “caja fuerte” que atesorará las publicaciones en redes sociales que el Gobierno hizo en los últimos cuatro años y que habrá cuentas “espejo” donde quedará registrada la actividad que el macrismo tuvo durante su paso por el poder.
El Gobierno publicará una resolución para que todas sus publicaciones en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube queden archivadas, a modo de memoria, y evitar que la nueva gestión borre las huellas de su paso por la administración pública.
Varias áreas del Gobierno trabajaron para generar un sistema que les permita conservar sus activos digitales. Tomaron como modelo a los Estados Unidos, donde las publicaciones del presidente saliente pasan a ser custodiadas por la Biblioteca Nacional.
En la Casa Rosada aún está fresco el recuerdo del traumático traspaso de 2015. Además de los cortocircuitos con Cristina Kirchner por la entrega de los atributos, los funcionarios habían denunciado problemas para tomar el control de la cuenta oficial de la Casa de Gobierno. @CasaRosadaAr, la cuenta verificada que tenía alrededor de 300.000 seguidores, el 10 de diciembre de ese año había pasado a llamarse “Casa Rosada 20032015” y se convirtió en un usuario militante y reivindicatorio de las políticas kirchneristas.
En aquel momento, la gestión de Macri había apuntado: “Solo nos informaron que la community manager Anita Montanaro tenía manejo de forma externa de la cuenta. Utilizaron fondos del Estado para promocionar una cuenta que después se llevó un privado”.
A principios de 2015, LN Data le había cursado un pedido de información pública al por entonces jefe de Gabinete Aníbal Fernández, que respondió que @CasaRosadaAr se utilizaba “para hacer conocer políticas públicas”, pero que no podía dar mayores detalles por “las arbitrariedades propias de las redes sociales”.
El proyecto de archivo
El proyecto de resguardo de los activos digitales fue idea del director de Comunicación del Ministerio del Interior, Pablo Pérez Paladino, y encontró buena recepción en el jefe de Gabinete, Marcos Peña, custodio de las publicaciones que hizo el Gobierno en las redes. Se involucraron en el proyecto el Archivo General de la Nación, Arsat, la Secretaría de Asuntos Políticos, la Agencia de Acceso a la Información y las áreas de comunicación de la Jefatura de Gabinete. En la Casa Rosada aseguran que sumaron a “organizaciones civiles” además de las empresas Facebook, Twitter y Google.
Más de 300 cuentas institucionales en redes sociales que pertenecen a Presidencia, a los ministerios y a distintos organismos del Estado pasarán a tener cuentas “espejo” con los contenidos publicados entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019. Entre esas cuentas figura, por caso, @CasaRosada en Twitter y PresidenteAr en Facebook, además de todas las cuentas institucionales del gabinete.
La cuenta melliza tendrá todos los posteos históricos y quedará “congelada” mientras que la cuenta original pasará a estar manejada por los funcionarios de Fernández, que le darán su propia impronta y podrán, o no, borrar las viejas publicaciones. Por otro lado, el gobierno saliente descargará todos los contenidos para que el Archivo General de la Nación los conserve como “patrimonio histórico”.
Inicialmente, en el Gobierno pensaron en enviar la iniciativa al Congreso. Pero la inactividad parlamentaria y la premura que impuso el recambio tras las elecciones aceleraron los tiempos.
En la Casa Rosada también evaluaron incluir el proyecto en un decreto de necesidad y urgencia (DNU), en el que quedarían estipulados todos los términos y condiciones del traspaso. En el Gobierno se llegó a redactar un borrador de esa iniciativa, pero no hubo eco en el campamento del Frente de Todos, donde creen innecesario formalizar el traspaso con un DNU.