El lunes se conocerá el veredicto del caso Próvolo
Justicia. Están imputados dos sacerdotes y un trabajador del instituto mendocino; pidieron hasta 50 años de prisión
MENDOZA.– El juicio por los abusos sexuales contra niños sordos en el Instituto Antonio Próvolo llega a su fin, con gran expectativa entre los familiares de las víctimas. El lunes próximo, el tribunal penal dictará la sentencia contra los sacerdotes acusados, que arriesgan una pena de hasta 50 años.
La fecha fue confirmada ayer por la Justicia provincial. El lunes, a las 9, se conocerá el veredicto de la causa que involucra a los sacerdotes Nicola Corradi, de 83 años, y Horacio Corbacho, de 61, y al exjardinero del colegio, Armando Gómez, de 51. Los tres están imputados por abuso sexual con acceso carnal, agravado por ser las víctimas menores de 18 años y por convivencia preexistente con los exalumnos, corrupción de menores. En el caso de los religiosos, por ser ministros de culto.
La semana pasada, durante los alegatos, los querellantes solicitaron la pena máxima, 50 años, para los sacerdotes y el extrabajador imputados. En tanto, la defensa oficial solicitó la “nulidad” del debate por considerar que se “violó el derecho a la legítima defensa”, al tiempo que reclamó la “absolución” de los acusados.
Corbacho fue acusado por 16 casos de abusos sexuales y corrupción agravados, mientras que Corradi lo fue por cinco abusos simples y corrupción agravados. En tanto, Gómez, por cuatro de abusos. Resta ahora conocer lo que disponga el tribunal, integrado por los jueces Carlos Díaz, Mauricio Juan y Aníbal Crivelli. Los jueces tomaron el pedido de la querella de fallar antes del 26 del actual cuando se cumplen los tres años de la primera denuncia, y por ende, los plazos de las prisiones preventivas contra los imputados.
En los alegatos, los fiscales Alejandro Iturbide –jefe de Delitos Sexuales– y Gustavo Stroppiana, a cargo de la instrucción, reclamaron 45 años de cárcel para los sacerdotes y 22 años para el exjardinero, por un total de 25 hechos, de los 28 iniciales.
Luego, fue el turno de los abogados querellantes, representantes de la ONG Xumek, Sergio Salinas y Lucas Lecour, que pidieron la pena máxima de 50 años para Corbacho y 15 para Corradi (por comprobar solo un delito) y Gómez. En cuanto a la postura de los otros querellantes, Oscar Barrera y Leandro Lanci, que representan a cuatro de las 11 víctimas, también solicitaron la pena máxima de 50 años para los sacerdotes y de 30 años para el empleado de la institución.
Durante el desarrollo del debate quedaron en evidencia las condiciones de salud de los imputados, por padecer también problemas auditivos, lo que puso de relieve las complejidades y los artilugios defensivos para dilatar el proceso, aunque finalmente se logró avanzar mediante la instalación en la sala de un software que permitía leer lo que se decía de manera oral. También, hubo demoras al pedir nuevas pericias psicológicas a uno de los acusados, que dejaron en claro que debía seguir en el banquillo. De igual modo, la reproducción de las filmaciones de las cámaras Gesell también llevaron su tiempo, porque se trató de grabaciones que duraron varias horas. Fueron más de 30 los testimonios recabados bajo esta metodología, sin contar los que se realizaron en vivo, a pedido del tribunal.
Los testimonios de las víctimas, tanto varones como mujeres, señalaron desde insinuaciones, obligación de ver material pornográfico, tocamientos, violaciones y ataques en grupo hasta encubrimientos y malos tratos durante años. Se conocieron los casos de un chico de 17 años que contó que fue obligado a practicarle sexo oral a uno de los acusados; y el de otro joven que afirmó que a los cinco años fue violado por Corbacho, entre otros.
El juicio, por ser de instancia privada ya que se trata de delitos de abuso sexual, se realizó a puertas cerradas, y contó con la participación de intérpretes de lenguas de señas, que estarán presentes durante la sentencia.
Además de los tres acusados que están en el banquillo –menos el exmonaguillo Jorge Bordón, que se declaró culpable en un debate abreviado, y un exadministrativo, que fue declarado inimputable–, habrá dos nuevos juicios, que se espera que se realicen antes de la mitad del año próximo. En esos procesos, deberán responder las monjas Kosaka Kumiko y Asunción Martínez, y demás personal directivo y administrativo. La “jefa” del instituto, Graciela Pascual, aguardará el juicio en libertad.