Ferrari y Alak se reunieron para hablar de las protestas en las cárceles bonaerenses
encuentro. El ahora exministro de Justicia de Buenos Aires mantuvo ayer un contacto con su sucesor, en un cambio de gestión que quedó dominado por la huelga de hambre llevada adelante por más de 8800 presos
El ya exministro de Justicia bonaerense Gustavo Ferrari y quien lo sucederá desde mañana, Julio Alak, una vez que empiecen a girar de hecho los engranajes de la administración que conducirá Axel Kicillof, estuvieron reunidos en la tarde de ayer para compartir los números del organismo y, especialmente, para dialogar sobre la situación de tensión generada en los penales provinciales, en los que el 20% de la población carcelaria está en huelga de hambre para reclamar medidas contra el hacinamiento y exigir morigeraciones en el cumplimiento de sus penas.
Allegados al ministro saliente contaron a que el encuentro la nacion se realizó pasadas las 14 en la sede de esa cartera, en La Plata. “El clima fue de total cordialidad. Ferrari se puso a disposición y le presentó toda la información relativa al ministerio. Alak está en tema, él ha sido ministro de Justicia de la Nación y también le tocó atender la cuestión carcelaria porque tenía a su cargo el Servicio Penitenciario Federal”, dijeron voceros de la administración saliente.
Al respecto, coincidieron en que la batería de reclamos y exigencias realizadas en diversos petitorios análogos por grupos de reclusos excede a las posibilidades de resolución inmediata del Ministerio de Justicia, del que depende el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
Como publicó ayer, algo la nacion más de 8800 detenidos, de un total de 46.000 personas alojadas en penitenciarías provinciales, habían entrado en huelga de hambre. El abanico de reclamos que motivaban la protesta era variado y fundamentalmente de orden judicial y legislativo: piden la derogación de la llamada ley Blumberg (que permite acumular los montos de las condenas, entre otros aspectos), la restauración del llamado “2x1” –que permite computar doble cada día de encierro sin sentencia firme–, que no se apruebe el nuevo Código Penal (que prevé en su articulado la denegación de salidas anticipadas y del acceso a la libertad condicional en varios de los llamados delitos graves) y el acceso a morigeraciones en el cumplimiento de la pena, esencialmente a través de resoluciones judiciales que permitan prisiones domiciliarias monitoreadas mediante dispositivos electrónicos.
“Se reclama porque los jueces no hacen lugar a los pedidos de morigeración de la pena –que son muy escasos a partir de la reforma de la ley de ejecución penal, de hace dos años–. Esto genera más retención en el sistema de encierro”, afirmaron desde la Comisión Provincial por la Memoria. Una posición diferente es sostenida por los funcionarios que en los últimos años estuvieron en la planificación de la política carcelaria en Buenos Aires.
“El mensaje es claramente para condicionar al nuevo gobierno, a la Justicia y a los legisladores. Varios de los petitorios, que están escritos de manera casi idéntica y que invocan doctrinas y jurisprudencias propias del lenguaje jurídico y no del carcelario, demandan el inicio de una mesa de diálogo con representantes de los tres poderes y de la Comisión Provincial por la Memoria”, organismo que la semana pasada había alertado sobre una situación de desabastecimiento de carne vacuna y aviar, algo que, según confirmaron a la nacion voceros de la gestión saliente, ya se solucionó.
“Se percibe la intención de condicionar a las nuevas autoridades. Fíjense que en los últimos cuatro años nunca hubo huelgas de hambre por falta de comida, y de los petitorios surge, además, que el tema alimentario no es el motivo de la protesta, sino la cuestión legislativa, que debe resolver el Congreso Nacional, o las morigeraciones de penas, que deben dictar los jueces”, señalaron fuentes allegadas a la administración de María Eugenia Vidal, que ayer concluyó su mandato al frente de la gobernación de la provincia de Buenos Aires.
Preocupación de docentes
Docentes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) que a diario dictan clases en unidades carcelarias de la provincia de Buenos Aires expresaron ayer su preocupación por la huelga de hambre que llevan adelante algunos de sus alumnos y alumnas presos en reclamo de mejoras en las condiciones de alojamiento, entre otras, expresó un comunicado de esa alta casa de estudios.
La Prosecretaría de Derechos Humanos de la UNLP emitió un comunicado en el que expresó su “preocupación” por la huelga de hambre en las cárceles de la provincia.
“Desde los distintos espacios que llevamos adelante tareas de educación en cárceles en la Universidad Nacional de La Plata hacemos pública nuestra fuerte preocupación por la situación que se vive actualmente en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, ya que desde el 5 de diciembre detenidos de numerosas unidades penales bonaerenses sostienen una protesta colectiva bajo la forma de una huelga de hambre”, destaca.
Los profesores que dictan clases en situaciones de encierro remarcan que esa protesta “pacífica pero con consecuencias graves sobre la salud de los detenidos y detenidas que la llevan adelante se desencadenó en un primer momento por la falta de provisión de alimentos por parte de las autoridades provinciales, situación crítica que venimos observando en el último tiempo”.
“Las cárceles bonaerenses están en un estado de alarmante superpoblación y crisis habitacional, como consecuencia directa del incremento sostenido de la tasa de encarcelamiento en toda la provincia, producto de una política criminal punitivista”, denunciaron los profesores.