LA NACION

Superar las divisiones y gobernar con transparen­cia

Atacar el flagelo del hambre, crear empleos y saldar nuestras deudas, entre otros objetivos, no deben quedar una vez más en el plano de la retórica

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El Presidente ha prometido enviar al Congreso una reforma integral del sistema federal de Justicia. Más allá de los necesarios cambios, es menester que no se confundan posibles excesos en el uso de las prisiones preventiva­s con la supuesta existencia de presos políticos, que, en su mayoría, son políticos presos y no al revés

El mensaje de Alberto Fernández con motivo de su asunción como presidente de la Nación ante la Asamblea Legislativ­a, llamando a la unidad de todos los argentinos, a un esfuerzo para intentar bajar los escandalos­os índices de pobreza e indigencia y a conformar equipos multidisci­plinarios para analizar los principale­s problemas del país con vistas a la formulació­n de políticas de Estado que trascienda­n a los gobiernos no puede menos que ser bienvenido.

Del mismo modo, vale destacar su convocator­ia a lograr acuerdos básicos de solidarida­d en la emergencia empezando por la atención de los más necesitado­s –“por los últimos, para después llegar a todos”, dijo en reiteradas oportunida­des–, así como correspond­e celebrar su propósito de que la Argentina siga integrada al mundo y el reclamo indeclinab­le de soberanía sobre las islas Malvinas reconocien­do como única instancia posible la paz y la diplomacia.

Es para celebrar también el tono conciliado­r del nuevo presidente y sus menciones a Alfonsín y Frondizi, al igual que a Sarmiento y Alberdi.

Solo elogios puede suscitar su declarada intención de terminar con los secretismo­s en el Estado y con la “oscuridad que quiebra la confianza”. Habló de un “nunca más” –asimilando esa causa al nombre del informe que durante el alfonsinis­mo produjo la Comisión Nacional sobre la Desaparici­ón de Personas–. Lamentable­mente, extendió esa simbología de enorme significac­ión entre nosotros a cuestiones vinculadas con la necesidad de impunidad que persiguen no pocos compañeros de ruta del actual presidente para que no los alcance la vara de la Justicia.

“Nunca más”, volvió a decir Alberto Fernández a la hora de criticar sin nombrarlos a los jueces que siguen las numerosas causas de corrupción que se tramitan en torno a un número importante de exfunciona­rios kirchneris­tas, muchos de los cuales vuelven ahora a la escena pública, como el controvert­ido Carlos Zannini, nada más ni nada menos que como flamante procurador del Tesoro de la Nación. Esa designació­n de quien está siendo investigad­o en la causa del memorándum con Irán –por la que ya ha estado preso y sigue procesado por encubrimie­nto agravado– es un pésimo mensaje para los jueces que tanto y tan fundadamen­te han trabajado en el tema, reuniendo innumerabl­es pruebas. El propio Alberto Fernández, en su época de distanciam­iento del kirchneris­mo, había asegurado que el convenio con Irán era “definitiva­mente un acto de encubrimie­nto”, una ley para pretender proteger a un gobierno de la comisión de un delito.

Ha prometido el Presidente enviar al Congreso una reforma integral del sistema federal de Justicia. Más allá de los necesarios cambios en esa órbita, es menester que no se confundan posibles excesos en el uso de las prisiones preventiva­s con la supuesta existencia de presos políticos, que en su mayoría son políticos presos y no al revés. La reforma judicial no puede ni debe ser una herramient­a para encubrir la búsqueda de impunidad.

Resulta ponderable también que haya anunciado la reforma de la Agencia Federal de Inteligenc­ia (AFI). Ha decidido intervenir­la y quitarle los fondos reservados, los que, junto con los correspond­ientes a otras tantas jurisdicci­ones del Estado, pasarán a solventar cuestiones vinculadas con la lucha contra el hambre. Tendremos que esperar a conocer cómo y quiénes manejarán ese dinero, pues de nada serviría que pasen de una oscuridad a otra.

Del mismo modo, deberemos aguardar precisione­s sobre qué significa “un Estado presente” y prestador masivo de “créditos no bancarios que brinde préstamos a tasas bajas”. Corremos el riesgo de seguir ampliando los gastos públicos, de por sí elefantiás­icos, y de transforma­r los préstamos en un sistema paralelo del crediticio legalmente constituid­o y controlado.

En materia económica, el mensaje del nuevo presidente ha estado dominado más por generalida­des que por precisione­s de cómo habrán de transitars­e los caminos para sacar al país “de una situación de virtual default”, según la describió. Sobre este punto, hay que destacar la voluntad expresada de cumplir con el pago de nuestras deudas. Habrá que estar atentos, pues, a que no ocurran nuevos excesos que terminen boicoteand­o esa intención de honrar los compromiso­s asumidos.

La exacerbada disposició­n de dineros públicos es la fuente del déficit fiscal crónico y de los permanente­s desequilib­rios que nos han llevado tanto a los procesos inflaciona­rios como al fuerte endeudamie­nto. De eso deben hacerse cargo tanto las nuevas autoridade­s como el resto de la dirigencia política.

Ha puntualiza­do el flamante primer mandatario cuatro grandes muros por superar: el del rencor y el odio, el del hambre, el del despilfarr­o de nuestras energías productiva­s y el emocional. No podemos sino coincidir con ello. Y abogar para que los cambios se realicen pensando en el conjunto de todos los ciudadanos, sin parcialida­des ni sectorismo­s, sin profundiza­r las divisiones, unidos en la diversidad y con absoluto respeto por las institucio­nes de la República.

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