Las muertes que entretienen a la política
Hace pocas semanas se publicó una excelente investigación de la periodista María O’Donnell sobre el secuestro y asesinato de Pedro E u genio Aramburu. Los hechos sucedieron hace 50 años e incluyeron el posterior secuestro del cadáver del expresidente de facto por parte del entonces novedoso grupo guerrillero Montoneros.
La referencia es útil ahora para establecer que la política argentina tiene una persistente vocación por la necrofilia, que podría remontarse a muchos años antes de los trágicos episodios que tuvieron como víctima a Aramburu. La desaparición del cadáver de Eva Perón durante casi 20 años, por ejemplo, es otra muestra de que los muertos son usados por la política de diferente forma. Hay más pruebas, sin duda, de que en la Argentina es escaso el respeto por la vida y por la muerte, pero sirven esos dos ejemplos emblemáticos para explicar muchas cosas que pasan ahora.
Ocurre ahora que los dos principales actores de la política argentina, la coalición peronista gobernante y la coalición opositora de Juntos por el Cambio, esgrimen dos muertes muy distintas para enrostrarse cuál de los dos grupos usó más y mejor la muerte de una persona para hacer política.
La polémica surgió tras el crimen de Fabián Gutiérrez, exsecretario privado de Cristina Kirchner, quien fue asesinado por cuestiones pasionales o económicas o por una mezcla de las dos, según los datos existentes hasta el momento.
El problema es que Gutiérrez no solo era un excolaborador muy estrecho de la actual vicepresidenta, sino también, y sobre todo, un imputado colaborador de la Justicia en la causa de los cuadernos de las coimas. Había dado su testimonio contra la expresidenta y su marido y había señalado que el entonces matrimonio presidencial hizo una fortuna cobrando sobornos. La Justicia le ofreció en su momento una custodia especial, pero Gutiérrez la rechazó. Seguramente de manera apresurada, Juntos por el Cambio difundió un comunicado señalando que el crimen de Gutiérrez tenía gravedad institucional y que su muerte debía ser investigada por la Justicia Federal.
En efecto, nada indica que la de Gutiérrez haya sido una muerte política. Pero el hecho desnudó dos cosas que, aunque no son una novedad, siguen provocando sorpresa en conocedores y novatos de la política. Una es la enorme fortuna personal que acumuló un secretario privado de una funcionaria pública, que fue siempre, a su vez, funcionario de la administración pública. No hay manera de explicar la arquitectura de semejante riqueza desde un puesto en un Estado quebrado como lo es desde hace muchos años el Estado argentino.
Gutiérrez tenía dos casas en El Calafate, uno de los lugares más caros del país; propiedades en zonas también caras de la provincia de Buenos Aires; autos importados y nacionales de muy alta gama, y grandes extensiones de terrenos en la vasta Patagonia. A pesar de que su condición de imputado colaborador podría atenuar su papel en la red de sobornos del matrimonio Kirchner, nadie pudo salvarlo de una investigación por lavado de dinero, que seguía en curso en el momento de su muerte. Nunca pudo explicar cómo consiguió el dinero necesario para comprar tantas propiedades y convertirse de pobre secretario en rico empresario.
La fama de los más cercanos colaboradores de los Kirchner de que son gente rica coloca a estos en la mira de especuladores, ladrones y asesinos. Muchos buscan alrededor de ellos el dinero supuestamente oculto. La causa de los cuadernos, la prolija investigación que llevó adelante el periodista Diego Cabot antes de entregarla a la Justicia, vuelve irremediablemente al redil de Cristina, aunque esta trata de borrarla permanentemente. Ella construyó un deseo y una realidad (volver al poder) al parecer solo para sacarse de encima las causas por corrupción que la incriminan. No pudo hasta ahora.
El otro hecho que extrañamente sorprende tras la muerte de Gutiérrez es la existencia de un Estado kirchnerista en Santa Cruz. Es noticia vieja, pero no deja de provocar pasmo ante cada evidencia. En rigor, kirchnerista es toda la elite santacruceña, ya sea la que forma parte del poder o la que actúa en sus márgenes. De hecho, hasta el abogado de la familia de la víctima tiene antecedentes como amigo de los Kirchner.
La noticia que más polémica provoca es la presencia de Natalia Mercado como fiscal de la causa por la muerte de Gutiérrez. Mercado es hija de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, y sobrina de Cristina Kirchner. Aunque procesal y formalmente no haya relación entre ella y el crimen aparentemente por motivos privados de Gutiérrez, lo cierto es que la persona asesinada era alguien que denunció a su tía por el cobro de sobornos. La política, más que el Código Penal, obliga a Natalia Mercado a excusarse de seguir en esa causa. Si existe la declamada certeza del kirchnerismo de que Gutiérrez murió en manos de asesinos comunes que buscaban dinero más que venganza, ¿para qué seguir expuesto a la crítica por la presencia de una fiscal tan cercana a la familia Kirchner?
Alberto Fernández calificó de “canallesca” la actitud de la oposición de Juntos por el Cambio. No tuvo en cuenta que en algún momento la necesitará, pero tampoco qué hicieron ellos cuando ocurrió la desaparición de Santiago Maldonado, un joven artesano que murió ahogado en el río Chubut. Maldonado había protagonizado un enfrentamiento con la Gendarmería porque participaba con otras personas del corte de una ruta en la Patagonia. Desapareció el 1º de agosto de 2017 y apareció muerto, bajo las aguas del río, el 17 de octubre. Estuvo desaparecido 77 días.
Durante ese tiempo, la oposición kirchnerista recurrió a la agencia de personas desaparecidas de las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos culpando al gobierno de Macri de la desaparición de Maldonado. Alberto Fernández habló de una “Argentina cansada de los abusos del poder”.
Cristina Kirchner participó de una misa en Merlo con una foto de Maldonado en sus manos con la pregunta “¿Dónde está Santiago?”. Su cara mostraba a una mujer en apariencias desolada. La acompañaban intendentes kirchneristas del conurbano bonaerense y otros dirigentes de su facción política. El actual jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, también posó con su familia en una foto reclamando por Maldonado.
Gran parte de la política contraria al gobierno de Macri, no solo el kirchnerismo, tenía la certeza de que Maldonado había sido secuestrado por la Gendarmería y asesinado. Esas expresiones de la política, que incluía a sectores kirchneristas, aseguraban que su cuerpo no aparecería nunca más.
El cadáver de Maldonado apareció pocos días antes de las elecciones legislativas de octubre de 2017, pero se le realizó la autopsia recién el viernes previo a los comicios. La primera noticia la dio el hermano de Santiago, Sergio Maldonado, quien confirmó que el cuerpo hallado en el río Chubut era el de su hermano.
Cerca de la medianoche de ese viernes en el que la política se erizó, el juez de la causa, Gustavo Lleral, que acompañó a la Capital el cadáver de Maldonado y asistió a la autopsia, anunció que en el cuerpo de la víctima no había signos de golpes ni de balazos. En efecto, los médicos forenses concluyeron en su informe que Maldonado había muerto “por ahogamiento por sumersión en el agua coadyuvado por la hipotermia”. Descartaron “la existencia de hematomas o tumores asociados a una muerte intencional”.
El kirchnerismo gobernante ahora usó hace tres años la muerte de Santiago Maldonado contra el entonces gobierno de Macri. Algunos dirigentes actuales del polo opositor de Juntos por el Cambio intuyeron demasiado temprano que el crimen de Fabián Gutiérrez fue una muerte política. No lo fue, hasta ahora al menos.
Sin embargo, queda por aclarar cómo Gutiérrez accedió a la riqueza que ostentaba y que, según los primeros datos de la investigación, le costó la vida. Y resta saber también si Natalia Mercado seguirá siendo la fiscal de la muerte de quien acusó a su tía de haberse enriquecido mientras gobernaba el país. Son preguntas incómodas, pero sus respuestas son imprescindibles. No están relacionadas con la muerte en sí de Fabián Gutiérrez, sino con las cosas que delató ese crimen inútil.
Nada indica que la muerte de Gutiérrez sea política, pero el hecho volvió a exponer dos aristas: la enorme fortuna del exsecretario y el Estado kirchnerista que rige en Santa Cruz
El kirchnerismo apeló a la ONU y la CIDH por Santiago Maldonado, culpando al gobierno de Mauricio Macri