El país debe pagar US$224 millones por el default de 2001
Casi 19 años después de que el entonces presidente Adolfo Rodríguez Saá anunciara la suspensión del pago de la deuda externa en medio de aplausos de todos los legisladores, la Argentina sigue pagando las consecuencias. La jueza Loretta Preska, del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, sentenció que el país debe pagar US$224,2 millones a dos fondos litigiosos (llamados holdouts) que no entraron en los canjes de reestructuración de 2005 y 2010 (con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, respectivamente) ni cerraron un acuerdo en 2016 con Mauricio Macri.
Los dos fondos son Attestor Master Value y Trinity Investments, a los cuales la Argentina les deberá pagar US$67,9 millones y US$156,3 millones, respectivamente. Al monto final de pago llegaron a través de un acuerdo entre los estudios de abogados que defienden al país y los fondos litigiosos, por lo cual no hay una instancia de apelación.
Sebastián Maril, director de Fin.Guru, comentó que estos dos fondos eran los que quedaban sin arreglar con mayor deuda nominal en su poder. “Después quedan puchitos de diferentes cantidades de inversores privados, que sumados podrían alcanzar otros US$300 millones”, explicó el economista.
En abril de 2016, a pocos meses de haber comenzado la gestión de Macri, el gobierno pagó US$9300 millones a parte de los holdouts que tenían todavía deuda en default de 2001. Para hacer frente a los primeros compromisos, se emitieron los famosos bonos Globales, que hoy el ministro de Economía, Martín Guzmán, busca reestructurar, junto con los títulos entregados en los canjes de 2005 y 2010. Eso permitió que el entonces juez Thomas Griesa, fallecido en 2017, levantara las medidas cautelares que impedían al país pagarles al resto de los bonistas y la Argentina salió del default. Además, se firmaron nuevos acuerdos que eliminaron juicios en Nueva York, lo que explica que el monto total pagado ascendiera luego a US$11.000 millones para 2019. Sin embargo, todavía quedaban demandas por bonos que tienen un valor nominal de menos de US$250 millones, entre ellos, los de Attestor Master Value y Trinity Investments.
Ayer, la vicepresidenta Cristina Kirchner se refirió a este fallo en Twitter al señalar que en su gobierno se logró acordar con el 93% de los acreedores y que “los medios hegemónicos instalaron que el macrismo lo había solucionado definitivamente cuando en 2016 pagaron a los fondos buitres”.