El Gobierno evitó hablar de Báez, pero criticó las prisiones preventivas
casa rosada. Los funcionarios nacionales no quisieron opinar públicamente del fallo a favor del empresario kirchnerista; recordaron la postura de Fernández
El Gobierno evitó ayer opinar sobre la situación particular de Lázaro Báez, el empresario emblema del kirchnerismo que fue beneficiado con la salida de prisión y arresto domiciliario. En el entorno de Alberto Fernández, de todas formas, apelaron a la argumentación jurídica que había brindado el Presidente durante su campaña electoral cuando se lo consultaba sobre los casos de corrupción: la persistencia de prisiones preventivas que consideraba “arbitrarias”.
“No opinamos del caso”, dijo un vocero del Presidente consultado por la nacion. Otros importantes funcionarios tampoco quisieron pronunciarse sobre el contenido de las causas de corrupción contra Báez –y aseguraron que ayer Fernández no emitió comentario durante su jornada de trabajo en la quinta de Olivos–, pero aludieron al uso de la prisión preventiva en este caso, más allá de la situación de la salud de Báez y la pandemia.
“Báez estuvo preso cuatro años, se vencieron todos los plazos para una prisión preventiva, que más allá de los tiempos es una medida muy excepcional, que no puede ser arbitraria; es algo que está en la ley argentina y en el Pacto de San José de Costa Rica”, dijo a la nacion un importante funcionario que les da seguimiento a los temas judiciales junto al Presidente. Y recordó: “Alberto (Fernández) nunca dice que alguien es inocente o culpable, lo que dice es que la prisión preventiva tiene que ser una herramienta muy excepcional”.
“Acá de lo que se trata es de respetar el Estado de Derecho, más allá de la simpatía o antipatía de las personas involucradas. Vale para todos los casos de corrupción de cualquier gobierno: de este, del macrista o del kirchnerista. Lo que no puede haber es una Justicia que se mueva en función del clima político”, agregó el mismo funcionario.
Otro ministro resaltó en diálogo con la nacion : “Báez estuvo en prisión cuatro años sin sentencia”.
Los funcionarios nacionales, de todas formas, prefirieron mantener sus opiniones fuera de la luz pública.
El Tribunal Federal Oral 4 dispuso que Báez, detenido con prisión preventiva hace más de cuatro años, deje la cárcel, previo pago de una fianza de 632,5 millones de pesos.
El tribunal resolvió excarcelar al empresario santacruceño luego de que se pronunciara la Cámara Federal de Casación en un fallo firmado por Mariano Borinsky y Javier Carbajo, en el que manifestaron que ninguna de las partes acusadoras en el proceso pidieron que Báez siguiera preso .
Esto es así porque el fiscal ante el TOF Nº4, Abel Córdoba, había aceptado un planteo de la defensa del empresario –que pidió que la Justicia excarcele o morigere su prisión– al entender que “la consideración conjunta de los plazos de detención de Báez, por el grado de afectación de los derechos individuales que implica, eclipsa de manera irreparable cualquier intento del Estado de fundar la continuidad de su encierro”.
Además, la Casación argumentó porque la otra parte acusadora, la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado autónomo que depende del Poder Ejecutivo, se ausentó a la audiencia en la que se abordó este tema. La ausencia contrastó con la postura activa que había mostrado en el gobierno anterior.