La Justicia intimó a la AFIP para que defina si acordará con Oil
deuda. Tiene que resolver si acepta la propuesta de la empresa petrolera
La Justicia intimó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para que precise qué decisión adoptó o adoptará frente a Oil Combustibles, la petrolera de Cristóbal López y Fabián de Sousa, y su intento de llegar a un acuerdo por los miles de millones de pesos que le adeuda en impuestos.
La jueza en lo contencioso administrativo federal Valeria Pérez Casado le dio cinco días a la AFIP para que le informe si ya accedió o planea acceder al pedido de “avenimiento” que le presentó Oil Combustibles en enero pasado que le permita levantar su quiebra, al mismo tiempo que respete los “intereses” del organismo tributario y los “derechos de los contribuyentes”.
Transcurridos casi seis meses, el pedido de la petrolera por un avenimiento, quedó en un terreno incierto. Entre otros motivos, por la irrupción de la pandemia y la cuarentena obligatoria, como así también por el extravío del legajo original de la AFIP en el expediente de la quiebra y la feria tribunalicia.
Ahora, el objetivo de la jueza, según explicó en su última resolución, es “avanzar con el proceso falencial, a fin de alcanzar la conclusión mixta propuesta por la fallida, o continuar con la liquidación y distribución de bienes en los términos legales”. Por eso, “lo que no es posible amparar es la parálisis de las actuaciones a la espera del levantamiento del aislamiento cuando de momento resulta desconocido”.
¿Qué se sabe sobre el pedido que presentó Oil ante la AFIP para buscar un acuerdo que abarque al 100% de sus deudas tributarias, aduaneras y previsionales? Que el 9 de marzo recibió un primer rechazo y cuatro días después sumó otro traspié. Uno de los abogados de López y De Sousa apeló esa decisión y desde ahí se desconoce qué ocurrió.
El 9 de marzo, los técnicos de la División Cobranzas Judiciales y Sumarios de la AFIP sostuvieron que Oil Combustible le adeuda al fisco al menos $6739,4 millones en un proceso y $1507,7 millones en otro –es decir, más de $8247,1 millones-, mientras que otros $3548,4 millones están en discusión, lo que podría elevar la deuda de López y De Sousa a casi $11.800 millones, entre capital e intereses.
Los técnicos también detallaron que la AFIP ya rechazó un planteo similar de Oil en 2018 –decisión que fue notificada y quedó firme en junio de ese año–, y que ese rechazo se basó en una resolución de 2014 que veda otorgar planes de pago a los contribuyentes que afronten un juicio oral por delitos vinculados a obligaciones tributarias.
En el organismo aclararon que dos resoluciones internas de la AFIP, de 2014 y 2016, precisaron que la restricción afecta a las personas físicas y a personas jurídicas cuando el directivo acusado “haya actuado en nombre de la persona jurídica”, lo que ocurriría con Oil Combustibles. Por ese motivo, completaron, “es opinión de este servicio jurídico” que existen “las condiciones para rechazar la solicitud de acogimiento al plan de facilidades de pago a la contribuyente Oil Combustibles a efectos de cancelar las deudas tributarias”
Cuatro días después, el Departamento Legal Grandes Contribuyentes Nacionales compartió la opinión jurídica y sostuvo que hay “causal subjetiva de exclusión [para acceder a un plan de facilidades de pago] en la que encuadra la situación de la contribuyente”, en alusión a Oil.
El pedido de Oil
Notificado, el abogado de la petrolera, Eduardo Fabier Dubois, presentó un escrito para “redargüir” ese dictamen. Pidió que se acepte el pedido de avenimiento y argumentó que los técnicos del organismo se apoyaron en “una interpretación errónea de la normativa aplicable y es contrario a derechos y garantías constitucionales”, además de violar los principios “de igualdad, “de legalidad fiscal” y de “inocencia”.
La presentación de su escrito con fecha 18 de marzo pasado, explicó Fabier Dubois, “es la última noticia que esta parte ha tenido del expediente” administrativo. Desde entonces, dijo, “la AFIP se encuentra en feria fiscal”, la que se extendió mediante varias prórrogas hasta el 17 de este mes.
Con esa información en sus manos, la jueza Pérez Casado ahora dio cinco días a la AFIP para que le informe si adoptó alguna resolución tras el pedido de Oil y, si su expediente administrativo se encuentra inactivo, “indique si hay posibilidad de reactivarlo” para tomar una decisión definitiva.