El crimen de Fabián Gutiérrez y el derecho a la sospecha

El brutal homicidio de Fabián Gutiérrez, exsecretario de Néstor y Cristina Kirchner, ha conmocionado a la sociedad y desatado no pocos interrogantes acerca de los cuales podrían aportar interesantes elementos quienes, desde el oficialismo, critican a aquellos que exhiben sospechas sobre los pormenores que rodearon este asesinato.

Desde luego que la tarea del juez a cargo de la causa, caratulada como “homicidio agravado por alevosía”, es esclarecer el crimen, determinar sus autores y su móvil, antes que investigar a la víctima.

Pero el obsceno enriquecimiento de quien fuera asistente de la actual vicepresidenta de la Nación y de su esposo, cuando ambos ejercieron sucesivamente la jefatura del Estado nacional, debería hallar al menos una explicación en aquellos que hoy se muestran molestos frente a las lógicas dudas y conjeturas que se manifiestan en la opinión pública.

Al igual que Daniel Muñoz, recordado secretario privado de Néstor Kirchner fallecido a raíz de una larga enfermedad en 2016, Gutiérrez amasó a lo largo de los años en que prestó servicios a los dos presidentes de la Nación una fortuna tan grande como injustificable. Más de treinta propiedades inmuebles, incluyendo una suntuosa mansión fortificada en El Calafate; una veintena de automóviles de alta gama o de lujo, tres embarcaciones y un gran número de negocios que abarcaban distintas actividades formaban parte de su patrimonio personal. Se trata de una fortuna que no pudo haber construido con su sueldo como secretario privado de la Presidencia de la Nación. Resulta llamativo, aunque no tanto si se tiene en cuenta que su caso es uno más entre tantos otros colaboradores o empresarios allegados a los Kirchner que se convirtieron en pocos años en millonarios, merced a oscuros negocios del poder.

Las autoridades de las tres agrupaciones partidarias que integran la coalición opositora Juntos por el Cambio emitieron una declaración en la cual calificaron al homicidio de Gutiérrez como “un crimen de extrema gravedad institucional” y solicitaron que, dada la “posible conexión” de su muerte con delitos federales, la investigación pasara a la Justicia Federal y que no hubiera familiares de la vicepresidenta de la Nación en el proceso, en obvia alusión a la fiscal Natalia Mercado, sobrina de Cristina Kirchner y hermana de Romina Mercado, procesada en las causas Hotesur y Los Sauces.

Mientras el presidente Alberto Fernández calificó esa declaración política como “canallesca”, el Instituto Patria, que orienta Cristina Kirchner y dirige el senador Oscar Parrilli, sostuvo que había en el comunicado de la fuerza opositora un “uso político” de un hecho policial que “pone de manifiesto su absoluto desprecio por la vida democrática”.

Tanto el primer mandatario como dirigentes kirchneristas que expresaron su queja ante las sospechas levantadas desde la oposición deberían comprender el derecho que le asiste a la sociedad argentina de dudar. Especialmente, porque la de Gutiérrez no es la primera muerte violenta o sospechosa que se produce en la historia política reciente.

El crimen de Gutiérrez cobra también especial importancia por haber sido el exsecretario de Cristina Kirchner un imputado colaborador en la causa de los cuadernos de las coimas. En su declaración como arrepentido, que sigue teniendo valor probatorio, dio detalles sobre los movimientos de bolsos y valijas con candado que terminaban en manos del matrimonio presidencial, al tiempo que brindó precisiones sobre un supuesto escondite en la casa de los Kirchner en El Calafate. Es probable que Gutiérrez, a quien se acusaba de encubrimiento, guardara mucho más secretos vinculados con la citada causa judicial, asociados con la recaudación ilegal de fondos que terminaban en lo más alto del poder político. Su muerte impedirá conocerlos.

Su asesinato, del mismo modo, puede ser leído como un mensaje mafioso a muchos arrepentidos ligados a la mencionada causa que tramita la Justicia y a otras potenciales personas que conozcan muchos secretos del poder kirchnerista, paradójicamente hoy a cargo de la protección de esos testigos.

Nadie está sugiriendo que Gutiérrez haya sido mandado a matar por un encargo político. Pero nadie puede descartar que su muerte y su sufrimiento previo, torturas incluidas, se expliquen por ajustes de cuentas o por el propósito de obtener un beneficio económico en el reparto de dinero o bienes malhabidos. La posibilidad de enfrentamientos entre testaferros, herederos y aspirantes a quedarse con una tajada del botín de la corrupción de la era kirchnerista no puede ser, en efecto, descartada.

Entretanto, lesiona el sentido común que representantes del oficialismo se ofendan ante las múltiples y lógicas sospechas que depara esta muerte y los eventuales pasos de la Justicia. Después de todo, son el resultado de la percepción general sobre la falta de independencia judicial que esos mismos sectores políticos ayudaron a sembrar.