En un nuevo round del juicio por YPF en Nueva York, quedó abierta una puerta para la defensa argentina
Las defensas de la Argentina y del estudio Burford plantearon diferentes pedidos de revisión de la causa; la jueza definirá en los próximos días
NUEVA YORK.– Nuevo round en el multimillonario juicio por la expropiación de YPF. La pandemia del coronavirus obligó a un cambio en la locación: sin gritos cara a cara como en la última edición, los representantes de la petrolera y el Estado argentino se cruzaron en una comunicación telefónica con el bufete Burford Capital frente a la jueza Loretta Preska. Tras casi una hora de intercambios, la magistrada dejó abierta una puerta para la defensa argentina y anunció que definirá su estrategia en los próximos días.
La cita llegó dos semanas después de que ambas partes solicitaran realizar un proceso de discovery, un recurso legal de investigación que supone la recopilación de medidas probatorias como herramientas claves para comprobar la solidez de las respectivas posiciones. Pero los pedidos son diferentes. Mientras la defensa argentina aspira a que el proceso judicial se concentre en un expert discovery, es decir, en el análisis de expertos sobre leyes que rigen sobre el estatuto de YPF,Burford Capital pide un fact disco ver y: investigar
los daños económicos que les trajo a las empresas del Grupo Petersen la expropiación. En esta oportunidad, la magistrada escuchó las opiniones de las partes para definir con qué estrategia continuar.
Minutos antes de las 10 en Nueva York, casi treinta teléfonos estaban conectados a la audiencia telefónica. En oposición a la estrategia legal del último año, los representantes de Burford Capital ya no aspiran a cobrar de inmediato los US$3000 millones del resarcimiento inicial, piden una investigación que los conduzca a un monto ajustado a variables que podrían llevar el pago a una cifra cuatro veces más grande .
Por su parte, la estrategia de la defensa argentina busca iniciar una investigación vinculada a los aspectos contractuales del prospecto y del estatuto de YPF.
Mark Hansen, letrado del estudio Kellogg, Hansen, Todd, Figel & Frederick, que representa a Burford Capital, arremetió con dureza contra los letrados argentinos y condenó que el juicio haya alcanzado cinco años de extensión. “La Argentina está jugando al ‘Día de la Marmota’”, dijo, ofuscado. La defensa argentina solicitó a Hansen que dejara de ignorar la realidad, pidió que cortara el uso de hipérboles y pidió que aceptara que el país no se niega a avanzar. Según los letrados que representan al país y a YPF, la propuesta de los demandantes simplemente no es factible en tiempos de pandemia.
Ni una ni dos ni tres. Cuatro veces pidió Hansen que la Corte “pusiera una correa corta sobre las partes” para presentar a tiempo la evidencia. Cansada del uso recurrente de esas palabras, Preska pidió al letrado que parara con esa analogía.
La pandemia del coronavirus y los límites que presenta fue parte de la estrategia de la defensa argentina para refutar el planteo de los litigantes. “No podemos siquiera mandar abogados a la Argentina porque las fronteras están cerradas; además, todos los archivos previos a 2016 no son de acceso digital”, explicaron.
“No culpemos a la pandemia de Covid-19 por la imposibilidad de hacer discovery”, dijo Hansen, y añadió: “La Argentina siempre busca demorar todos los juicios que enfrenta en esta Corte”. Los dichos del abogado provocaron que Preska dijera: “Hay argumentos que ha dado la Argentina que yo todavía no he analizado ni dado mi opinión”.
Al grano y sin vueltas, después de casi una hora en conferencia telefónica, Preska anunció que pasaría a tener una charla privada con las partes, y concluyó: “Esperen mi orden para los próximos días”. Este medio intentó comunicarse con Burford Capital, pero en la firma rechazaron hacer comentarios al respecto.
El origen del conflicto
Ocho años atrás, en el gobierno de Cristina Kirchner, el Estado tomó control de YPF tras aprobar el Congreso la expropiación del 51% de las acciones de la española Repsol YPF, que en ese entonces era accionista mayoritario de la petrolera. Se pagaron US$5371 millones, pero los otros socios de la compañía (Petersen, entre otros) no recibieron una oferta para vender el resto de las acciones al Estado, a la vez que se les prohibió recibir dividendos por un tiempo. Petersen argumenta que esto provocó la caída del valor de sus acciones, por lo que inició el reclamo de unos US$3000 millones.
En 2015, Burford –el megabufete caracterizado por la compra de derechos a juicios por pocas sumas de dinero con la expectativa de ganar mucho– adquirió en España la posibilidad de demandar a la Argentina por la quiebra de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía (compañías controladas por la familia Eskenazi), que al momento de la estatización poseían un 25% de las acciones de YPF. En marzo de 2016 Burford Capital presentó la demanda ante la Justicia norteamericana.
Los representantes legales de la Argentina intentaron trasladar la causa a los tribunales porteños en múltiples oportunidades, pero sus pedidos fueron rechazados.