LA NACION

La Corte define una disputa millonaria entre las tabacalera­s

El tribunal tiene un juicio por un impuesto que algunas pymes no pagan; hay $47.000 millones de recaudació­n en juego

- Diego Cabot

Las tabacalera­s llevaron a la Corte Suprema un juicio de nueve ceros. Por estos días, en los escritorio­s del máximo tribunal se define un proceso que definirá si la AFIP podrá empezar a recaudar o no alrededor de

$40.000 millones por año, que, por ahora, ve pasar de largo.

La historia no es nueva y enfrenta a las grandes tabacalera­s (Massalin Particular­es y British American Tobacco) con las locales. Algunas, pequeñas; otra, Tabacalera Sarandí –que tiene un acuerdo con Imperial Tobacco–, ya tan grande como la inglesa que en el país opera como Nobleza Piccardo.

La historia se puede resumir en un impuesto que unas pagan, las extranjera­s,y otras, las locales, no. el punto es el siguiente. Massalin y la ex-nobleza incorporan en sus precios el impuesto a los cigarrillo­s, que actualment­e es de 68,56 pesos por cada paquete, alrededor de 55% del precio total, que, según las marcas, oscila entre 130 y 150 pesos. Pero gracias a varios amparos y recursos interpuest­os en la Justicia Contencios­o Administra­tiva, la tercera en el juego, Tabacalera Sarandí, no paga ese impuesto.

En la práctica sucede que las marcas internacio­nales calculan el precio de sus cigarrillo­s con este tributo dentro de su costo, por lo que lleva el paquete a cerca de $140, y las beneficiad­as por este amparo, al no pagarlo, pueden poner su producto a 70 pesos en el quiosco. La mitad.

La historia de ese impuesto mínimo se remonta a 2004. El entonces presidente, Néstor Kirchner, y su jefe de Gabinete, Alberto Fernández, firmaron el llamado “Convenio para mejorar la recaudació­n y evitar la evasión en el mercado de los cigarrillo­s”. En

2008, ya con Cristina Kirchner en el poder, envió un proyecto al Congreso para darle carácter de ley al impuesto. Se aprobó mediante la ley 26.467. En

2017, en la reforma tributaria de Mauricio Macri, se modificó el cálculo y se determinó que el gravamen era fijo y se ajustaba por inflación.

La norma estableció que después de pagar ese impuesto mínimo, una manera de desincenti­var el consumo de tabaco, se deberían calcular los otros. Pero una de las por entonces pequeñas, Tabacalera Sarandí, que tenía en 2016 alrededor de 2% del mercado, recurrió a la Justicia y logró que la eximan del pago. Los argumentos de la tabacalera recorrían varias líneas. Pero, básicament­e, considerab­an que las pymes no podían competir con las grandes.

De esta manera, mientras las extranjera­s ofrecen sus marcas más conocidas, como Marlboro o Philips Morris, a entre 120 y 140 pesos, Tabacalera Sarandí tiene un producto estrella, Red Point, a 70 pesos.

La diferencia en la tributació­n impositiva ya generó diversas consecuenc­ias en el mercado.

Obviamente, competir a mitad de precio llevó a que la empresa que tiene su sede en la zona sur del Gran Buenos Aires obtuviera ciertas ventajas y la participac­ión del mercado creció a cerca de entre 15 y 20%. “No es tanto, estará entre 10 y 12%”, contó una fuente cercana a los dueños de la estrella del tabaco local, Red Point. En las extranjera­s juran que ya es cercana al 25%.

“Es una pelea entre malos”, se sinceraron, casualment­e, en los dos sectores empresario­s. Claro, son impuestos que se deben recaudar con los cigarrillo­s. La implementa­ción del gravamen tiene que ver con políticas de desaliento a los fumadores. En medio de esta pelea entre grandes y más chicos está la AFIP. Al organismo le interesa que ese impuesto se vuelva a recaudar. Cálculos que manejan las propias tabacalera­s dicen que se recolectar­ían alrededor de $47.000 millones adicionale­s. En épocas de caja seca, semejante cifra seduce a muchos.

Tabacalera Sarandí comerciali­za, además del popular RedPoint, Nev ad a–uruguaya–y West, una marcase vende en función de un acuerdo con Imperial Tobacco, otra empresa inglesa, que es la cuarta en el mundo. Es decir, estas dos marcas extranjera­s tampoco pagan ese impuesto. Los argumentos que la Justicia aceptó se basan en que la competenci­a con las grandes es imposible si se incluye ese pago. Las pequeñas tabacalera­s dicen que sin poder hacer publicidad–lo tienen sus productos. sin el impuesto, el diferencia les grande.

Las extranjera­s dicen que la desigualda­d impositiva les quita mercado y que ahora son ellas las que no pueden competir. Será la Corte la que definirá qué tan iguales ante la ley son unos y otros. Y si la recaudació­n impositiva, maltrecha, sumará $40.000 millones.

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