Un hito para una Justicia incapaz de condenar
La Corte Suprema, con fallos de una carilla, puso fin ayer al proceso que investiga una de las mayores tragedias del país. Cuatro años y ocho meses después de la sentencia, las primeras condenas por las muertes de Once quedaron firmes. Se trata de todo un hito para una Justicia que tiene muchas dificultades para cerrar las causas y dictar condenas definitivas; sobre todo, cuando se investiga al poder.
En este caso, los condenados abandonaron hace años la centralidad política y en la Corte no llovieron pedidos por ellos, pero no deja de ser esta una sentencia definitiva en un caso de corrupción kirchnerista. El fallo es, además, la primera decisión de trascendencia política que la Corte puede exhibir en mucho tiempo. Atravesada por internas, tiene problemas para formar mayorías y resolver. Todo esto quedó a la vista esta semana cuando, con un método extremo para empujar la toma de una decisión, el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, les envió a sus colegas, después de un acuerdo en el que se habían visto las caras durante más de una hora por Zoom, un mail poniendo fecha de tratamiento para el caso de los jueces trasladados Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli.
Haber sacado el caso Once –dijo hoy un funcionario de la Corte– ayuda a “descomprimir” la presión sobre el tribunal. Hasta ayer, el último fallo de relevancia política –y probablemente el único de este año– había sido la respuesta del tribunal al pedido de la vicepresidenta Cristina Kirchner para que le dijeran si era válido que el Senado sesionara por videoconferencia. La Corte rechazó el planteo por unanimidad, pero Elena Highton, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti dijeron que le correspondía al Senado, y no a la Justicia, interpretar su propio reglamento. Una derrota judicial que incluyó, al mismo tiempo, un triunfo para Cristina Kirchner.
En este contexto, es un éxito el rechazo de las quejas contra casi todas las condenas por la tragedia de Once. Aunque no haya sido más que la aplicación de “la plancha” del artículo 280, que le da a la Corte la chance, “según su sana discreción y por la sola invocación de esta norma”, de rechazar un recurso extraordinario.
El caso Once, sin embargo, está lejos de estar terminado. La condena de Ricardo Jaime fue devuelta ayer a la Casación para una nueva revisión. Por su pasado como funcionario del gobierno de Córdoba, junto con Jaime, Maqueda no intervino en el fallo de hoy. Maqueda fue ministro de Educación de la provincia; Jaime, su viceministro. Se excusa en todos los casos vinculados con él..
Y resta definir la situación de Julio De Vido, que con una pena dictada en su contra de 5 años y 8 meses de cárcel, está libre. Aunque lleva casi dos años condenado, Casación no consiguió todavía celebrar la audiencia, tres veces postergada, necesaria para empezar a revisar su sentencia. Al caso de De Vido le queda un largo camino: después de Casación, viene la Corte.
La burocracia se combina con un sistema procesal que no ayuda y las instancias de revisión de los fallos se eternizan. Ni la Casación ni la Corte tienen plazos fijados por el Código para resolver. Advierte el constitucionalista Néstor Sagüés, en una columna publicada en la nacion, que es una “leyenda urbana” eso de que no tienen plazos, porque obtener una respuesta judicial en un plazo razonable está garantizado por normas de derecho internacional que son, en la Argentina, derecho “vigente y obligatorio”.
En la práctica, sin embargo, hay planteos que duermen por años. El ejemplo más extremo es Carlos Menem, que recibió, hace cuatro años, una pena de cuatro años y medio por hechos de hace 27 (la causa “sobresueldos”), pero no empezó a cumplir la pena porque está pendiente, desde hace más de un año y medio, un recurso en la Corte. El hecho de que la condena contra Menem no esté firme es el argumento que usa el Senado para no desaforarlo. Es la llamada “doctrina Pichetto”.
El fallo es, además, la primera decisión de trascendencia política que la Corte puede exhibir en mucho tiempo
Tampoco resolvió la Corte el recurso de queja de Amado Boudou contra su condena en el caso Ciccone (confirmada por Casación hace más de un año). La defensa de Boudou no apura una definición; pelea en primera instancia para que se invalide la declaración de Alejandro Vandenbroele contra el exvicepresidente. También adeuda la Corte la respuesta a los recursos presentados por Cristina Kirchner contra el avance del caso Vialidad, el único por el que está siendo juzgada.
En mayo del año pasado, la Corte dio un paso en falso: le pidió al tribunal que estaba a punto de empezar con el juicio que le mandara “urgente” los 29 cuerpos del expediente, porque iba a “examinar la causa” para resolver los recursos. El juicio estuvo muy cerca de no comenzar. La Corte no dijo nunca más una palabra del tema. Y el mismo silencio alcanza a un caso de indiscutible relevancia institucional. En 2015, la Cámara en lo Contencioso Administrativo declaró “inconstitucional” la actual composición del Consejo de la Magistratura de 13 miembros (composición que incrementó el poder del oficialismo de turno). Aquella reforma había sido impulsada por el kirchnerismo, que –todavía en el gobierno– recurrió la decisión de la Cámara. Pasó toda la gestión de Mauricio Macri, que nunca desistió del recurso del kirchnerismo, y la Corte nunca se pronunció.