Poner en marcha la doctrina R2P, la última esperanza de la oposición venezolana
Guaidó quiere que se aplique la llamada Responsabilidad para Proteger de la ONU
CARACAS.– El líder opositor Juan Guaidó lanzó ayer un SOS a la comunidad internacional con el pedido de puesta en marcha de la “responsabilidad de proteger” a los venezolanos, una doctrina multilateral que abarca desde las medidas humanitarias y pacíficas hasta las militares y que se pide ahora tras el demoledor informe de la Misión de Verificación de Hechos de las Naciones Unidas.
“Necesitamos acciones oportunas y decisivas por la vida”, clamó el presidente encargado en su llamado a los países de la ONU a través de una alocución extramuros de la 75ª Asamblea General, pero que contó con la presencia virtual de más de 40 representaciones. La Misión de la ONU, pendiente de renovación, ha certificado con su investigación los crímenes de lesa humanidad cometidos por el chavismo, una de las causas para aplicar la “responsabilidad de proteger” junto al genocidio, la depuración étnica y los crímenes de guerra.
Conocida como R2P, la doctrina Responsabilidad para Proteger es un compromiso político adoptado en 2005 por unanimidad de todos los miembros de la ONU en la Asamblea General, incluida Venezuela, y que contó con el impulso del entonces secretario general de la ONU Kofi Annan. “Las fronteras de los estados ya no deben ser vistas como un dique que otorga protección a los criminales de guerra o los asesinos en masas”, precisó entonces el líder africano.
La R2P se sostiene en tres pilares, que forman parte del debate interno de la oposición desde hace un par de años. El primero es la responsabilidad que cada estado tiene para proteger a sus ciudadanos y el segundo el exhorto de la comunidad internacional a un estado cuando observe y dictamine que no lo está haciendo.
En el tercer punto es donde se concentran todas las miradas desde el reclamo del presidente encargado venezolano, quien se dirigió directamente a Naciones Unidas: la adopción de medidas diplomáticas o coercitivas cuando un Estado no quiere o no puede proteger a su población
Ya existen varios precedente, recuerda el internacionalista Mariano de Alba para la nacion, como la mediación internacional ante la crisis en Kenia en 2007 ante los casos de violencia étnica y los casos de Costa de Marfil y Libia en 2011, cuando el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó operaciones militares para responder a la violencia y crisis política en esos países. Medios diplomáticos destacaban hoy el caso libio como uno de los obstáculos actuales para Guaidó, dado el “fracaso” allí ocurrido.
“En la República Centroafricana también se invocó el principio, primero con gestiones diplomáticas y luego con una autorización del Consejo de Seguridad a fuerzas de la Unión Africana y de Francia para que protegieran a la población y restauraran la seguridad en el país”, remacha De Alba.
“Para avanzar sobre el aspecto del tercer pilar de R2P, el uso de la fuerza, se requiere la resolución del Consejo de Seguridad, donde tienes el veto casi asegurado de China y Rusia. Así que en todo caso esto puede ser un ejercicio legitimador, si es que Estados Unidos tiene un interés en intervenir, cosa que dudo seriamente”, añade Andrei Serbin Pont, director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (Cries).
Luis Florido, diputado opositor cercano a Guaidó y uno de los miembros de la comisión negociadora en Santo Domingo antes de las presidenciales de 2018, precisó que la doctrina del R2P es “la prevención, no la intervención. La opción de la fuerza solo se toma en consideración en los casos donde la prevención no funciona. A mi juicio, en el caso venezolano un despliegue militar sería viable en el marco de la realización de elecciones libres”.
“En la práctica no cambia el hecho de que la intervención en Venezuela está condicionada por la voluntad política de la administración norteamericana, sea esta o la próxima”, concluye el analista internacional Serbin Pont.
Medidas
Tras constatar el agotamiento del diálogo y la programación de unas elecciones fraudulentas a la medida del chavismo, Guaidó busca con este movimiento “mayor presión diplomática y medidas multilaterales en respuesta a la situación en Venezuela. Esto puede abrir el espacio”, avizora De Alba.
“Maduro lleva siete años de contracción de la red de sustento internacional que le dejó Hugo Chávez . Esto es un paso más en la corrosión de esa red. Limita un poco más el margen de accionar de Maduro, pero es un margen que ya se ve fuertemente limitado”, sentencia Serbin Pont.
“La clave para que la comunidad internacional tome medidas o eventualmente intervenga no es el propio mecanismo, sino la voluntad política de los estados interesados”, concluye De Alba.