La Corte Suprema consultó a Casal por la quita de recursos a la Ciudad
El gobierno porteño intenta frenar en la Justicia la medida de Fernández
La Corte Suprema de Justicia dio los primeros pasos para tramitar la demanda que presentó el gobierno de la ciudad contra el gobierno nacional por el decreto de Alberto Fernández que dispuso descontarle 150 millones de pesos diarios de coparticipación federal.
Los jueces de la Corte enviaron la demanda de Horacio Rodríguez Larreta al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, para que dictamine sobre dos cuestiones: si se trata de un caso de competencia originaria del máximo tribunal y si corresponde dictar una medida cautelar, como pidió la Ciudad, para que cese el descuento de fondos de inmediato y que la Corte luego pueda dictar una sentencia de fondo sobre si es constitucional o no el decreto de Alberto Fernández.
El dictamen de Casal, el procurador interino que el kirchnerismo apuesta a remover, no es obligatorio para la Corte, sino solo una opinión.
Este caso obligaría a la Corte a tomar partido por el Gobierno o la oposición y es uno de los fallos de mayor trascendencia política que tiene entre manos. Activar el caso en este contexto, cuando la Corte debe además resolver sobre el traslado de los tres camaristas federales desplazados la semana pasada, es una señal de que el máximo tribunal no está paralizado.
Tan pronto se conoció la decisión del gobierno nacional de recortarle fondos a la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta anunció que llevaría el tema a la Corte Suprema.
No hay muchas dudas acerca de si el caso contra el decreto de Rodríguez Larreta es de competencia originaria de la Corte. El máximo tribunal ya falló en otros precedentes recientes en los que dijo que la ciudad se asimila a una provincia y por eso, cuando entra en conflicto con otras provincias o el gobierno nacional corresponde que intervenga directamente, sin necesidad de que el reclamo sea resuelto primero por un juez de primera instancia, la Cámara y luego la Corte.
En su demanda, la Ciudad le dijo a la Corte que en la Constitución “no existe justificación para la modificación unilateral por parte del Estado nacional del coeficiente de participación en la coparticipación de los estados locales”. El gobierno de Larreta afirmó: “Se requiere siempre el consenso, acuerdos o actos bilaterales para modificar el régimen y los porcentuales de coparticipación”.
Y señaló: “La legislación concluye que la transferencia de competencias en materia de seguridad no federales se debe llevar a cabo mediante la firma de acuerdos suscriptos entre el Estado nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, tal como sucedió, justamente, con la transferencia de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la ciudad de Buenos Aires”.
Los coeficientes sucesivamente asignados a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fueron siempre establecidos mediante actos bilaterales entre la Ciudad y el Estado nacional, destacó la Ciudad.
“En tanto no se sancione una nueva ley de coparticipación tal cual lo exige la Constitución, el Estado nacional no puede unilateralmente restar el porcentaje de coparticipación de la ciudad propio del federalismo previsto en la Carta Magna”, señaló el escrito.
El anuncio formulado por el Presidente de recortar un porcentaje del 1,18% de la coparticipación significa para la CABA, a valores de 2020, la pérdida de 36.000 millones de pesos. En paralelo, el Gobierno presentó un proyecto de ley para ampliar aun más la quita de recursos de la coparticipación federal a la ciudad.