Otros casos que terminaron en expulsiones o suspensiones

Julio De Vido es el último de una lista con más antecedentes

El último caso todavía parece fresco en la memoria: Julio De Vido, acusado de “indignidad” por Cambiemos, fue desaforado el 25 de octubre de 2017, ante una Cámara de Diputados dividida por la decisión del kirchnerismo de no acompañar la sesión. Pero el primer caso se dio hace 167 años, cuando Pedro Ferré fue borrado de la lista de integrantes del Congreso General Constituyente.

Entre uno y otro extremo hay un abismo, no solo temporal: el otrora poderoso ministro de Planificación Federal fue desaforado por las acusaciones que pesaban en su contra en dos expedientes judiciales, mientras que el catamarqueño Ferré, elegido para integrar la Convención Constituyente de 1853, se había negado a continuar en funciones cuando la Convención se constituyó como cuerpo estable, como Congreso General. Por eso fue borrado de la lista por sus pares.

Desde el retorno de la democracia, varios casos captaron la atención de la agenda pública. Uno de los más recordados ocurrió en 1991, cuando al entonces diputado Ángel Luque (PJ) se lo removió de la Cámara baja por sus polémicas declaraciones respecto del crimen de María Soledad Morales, en Catamarca. Luque había dicho que si su hijo Guillermo hubiera asesinado a la joven, el cadáver no habría aparecido.

Más recientemente, Norma Godoy fue expulsada en 2002, también de la Cámara baja, por haber amenazado a dos periodistas en un programa televisivo de investigación. “Ustedes se merecen que les den dos itakazos”, se despachó la desbocada diputada peronista. Sus pares del PJ, al igual que con Luque, le bajaron el pulgar.

El tercer caso fue una suspensión y tuvo un final completamente distinto. Tras pasar 28 meses fuera del Senado, el exgobernador cordobés Eduardo César Angeloz fue recibido con honores en la Cámara alta, luego de la absolución que le otorgó la Justicia cordobesa en una causa por enriquecimiento ilícito.

Durante 2000, tras el escándalo que se desató por el arrepentido Mario Pontaquarto, que reconoció ante la Justicia haber cobrado dinero para aprobar la ley de flexibilización laboral, el entonces vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez pidió un “desafuero colectivo”, para que todos los involucrados se sometieran a la investigación. Sin embargo, no fue aceptada la petición y Álvarez renunció a su cargo, generando el primer gran golpe al gobierno de Fernando de la Rúa.